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Pulso familiar en las entrañas de El Corte Inglés

Dos frentes recrudecen el conflicto entre el presidente, Dimas Gimeno Álvarez, y sus primas, Marta y Cristina Álvarez Guill, hijas de Isidoro Álvarez

El Corte Ingles
Dimas Gimeno, presidente de El Corte Inglés, con Marta y Cristina Álvarez Guill, consejeras del grupo, en 2015. EL PAÍS

Tensión máxima en El Corte Inglés. Las diferencias entre los dos bandos familiares siguen creciendo. El pulso entre el presidente, Dimas Gimeno, y sus primas, Marta y Cristina Álvarez Guill, hijas de Isidoro Álvarez, se libra en dos campos. Por un lado, el judicial, con la existencia de tres demandas, y una cuarta en curso, interpuestas por César y María Antonia Álvarez, tío y madre de Dimas y hermanos de Isidoro, contra sus sobrinas. Por otro, con la auditoría que la empresa ha encargado a EY sobre el departamento de seguridad por el posible uso fraudulento del cargo por parte del responsable de la misma, Juan Carlos Fernández-Cernuda Hidalgo.

El 31 de mayo está prevista la vista de la demanda de César Álvarez (la de su hermana, aunque está admitida a trámite, todavía no tiene fecha). Pero antes, probablemente, se habrá celebrado consejo de administración de El Corte Inglés (ECI), en el que se espera que ya tengan los resultados de EY. Gimeno se ha quedado sin apoyos en el consejo.

Las hermanas Álvarez controlan IASA, que tiene un 22% del grupo

La pelea entre las hijas y el sobrino de Isidoro Álvarez comenzó prácticamente el día siguiente de que muriera el carismático empresario en septiembre de 2014. El sobrino ocupó la presidencia porque así era el deseo de su tío y sus dos hijas entraron en el consejo de la empresa y en la Fundación Ramón Areces, principal accionista de El Corte Inglés (ECI) con el 37,39%, como patronas. Asimismo, la participación del 22% en ECI, canalizada a través de IASA (Isidoro Álvarez SA) quedó dividida en tres partes: cada una de sus dos hijas heredó algo más de una tercera parte (el 69% entre las dos). El resto se dividió entre los dos hermanos de Isidoro, con un 2% cada uno, y su sobrino Dimas, con un 3%. En consecuencia, las hermanas tienen el control de esta firma patrimonial y junto a la Fundación superan con creces el 50% de los grandes almacenes. A su vez, Dimas y su familia, al estar en minoría, no pueden disponer de los dividendos que recibe IASA sin consentimiento de las dos hermanas, Marta y Cristina.

Demandas pendientes

Ahí germina el primer conflicto. César y María Antonia, hermanos de Isidoro, han interpuesto sendas demandas, que recayeron en los juzgados 7 y 1 de lo Mercantil de Madrid, respectivamente, en las que reclaman la nulidad de la junta de IASA en la que se aprobó reducir el capital de 121 millones a 50.000 euros. También piden que se vuelva a la situación inicial, alegando que no fueron convocados a la junta, que se hizo antes de registrarse ante notario la presencia de ellos y que la reducción de capital les perjudica, algo que tendrá que aclararse en los juzgados. Existe otra demanda, en este caso civil, de María Antonia, en la que reclama cinco millones. Según la demandante, Isidoro le había donado 10 millones, pero en el testamento definitivo se redujeron a cinco.

Las fuentes oficiales de El Corte Inglés han rechazado hacer comentarios al respecto. Sin embargo, en el entorno de las hermanas Marta y Cristina alegan que los albaceas de Isidoro Álvarez (el abogado Ramón Hermosilla; el secretario del consejo de ECI, Antonio Hernández-Gil, y el consejero Carlos Martínez Echevarría) recomendaron hacer la reducción y aseguran que el resto de socios de IASA lo firmó ante notario. Asimismo, afirman que existe una carta que adjuntó Echevarría en la que Isidoro rectifica su inicial donación pasando de 10 a cinco millones. También apuntan esas fuentes que en la herencia se incluyeron otros activos, como viviendas, que se quedaron los hermanos de Isidoro.

Gimeno se ha quedado casi sin apoyo en el consejo de la empresa

Esas fuentes se preguntan, además, por qué se ha esperado más de un año a presentar las demandas. A su juicio, se debe a que Gimeno ha perdido el poder, por un lado, y a que tanto este como su madre y su tío tienen que hacer frente al impuesto de sucesiones a la Comunidad de Madrid. Un pago que, en el mejor de los casos, estaría entre 17 y 21 millones. Las negociaciones con la Comunidad sobre el impuesto fueron las que retrasaron la presentación de las demandas, sostienen en el entorno de Gimeno.

El recorte de poder de este, que se produjo en el consejo de octubre pasado, fue el segundo intento de descabalgarle y no será el último, según esas fuentes, aunque las fuentes cercanas a las hermanas niegan que se le quiera echar. En ese consejo se nombraron dos consejeros delegados, Víctor del Pozo y Jesús Nuño de la Rosa, quedando él como presidente no ejecutivo. Hubo quien apostó entonces que Gimeno arrojaría la toalla; lejos de eso, comenzó una actividad más dinámica, en la que ha incluido la participación en actos públicos. Precisamente, en febrero las hermanas le acusaron de no dejar trabajar a los consejeros delegados y de utilizar su puesto para promocionarse, además de instigar en las demandas presentadas por su tío y madre, según las fuentes citadas.

Contratos investigados

En paralelo, Gimeno instó al consejo a que se abriera una investigación sobre el departamento de seguridad. Esta acción parte de un anónimo que llegó a Gimeno y a Florencio Lasaga, presidente de la Fundación Ramón Areces y consejero, en octubre y que fue completado por un segundo anónimo el pasado enero. Los escritos cuentan una trama dirigida, al parecer, por Cernuda (ahora jefe de Protección de Datos), así como contratos con firmas de seguridad y de sistemas de control de robos.

Hay tres demandas de César y María Antonia Álvarez contra sus sobrinas

Según fuentes conocedoras, el primer anónimo fue objeto de una investigación que se archivó. Pero se enredó al llegar el segundo anónimo. El caso es que, pese a que el consejo tenía dudas sobre la credibilidad de los documentos por tratarse de anónimos, ante la persistencia de Gimeno, la comisión de auditoría, que preside el consejero Manuel Pizarro, decidió encargar la investigación. La elección de EY, que es el auditor de ECI y arrendatario de la torre Windsor, propiedad de los grandes almacenes, fue puesta en cuestión por Gimeno.

Está previsto que los resultados de esta investigación estén listos este mes. La clave radica en los contratos recibidos por las empresas Mega 2 Seguridad y Mega 2 Servicios Integrales de ECI, así como otro con Segur Ibérica para servicios en ECI y su filial Hipercor. Según las acusaciones, Fernández-Cernuda —hombre de confianza de Lasaga y del propio Isidoro Álvarez, del que fue guardaespaldas— es propietario o accionista, directamente o a través de personas interpuestas, de algunas de esas empresas que se benefician de contratos con ECI, sobre todo desde que se rescindieron los de Prosegur tras el incendio del edificio Windsor, en 2005. Previamente a la constitución de esas empresas se produjo una serie de cambios entre diferentes sociedades, algunas de las cuales tenían como administradora única a la madre de Cernuda, Clara María Concepción Hidalgo Iglesias.

En cuanto a Segur Ibérica, el entorno de Gimeno se pregunta por qué pagó en 2011 una cantidad de 1,7 millones a una sociedad de matriz belga para obtener contratos de seguridad de ECI y no a ECI, y por qué en los documentos aparece un apoderado (Joaquín Domingo Martorell) y cuál es su relación con ECI.

A la espera de la junta de accionistas de agosto

M. Á. N.

Fuentes cercanas al conflicto familiar entre las hijas y los hermanos de Isidoro aventuran que el asunto no puede durar mucho tiempo en esta situación. Creen que acabará con la salida forzada del sobrino y presidente, Dimas Gimeno, en la junta de accionistas de agosto, ya que estará en franca minoría. Entre los accionistas está en duda la posición del jeque catarí Hamad Al Thani. En junio se cumple el plazo para que el préstamo que hizo de 1.000 millones se convierta en participación del 10%, que crecerá hasta el 12,25% por los intereses y que puede llegar hasta el 14% si se cumple el plan de negocio. El jeque, en cuya llegada participó Gimeno tras morir su tío, ha mantenido una posición neutra, aunque ha respaldado todas las decisiones. Del resto de accionistas, la familia García Miranda (9%) ha tomado hasta ahora posición con las hermanas Álvarez, mientras la familia Areces Galán (10%) está fuera del consejo. De los 12 patronos de la Fundación, Dimas solo tiene tres apoyos (el suyo, el de su tío César y el de José Antonio Álvarez). Los nueve restantes son, además de las hermanas Álvarez, Lasaga, Echevarría, Del Pozo, Nuño de la Rosa, Jorge Pont, Arsenio de la Vega y Paloma García Peña.

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