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La fiscalía de Múnich investiga al consejero delegado de Audi por fraude en el ‘dieselgate’

Rupert Stadler, máximo responsable de la marca que pertenece al grupo Volkswagen, y otro miembro de la junta ejecutiva, están acusados de fraude y falsificación

Rupert Stadler, consejero delegado de Audi, en mayo
Rupert Stadler, consejero delegado de Audi, en mayo AFP

Audi, el fabricante de automóviles de alta gama alemán y filial de Volkswagen, se situó en el centro del huracán del caso dieselgate, cuando la fiscalía de Múnich anunció que había iniciado una investigación en contra de Rupert Stadler, el máximo responsable de la firma que tiene su sede en Ingolstadt y otro miembro de la junta ejecutiva, a quienes acusa de haber cometido los delitos de fraude y falsificación de documentos. La fiscalía también anunció que había llevado a cabo sendos registros en los domicilios privados de Stadtler y del otro miembro de la junta ejecutiva, a quien no identificó, para recabar documentación sobre la manipulación que podría haber llevado a cabo Audi en sus vehículos de motores diésel.

La decisión de la fiscalía obligó a Audi ha señalar que la empresa estaba cooperando con la justicia alemana, pero Volkswagen evitó hacer comentarios sobre el registro y las acusaciones que ahora pueden poner fin a la carrera del máximo ejecutivo de Audi. El anuncio de la investigación fue dado a conocer después de que la semana pasada, la Oficina Federal de Vehículos a Motor (KBA) de Alemania, obligara a Audi a revisar los modelos A6 y A7 con motor diésel de tres litros y paralizara la venta de nuevos vehículos de este modelo por contar con un dispositivo ilegal para manipular las emisiones de gases contaminantes.

La KBA anunció a principios de mayo que había abierto una investigación a este respecto y Audi reconoció "incidentes" que habían llevado a la suspensión temporal de la entrega de los vehículos fabricados a los concesionarios. Según informó el semanario Der Spiegel se trata de un nuevo software, distinto al que ya se había descubierto en diferentes modelos diésel del grupo Volkswagen dentro del escándalo de la manipulación de emisiones que se destapó en 2015, una certeza que había convencido a la fiscalía de Múnich a llevar a cabo un registro de varios inmuebles de ex ejecutivos.

Audi, que es la marca que más contribuye a las ganancias de Volkswagen, ya había admitido en noviembre de 2015 que sus motores diésel V6 de 3.0 litros estaban equipados con un dispositivo considerado ilegal en Estados Unidos que permitía que los automóviles sobrepasaran los límites de emisiones.

Desde el 30 de mayo de 2018, el presidente de la Junta Ejecutiva de Audi AG, el profesor Rupert Stadler y otro miembro de la Junta Ejecutiva eran sospechosos. Se les investigaba por fraude y falsificación indirecta. Según el comunicado que dio a conocer este lunes la fiscalía de Múnich, "cada uno de ellos está acusado de fraude y falsificación indirecta de certificados. Esto se relaciona con la puesta en circulación de vehículos diésel equipados con software manipulador de la gestión de emisiones en el mercado europeo". 

El comunicado de la fiscalía fue dado a conocer después de que el semanario alemán, Bild am Sonntag, informara que se descubrió que hasta un millón de autos de Daimler contenían dispositivos de emisiones ilegales, un descubrimiento que deja al desnudo el gran pecado capital de la industria automovilística alemana: trucar con tecnología las emisiones de gases tóxicos.

El fabricante de Mercedes obligado a retirar vehículos

El escándalo del dieselgate también afectó este lunes a Daimler, la firma que fabrica los emblemáticos coches Mercedes Benz. Después de una intensa investigación llevada a cabo por las autoridades, el ministro de Transporte, Andreas Scheuer anunció que unos 238.000 vehículos en Alemania debían ser retirados de la circulación por contener un software que ayudaba a reducir la emisión de gases tóxicos, La medida afecta a 774.000 coches en toda Europa.

Los modelos afectados son la furgoneta Vito así como un modelo del Mercedes C y una variante del todoterreno GLC. Según Scheuer, Daimler ha asegurado que cooperará con las autoridades aunque hay diferencias con respecto a si los sistemas de los motores responden o no a las exigencias legales. El ministro Scheuer dijo, sin embargo, que en caso necesario los tribunales deberán aclarar ese punto.