Ya es otoño en El Corte Inglés

Dimas Gimeno, que en el momento de ser investido presidente tenía 40 años, apareció como el ejecutivo llamado a romper la dinámica de la casa después de casi 80 años de existencia. En su librillo aparecían tres retos: generar beneficios tras el impacto de la crisis, combinar las ventas tradicionales con las nuevas técnicas online para luchar contra la creciente competencia, y la internacionalización de la empresa, principalmente en Latinoamérica. Y, como paso culminante, la salida a Bolsa, que ya tenía en mente Isidoro. Primero tuvo que abordar, en vida de su tío y como director general, el saneamiento financiero con la refinanciación de una deuda de 3.700 millones, una emisión de bonos por 600 millones y la venta del 10% de la empresa al jeque catarí Hamad bin Jassim al Thani por 1.000 millones.

Un plan que, más o menos, había trazado su tío, y que implicaba el relevo generacional de la vieja guardia, formada sobre todo por Florencio Lasaga y Carlos Martínez Echevarría, gente coetánea y de confianza de Isidoro (e incluso del anterior presidente, Ramón Areces), que se opusieron a los planes. La oposición fue aún mayor de sus primas, que se habían incorporado al máximo órgano de administración de la empresa, así como al patronato de la Fundación Ramón Areces, principal accionista de la firma con el 37,39% del capital. Ellas, a través de la sociedad patrimonial Isidoro Álvarez SA (IASA), controlan el 22,18%, con lo que entre ambos accionistas poseen una mayoría suficiente de ECI.

Gimeno ya formaba parte del consejo de administración de ECI y de la Fundación desde 2009. En 2013 había sido nombrado consejero director general por decisión de su tío, que le hacía así su delfín. Había sido tutelado desde pequeño para gobernar el grupo, en el que trabajó como vendedor, luego estuvo en varios departamentos y participó en la apertura de los centros de Lisboa y Oporto antes de llegar a lo más alto. Pero se encontró que el testamento de su tío no dejaba claras algunas cosas, incluido su propio nombramiento, por lo que se especuló con la posibilidad de que fuera el expresidente de Ibercaja y de Endesa, Manuel Pizarro, al que Isidoro había fichado un año antes de su muerte, para luego dar el pase a Gimeno.

No hubo conflicto. Donde sí lo hubo fue en el nombramiento de presidente de la Fundación, lo que después ha sido clave en el devenir de la empresa y su actual disputa. Gimeno contaba con que se cumpliría la tradición y que, al igual que su tío y Areces, compartiría las dos presidencias, con lo que garantizaba la gobernabilidad de ECI. No fue así. Ni las hermanas Álvarez Guil ni Lasaga y Echevarría cedieron a sus propósitos. Solo Juan Hermoso, otro veterano que se había convertido en su lazarillo, le apoyó, además de su tío César y José Antonio Álvarez, antiguo accionista de la casa. Al final, una especie de solución salomónica llevó a Lasaga a la presidencia tras siete meses desierta.

Tras casi tres años de una travesía sin un rumbo claro, la Fundación, de la que se suponía que iba a mantener una posición neutral, tomó partido por el bando de las hermanas o en contra de Gimeno, que no es exactamente lo mismo. En ese periodo, además, Hermoso y Leopoldo del Nogal, sus únicos apoyos en el consejo, hartos de las guerras internas y superados, decidieron retirarse. Gimeno estaba cada vez más solo.

El estallido se produjo el pasado octubre, cuando el consejo de la empresa decidió retirar los poderes ejecutivos a Gimeno, nombrando a dos consejeros delegados (Víctor del Pozo y Jesús Nuño de la Rosa, hombres de la confianza de las hermanas Álvarez Guil) dejando la presidencia como testimonial. Gimeno lo recibió como una afrenta y desde entonces mantiene una actividad frenética, inhabitual en la empresa, en las que ha anunciado planes para luchar contra competidores online como Amazon, Alibaba o la propia Inditex, y dando, además, un golpe de efecto ante sus enemigas al contar con la presencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Fue como echar más leña al fuego. La actitud de Gimeno provocó una reacción airada. Entre otras cosas, que los cuatro consejeros ejecutivos de la empresa (los dos delegados y los dos veteranos) hayan pedido a Gimeno que convoque un consejo extraordinario para analizar su continuidad en el cargo. La petición se hizo a través del secretario, Antonio Hernández-Gil, pero Gimeno le exigió que se la diera por escrito. Fuentes del entorno de las hermanas sostienen, por el contrario, que no es necesario que se haga por esa vía. El viernes 11 de mayo le llegó el escrito, pero con una fecha equivocada y sin firmas, por lo que Gimeno volvió a pedir que se hiciera correctamente. En todo caso, una vez recibida formalmente, tendrá un plazo de 30 días para fijar el consejo. Al ser más de un tercio de los miembros el que lo pide, estará obligado a hacerlo. Esa cita se espera para junio, después del consejo ordinario que está previsto para el 30 de mayo para ver los datos del ejercicio.

Las posibilidades de seguir de Gimeno son pocas pero va a dar la batalla, aseguran fuentes conocedoras del grupo. A ello responde su viaje a Londres para reunirse con el jeque Al Thani, que en junio pasará a controlar el 12,5% de ECI (ahora en autocartera) como consecuencia de la conversión del préstamo de 1.000 millones de euros que concedió a la empresa en 2015. De acuerdo a esa operación, la valoración de la empresa es de 10.000 millones, una cantidad que una firma contratada por la Corporación Ceslar, propietaria del 9%, elevaba a 16.000 millones.

También responde a su ímpetu guerrero la reunión que recientemente mantuvo con Lasaga, quien no oculta su malestar y, según fuentes conocedoras, ha planteado un pacto. Para Gimeno, un cambio de actitud en la Fundación daría un vuelco absoluto, que no se vislumbra. Se ve abocado al consejo extraordinario y, finalmente, a la junta general de agosto, en la que la mayoría podrá desbancarle. En ese momento se plantearía su sustituto, para el que se han barajado el nombre de Pizarro y el de su prima Marta. En ese consejo también terminan mandato Lasaga y Echevarría, que pueden ser renovados y seguir en la Fundación de forma vitalicia.

El choque que ha llevado a esta situación tan irreconciliable radica en el reparto de la herencia, algo que Isidoro Álvarez no supo solucionar en vida o no se preocupó por hacerlo. Según un antiguo colaborador de Isidoro, nunca se le podría haber pasado por la cabeza que sus hijas iban tener tanto protagonismo y estarían peleando por el poder. Mientras vivió, estuvieron en la retaguardia, con puestos dentro de la organización; pero sin responsabilidad. Se las consideraba de perfil bajo, sin ínfulas.

Todo cambió a partir de su entrada en puestos de responsabilidad. Isidoro las conocía desde pequeñas, desde que ennovió con su madre, María José Guil, que se había quedado viuda de Alfonso Rey, conocido como Alfonso Camorra, que regentaba el mítico restaurante La Terraza del Riscal, en Madrid, un lugar que tuvo su esplendor durante el franquismo. El empresario repartió su sociedad patrimonial IASA entre ellas, sus hermanos y su sobrino Dimas, de manera que las dos hermanas suman el 69% (15% de ECI) y los otros tres, el 31% (7%, del que Gimeno tiene un 2,8%). La posibilidad de separar las participaciones, venderlas u obtener dividendos acabaría con los problemas. Ello allanaría el camino a un imprevisible pacto que supondría, además, que se retirasen las demandas interpuestas contra sus primas por su madre y su tío, María Antonia y César Álvarez.

El asunto no es baladí, ya que la rama de Gimeno se enfrenta a un pago de impuestos de sucesión a la Comunidad de Madrid al no ser beneficiarios en primera línea (es decir, padres, hijos y cónyuges). Por eso, las hijas apenas tuvieron que pagar; pero sí lo tienen que hacer el resto de herederos, en teoría por el 30% del valor. Eso llevó a negociar con la comunidad, que dio a Dimas un plazo de 10 años con cinco de carencia, y explica el retraso de las demandas. En el mejor de los casos tienen que pagar entre 17 y 23 millones de euros.

Esto es lo que ha derivado en las demandas de los hermanos de Isidoro contra sus sobrinas. Por un lado, reclaman la nulidad de la junta de IASA en la que se aprobó reducir el capital de 140 millones a 50.000 euros y de haberlo, supuestamente, desviado en beneficio propio. Además piden que se vuelva a la situación inicial alegando que se hizo antes de registrarse su presencia ante notario. Por otro lado, María Antonia ha interpuesto otra demanda en la que denuncia que la donación de su hermano se redujo de los 10 millones que ponía inicialmente el testamento a cinco. En el entorno de las hermanas se asegura que Martínez Echevarría, al que Isidoro Álvarez había confiado como albacea, aportó una carta del fallecido en la que reducía la cantidad. Asimismo, las acusa de haberse autocondonado un crédito de siete millones que habían recibido de IASA. Todo lo tendrán que dilucidar los tribunales.

En paralelo, Gimeno logró imponer que se investigara la actuación del departamento de seguridad de ECI, que se encargó a EY no sin polémica, ya que esta empresa es la que audita a ECI y además es la inquilina del edificio Torre Azca, propiedad de los grandes almacenes. La investigación parte de dos anónimos remitidos a Gimeno y Lasaga en octubre de 2017 y enero de este año en los que se cuenta una trama societaria dirigida por Juan Carlos Fernández-Cernuda Hidalgo, ahora jefe de Protección de Datos de la empresa, hombre cercano a Lasaga y en su día guardaespaldas de Isidoro. Es posible que los resultados iniciales estén listos para el próximo consejo.

La investigación se centra en los contratos recibidos por las empresas Mega 2 Seguridad y Mega 2 Servicios Integrales, de las que Cernuda es propietario directamente o a través de personas interpuestas, entre las que aparece el excomisario Joaquín Domingo Martorell y su madre, Clara María Concepción Hidalgo Iglesias. Estas dos sociedades, que han facturado cantidades millonarias a ECI pasando de 187.000 euros a 53 millones en 10 años, recibieron los contratos tras el incendio del edificio Windsor, a partir del que ECI rescindió el contrato con Prosegur. Esas sociedades fueron creadas ex profeso tras varios cambios accionariales quedando un 49% en manos de Martorell y un 51% en manos de Abisa, en un caso, y de Once SL, en otro, de las que la madre de Cernuda aparece como administradora única.

Abisa y Once fueron constituidas en 1970 y 1973, respectivamente, en Barcelona, con el negocio inmobiliario como razón social. En el camino ha habido cambios societarios y de administración, así como ampliaciones de capital. También aparecen otras firmas como Interlabora y Paneuropea Servicios Integrales, cuyo administrador único era Pedro María Chacón y que fueron adquiridas por Securitas por 16,7 y 27 millones. El círculo se cierra, según las denuncias anónimas, cuando otorgan poderes en Mega 2 Seguridad y Mega 2 Servicios Integrales a Chacón, ligado a los hermanos Cernuda y beneficiario de las ventas por 44 millones. El valor son los contratos con ECI. Los anónimos también dicen que Cernuda es el apoderado de algunas sociedades de las hermanas Álvarez Guil.