¿Es legal que los empresarios mexicanos orienten el voto de sus empleados?

La ofensiva de los empresarios mexicanos para evitar el voto a favor del candidato de Morena y líder en los sondeos, Andrés Manuel López Obrador, ha abierto el debate sobre la pertinencia de sus pronunciamientos. Las leyes mexicanas consideran la coacción para votar o no a un candidato como un delito. Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha catalogado los comentarios de los magnates como parte de su derecho a la libre expresión. Dos de los hombres más ricos de México han trasladado a sus empleados en los últimos días la conveniencia para votar por aquellos candidatos que conserven el mismo paso económico de los últimos años y asegurar, así, la viabilidad de las empresas en las que trabajan.

Por un lado, Germán Larrea, presidente de Grupo México y segundo hombre más rico del país, envió el martes una carta en la que alertaba a sus trabajadores contra el sufragio por “un modelo económico populista”. La misiva, en cuyos párrafos más polémicos no había menciones explícitas a López Obrador, fue enviada a empleados, accionistas y colaboradores del gigante empresarial. Alberto Baillères, presidente de Grupo Bal y el tercer magnate mexicano, citaba por su parte a reuniones en las que se invitaba a los empleados a votar el próximo 1 de julio por la opción con más posibilidades de derrotar al aspirante de Morena. Una apelación al voto útil a la que se han sumado los líderes de Aeoméxico, Femsa o Vasconia, entre otros, y que ha desatado importantes críticas.

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La situación no es nueva. En 2006, las cámaras empresariales también se pronunciaron en contra del propio López Obrador —entonces candidato del PRD— con anuncios en radio y televisión. Doce años después y ante un panorama que favorece al líder opositor, los empresarios han salido uno a uno a detallar sus opiniones, dirigiéndose directamente a quienes dependen económicamente de la buena marcha de sus negocios.

Dos textos legales mexicanos contemplan la coacción del voto como un delito: la Ley General en Materia de Delitos Electorales y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. La primera permite denunciar penalmente ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), mientras que la segunda sugiere un proceso administrativo ante el INE que puede resultar en una disculpa pública y una multa. En ambos casos, se permite a terceras personas —no implicadas— querellarse.

Los comentarios de los empresarios mexicanos se encuentran al límite de lo permitido: su opinión, a pesar de considerarse parte de su derecho a la libertad de expresión consagrado en la Constitución, se han vertido ante un grupo de subordinados por lo que podría ser interpretado como una presión o coacción al voto, según juristas y abogados consultados por EL PAÍS. "Aquí lo que estamos viendo no es solo la libre expresión de una opinión libre —en cuyo caso no habría ningún problema— sino la redacción previa de una carta que trata de infundir miedo. No es algo que hayan dicho de manera natural, sino que está preelaborado de manera intencionada", apunta César Astudillo, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en referencia directa al caso de Grupo México. "Es una línea de tensión muy compleja entre lo que se podría considerar delito y lo que no. En este punto, lo que habría que hacer es una llamada a la prudencia y a la autocontención, porque se trata de uno de los empresarios más poderosos del país, con miles de empleados a su cargo", señala.

"Es un tema complicado: los empresarios tienen derecho a opinar, como cualquier ciudadano, pero no a presionar a sus empleados. La situación está al filo de la navaja: no se les puede acusar de presión [a estos empresarios] a pesar de que claramente están tratando de presionar", opina María Marván, ex consejera presidenta del Instituto Federal Electoral (hoy INE). "Efectivamente, es una línea muy delgada", valora Armando Hernández, magistrado presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, al tiempo que subraya que su opinión es "estrictamente personal" y que "de ninguna manera" refleja algún tipo de posicionamiento de la institución a la que pertenece. "En cada caso en concreto", añade Hernández, "el INE tendría que ponderar si las declaraciones de los empresarios salen del margen de libertad que establece la libertad de expresión y más bien están generando presión o coacción en sus empleados".

La carta de Larrea está escrita en primera persona y recomienda a sus empleados tomar "medidas precautorias en el gasto familiar" para después del 1 de julio. "La circular no condiciona el voto directamente, solo lo sugiere y en ese caso sí me parece que los empresarios están ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. La misiva habla de populismo y eso puede involucrar a más de un candidato, no solo a López Obrador. Hay matices y siempre es una sugerencia y en un aspecto legal eso no cobra relevancia", explica Tonatiuh Ramírez, abogado especializado en materia electoral.

El factor que pone a los magnates bajo los reflectores es, por encima de todo, su condición de empleadores. Para David Rivera, abogado asociado de Accuracy Legal and Consulting, la relación de subordinación puede convertir a estos pronunciamientos en situaciones de coacción al voto. "Hasta ahora no ha habido intimidación, ya que nadie le ha dicho a los empleados que pueden perder su empleo si votan por un candidato", aclara el letrado. Sin embargo, Rivera considera que en el caso de Baillères, en el que los propios empleados han sido convocados a reuniones para hablar del tema, podría estarse excediendo la libertad de expresión. "No es una manifestación al público en general, a todos los mexicanos, es un mensaje dirigido a sus subordinados. Pero se tendría que demostrar que causó temor entre los empleados", señala.

Los expertos consultados coinciden que hasta ahora el INE ha valorado atinadamente la situación, al considerarlos mensajes dentro del derecho de libertad de expresión, pero que es su responsabilidad investigar las situaciones que puedan generar presión entre los mexicanos para votar. “En la práctica resultaría complicado limitar la libertad de expresión diciendo que las peticiones de los líderes empresariales a sus empleados generan presión o coacción cuando, al menos de lo que hemos visto en medios de comunicación, no se están realizando estas conductas para votar o no votar por un candidato determinado”, explica Armando Hernández, magistrado presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México.