Valencia se suma a la guerra contra los apartamentos turísticos

La Comunidad Valenciana se ha sumado a la guerra que las Administraciones mantienen contra la proliferación de los apartamentos turísticos. Las Cortes Valencianas pactaron ayer las enmiendas a la nueva Ley de Turismo que se aprobará antes del verano y concederá un amplísimo margen de maniobra a los Ayuntamientos para regular a su gusto y en función de sus necesidades una actividad que crece a velocidad vertiginosa. En la ciudad de Valencia, la entrada en vigor de la ley implicará que los nuevos pisos turísticos quedarán limitados prácticamente solo a los bajos y las primeras plantas.

Las batallas se libran en buena parte de la España turística. Empujadas por los problemas que el rápido desarrollo de las plataformas por Internet están generando en el mercado residencial de viviendas, con subidas en los precios de compra y alquiler, Ayuntamientos y comunidades están tomando medidas. Palma adoptó el mes pasado la más extrema al prohibir el alquiler de pisos a turistas. El Consistorio gobernando por PSOE, Més y Podem solo dejó fuera del veto a casas aisladas, chalés y entornos como el del aeropuerto y los polígonos industriales.

Barcelona, la ciudad con mayor oferta de pisos turísticos de España y donde los residentes están sufriendo más la reconversión de viviendas residenciales, cerró el año pasado en torno a un millar de pisos y ha impuesto a Airbnb y Homeaway multas de 600.000 euros. En toda Cataluña, la Generalitat ha recaudado cuatro millones de euros en sanciones a pisos turísticos desde 2012. La Comunidad de Madrid permitirá a las comunidades de vecinos prohibir el uso turístico de los edificios, y el Ayuntamiento de la capital quiere que a partir de 90 días de alquiler al año los propietarios de los apartamentos necesiten una licencia urbanística de uso terciario. Andalucía obliga desde 2016 a los dueños a registrar las viviendas en una base de datos y otras comunidades, desde el País Vasco a Canarias, han empezado a legislar la actividad.

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La vía elegida por la Comunidad Valenciana deja en manos de cada Ayuntamiento la regulación. Con la nueva ley, para poder inscribirse en el registro autonómico, que es obligatorio y en el que figuran 66.755 viviendas, los propietarios tendrán que obtener un "informe municipal de compatibilidad urbanística", según la enmienda acordada este martes por PSPV-PSOE, Compromís y Podemos.

El número de registro deberá aparecer en todas las ofertas publicadas por las plataformas de Internet. Y si estas rehúsan hacerlo, serán multadas. La Agencia Valenciana de Turismo ya ha sancionado con 30.000 euros a Airbnb, Homeaway y Rentalia. La nueva ley eleva las multas por incumplimientos reiterados a 600.000 euros. "Para ordenar el turismo son necesarios consensos y alianzas, pero también acabar con la sensación de impunidad. Las multas que teníamos hasta ahora no eran disuasorias ante las grandes compañías de alquiler online", afirma el director de la agencia y exalcalde del municipio turístico de Benicàssim, el socialista Francesc Colomer.

Con la entrada en vigor de la ley, para obtener el certificado en la ciudad de Valencia pasará a exigirse el cumplimiento del PGOU vigente, que no permite que una vivienda se destine a actividades terciarias —como el alquiler turístico— si tiene por debajo otras de uso residencial. Ello, según la teniente de alcalde y líder local del PSPV-PSOE, Sandra Gómez, significará que la mayoría de nuevas aperturas se verán limitadas a bajos y primeras plantas.

Los edificios dedicados íntegramente a apartamentos turísticos tienen su propia regulación, requieren una licencia similar a la hotelera y en el casco histórico —el distrito de Ciutat Vella— existe una moratoria que impide nuevas aperturas.

Valencia aprobará, además, planes especiales para zonas donde la actividad empieza a generar conflictividad social, como los distritos de Ciutat Vella y del Eixample, o que presentan una arquitectura particular, como El Cabanyal, donde muchas viviendas solo disponen de planta baja y un piso.

"Vamos a recuperar el control"

"Con la nueva normativa, los Ayuntamientos vamos a recuperar el control de los usos urbanísticos y en Valencia vamos a poner de entrada una barrera muy importante para que el fenómeno no vaya a más en el futuro", señala Gómez. Según los cálculos municipales, el 70% de los pisos turísticos de Valencia infringen la normativa del PGOU, cuyo cumplimiento se comprobará a partir de ahora antes de expedir el informe municipal necesario para acceder al registro autonómico. La concejal de Desarrollo Económico Sostenible descarta exigir el cumplimiento del Plan General a los pisos turísticos que ya están inscritos en el registro, un total de 4.441, para evitar generar "inseguridad jurídica".

La situación de Valencia, añade Gómez, donde según la patronal Hosbec existen 5.500 apartamentos de este tipo que ofrecen unas 20.000 plazas —los hoteles suman 16.200— está lejos de ser alarmante, salvo en algunos barrios. "Nuestro caso es muy diferente al de Palma, ellos son un destino de sol y playa y sí tienen un problema de saturación. Cada ciudad debe adaptar las medidas a su realidad".