Casi cinco millones de personas, atrapadas entre la pobreza laboral y el paro

Ya hace cuatro años que España crea empleo. Y lo hace a un ritmo alto que le ha convertido en el alumno aventajado entre los países desarrollados y la Unión Europea. Pero las heridas de la crisis, que le convirtió en farolillo rojo durante años, todavía están abiertas y se ven con claridad en cifras: en 2017, casi 10 millones de personas estaban en el paro o la inactividad, aunque con disposición para trabajar, o sufrían la precariedad y/o pobreza en el trabajo. De ellos, cuatro millones tienen una alta probabilidad de continuar en esta situación dentro de un año, según un estudio de Fedea y Accenture.

Dentro de ese grupo de 10 millones de "personas vulnerables ante el empleo", la situación se agrava para 4,78 millones, que son los que viven en hogares con ingresos laborales bajos (el 60% de la mediana). El estudio, en el que también han participado entidades como la Fundación Once, Cruz Roja, Fundación Tomillo o la Fundación Foessa, detecta, además, que cuatro millones tienen una alta probabilidad de continuar en esta situación dentro de un año. Estos son los que el estudio califica de personas EVAE (Especialmente Vulnerables Ante el Empleo).

La mejora del mercado laboral se nota en que los tres colectivos han menguado ligeramente respecto del año anterior. No obstante, como afirma el comunicado de Accenture que divulga el estudio, "los beneficios de la recuperación económica y la creación de empleo están llegando de forma muy desigual". Con este argumento, señala las luces de alarma que ya han encendido en organismos como la Comisión Europea o el Fondo Monetario Internacional.

De los casi cinco millones de personas, la mayor parte se encuentran en paro (2,6 millones), mientras que 1,7 millones se encontrarían en situación de precariedad, definida como jóvenes de "16 a 24 años fuera del sistema educativo reglado o personas de 24 a 59 que no consiguen una retribución superior al salario mínimo interprofesional". El resto forman parte de un grupo que en la encuesta de población activa —una de las fuentes primarias del estudio— aparecen como inactivos aunque con disposición a incorporarse a un empleo si se lo ofrecieran pese a que ya no buscan porque no creen que vayan a encontrarlo o por otros motivos.

Por su parte, los cuatro millones de personas que tienen un alto riesgo de continuar atrapados en esta situación dentro de un año tienen otro problema grave: solo el 25% reciben algún tipo de ayuda o prestación o lo que es lo mismo, solo un millón de ellos.

Dentro de esos cuatro millones, no hay una edad predominante. En cambio, sí que hay un claro sesgo de género (el 57% son mujeres) y afecta mucho más a quienes solo han completado un nivel de estudios de Educación Secundaria Obligatoria o menos (el 60%).

Por regiones, las comunidades donde hay más afectados por la situación son Andalucía, con más de un millón, Comunidad Valenciana (286.000) y Cataluña (241.000). Les sigue de cerca Madrid (231.000). Estas cifras, no obstante, son lógicas dado el tamaño de estas regiones y su volumen de población.

Cuando se toman cifras relativas se aprecia que son Extremadura, Andalucía y Canarias las que tienen a más población afectada por esta situación. Lejos, aunque cerca del 15%, se encuentran la Comunidad Valenciana y Murcia.