Jornadas de 84 horas semanales despiezando carne por apenas 1.200 euros mensuales
La Policía requisa 2.000 kilos de carne caducada y detiene a cuatro empresarios de una distribuidora cárnica de Mallorca
Jornadas laborales de sol a sol. 84 horas de trabajo a la semana por sueldos que no llegaban a los 1.200 euros con un día libre a la semana despiezando y transportando carne. Trabajadores que eran despedidos cuando cogían una baja por accidente o enfermedad y no tenían ni una semana de vacaciones al año. Es la situación que ha corroborado ante la Policía Nacional una veintena de trabajadores y exempleados de una empresa de distribución cárnica, Cárnicas Luis, ubicaba en el municipio mallorquín de Calviá y que ha llevado a la detención de cuatro personas, propietarias de la empresa y miembros todos ellos de la misma familia.
La Policía Nacional en colaboración con el servicio de inspección de Seguridad Alimentaria de la Consejería de Salud ha llevado a cabo la denominada "Operación Pork" contra alimentos caducados y en mal estado de conservación y la explotación laboral de trabajadores. Los agentes se han incautado de 2.000 kilogramos de carne caducada, alguna partida desde el año 2016, y de productos con el etiquetaje alterado o directamente falseado. Los arrestados, que han quedado en libertad con cargos tras declarar en la comisaría de la Policía de Palma, están acusados de presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores, contra la salud pública, falsedad y estafa.
La investigación arrancó el pasado mes de enero cuando un antiguo trabajador denunció a la empresa por explotación laboral. Los agentes encargados del asunto se pusieron en contacto con empleados en activo y otros trabajadores que habían dejado la cárnica hacía meses para recabar testimonios. "Una veintena de personas nos corroboraron los abusos laborales", afirma el inspector de la Policía Nacional, Gonzalo Calleja, encargado de dirigir la operación. Los relatos pasaban por jornadas maratonianas que llegaban a las 84 horas semanales por sueldos míseros de apenas 1.200 euros, sin pagas extraordinarias ni derecho a vacaciones.
Los propietarios de la distribuidora, todos miembros de la misma familia, despedían a los trabajadores cuando estos cogían una baja por accidentes ocurridos dentro de la propia empresa o por enfermedad. "Tenían mucha rotación de trabajadores y les vejaban también verbalmente", dice el inspector, que cree que los empresarios se aprovechaban de las cargas familiares e hipotecarias que soportaban muchos de los empleados, que también eran obligados a utilizar vehículos que no estaban homologados para el transporte del género.
Deficiencias higiénicas
El inspector Calleja afirma que los testimonios de los empleados dejaban entrever que la empresa llevaba a cabo prácticas poco higiénicas o directamente irregulares sobre los productos que posteriormente distribuían. Ante las sospechas de deficiencias, la Policía Nacional se puso en contacto con la Consejería de Salud, que había realizado cinco inspecciones en la nave de la empresa desde el mes de diciembre.
Durante esas cinco visitas, los inspectores de Salud Alimentaria constataron la distribución y elaboración de productos para los que carecían de autorización, como la carne despiezada o de hamburguesa. También se hallaron grandes cantidades de productos caducados y de carne tanto fresca como congelada sin ningún tipo de etiqueta, así como partidas con rótulos de proveedores eliminados o directamente falsificados. A raíz de estas inspecciones se decretó como medida cautelar la inmovilización de 2.000 kilos de género que tenían que destruir y la retirada de la máquina de vacío y de la etiquetadora.
A pesar de que la inspección sanitaria prohibió a la distribuidora continuar con parte de la actividad, la empresa siguió con estas prácticas. La operación conjunta de la Policía y la inspección sanitaria tuvo lugar este martes, cuando una decena de agentes acudió a la nave de la empresa en la sede del polígono de Son Bugadelles. "Se detectó nuevamente género caducado que encima estaba escondido en una nevera", afirma el inspector Calleja, que subraya que se encontró género caducado desde 2016. La operación contó con la colaboración de la Policía Local de Calviá que multó a seis de los nueve vehículos de la empresa porque tenían la ITV caducada.
La Policía Nacional también trata de averiguar si la empresa estafó a distintos clientes, entre los que había restaurantes y hoteles, por si vendieron productos de baja calidad como si fueran de alta. Los cuatro detenidos han quedado en libertad con cargos. La Policía Nacional enviará la información al juzgado para que inicie las diligencias penales por posibles delitos de estafa, contra los derechos de los trabajadores, contra la salud pública y falsedad documental.
