Se busca gobernador del Banco de España

Con un anuncio de la vacante publicada en el semanario The Economist, el Banco de Inglaterra buscó en 2012 al mejor candidato para dirigir la entidad. Ni siquiera importó la nacionalidad. Se escogió a un canadiense. Como gobernador del Banco de Canadá, Mark Carney había gestionado con mano firme la mayor crisis financiera desde 1929. Y los británicos valoraron ese hito por encima de cualquier otra consideración. Antes del próximo 11 de junio, se decide quién sustituirá en el Banco de España a Luis Linde y Javier Alonso para los próximos seis años. Se busca gobernador y subgobernador para una institución que ha padecido en sus carnes una tremenda crisis financiera, un conflicto laboral interno y una sustancial pérdida de reputación, tanto dentro como en el extranjero. ¿Se usará un criterio de capacidad o se acabará con una componenda que no brinde los mejores perfiles?, se preguntan fuentes de dentro y fuera del organismo que hablan para EL PAÍS bajo la condición del anonimato.

Un comentario muy manido es que de todas formas importa poco. El Banco de España está capitidisminuido, ha perdido casi todos sus poderes a manos del Banco Central Europeo, y ya solo es un potente servicio de estudios desde el que propinar algún que otro tirón de orejas al Gobierno.

Sin embargo, el papel de la institución no solo consiste en advertir de los riesgos, proyectando las luces largas frente al habitual cortoplacismo de los gobiernos. En realidad, hay mucho más en juego: el hecho de que la política monetaria y la supervisión se decidan en Fráncfort no significa que el banco ya no pinte nada. Tan solo implica que su forma de trabajar ha cambiado, explican miembros de la institución. El próximo gobernador y subgobernador deben ser capaces de hacerse escuchar e influir en las decisiones. Ahora es más importante que nunca, dicen, designar a alguien que sepa conducirse por los cenáculos del BCE, que pueda defender de forma articulada y en inglés las posiciones de España.

Es decir, hace falta un gobernador experto en política monetaria con conocimientos de banca y un subgobernador ducho en supervisión bancaria, reclaman economistas y trabajadores del supervisor.

"El prestigio es esencial. Países de menor tamaño como Irlanda han influido de esta forma por encima de su peso. Fíjese en el gobernador irlandés, Philip Lane, con mucho predicamento en Fráncfort", señala un responsable del banco. A poco que se cuente con una figura de cierta reputación, la cuarta economía del euro se haría valer en las discusiones, subrayan personas que han trabajado en el BCE.

Y los debates de los próximos años no serán baladíes: la subida de tipos puede afectar bastante a la economía española, con mucha deuda a tipos variables. Por no hablar de la resolución de entidades como el Popular. En cuanto a la supervisión, aunque la decisión final resida en Fráncfort, los equipos y las actuaciones son colegiadas y siempre hay margen para la negociación.

El aterrizaje de Luis de Guindos en Fráncfort supondrá una ayuda para España tras seis años de apagón en el BCE justo en medio de la crisis. Pero su puesto en el comité ejecutivo implica que debería esgrimir criterios para el conjunto de la eurozona. El nuevo gobernador debería ser la voz que defienda los intereses de España. Los dos últimos gobernadores no han desempeñado ese papel con la autoridad que deberían. Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador entre 2006 y 2012, incluso se saltaba reuniones del consejo. Esto no debería repetirse, alertan distintas voces.

Pero el problema no solo está fuera. También se ha dañado la reputación en España. Los diputados siempre se quejan de que el gobernador hable mucho de empleo y pensiones pero no rinda cuentas sobre la banca. Pero sobre todas las cosas pesa el haber fallado con la burbuja. Cierto es que en España, una vez restada la inflación, el tipo de interés durante la bonanza salía negativo, y eso implicaba que en la práctica la deuda se pagaba sola. "Es muy difícil parar eso", reitera un exmiembro del Gobierno. Aun así, personal del banco reconoce que se debió hacer mucho más. Solo se redactó un informe en 2004 bajo el mandato de Jaime Caruana (2000-2006), en el que se reconocía el recalentamiento del crédito. Poco más. Para colmo, se produjo una venta masiva de preferentes para recapitalizar entidades mientras el supervisor miraba hacia otro lado.

Y luego está el conflicto interno entre la cúpula y la asociación de inspectores. "Es como si un inspector pide el poder de un guardia municipal para multar en el acto sin más. La inspección debe hacerse filtrando criterios a lo largo de toda la jerarquía y teniendo en cuenta el conjunto del sistema. Así se hace en toda Europa", explica un exmiembro de la dirección de la entidad. "Tan solo bastaría con una trazabilidad clara de las decisiones", insiste un inspector. Sea quien sea el nuevo gobernador, tendrá que emplear parte de su capital político en atajar este problema.

¿Una decisión política?

Y la política también entra en juego. El Gobierno podría tener la tentación de ocupar una atalaya institucional desde la que atacar al nuevo Ejecutivo si abandona la Moncloa. Hace seis años Mariano Rajoy sugirió en una reunión con sus ministros económicos el nombre de Fernando Becker, directivo de Iberdrola y amigo del presidente del Gobierno. Sin embargo, Luis de Guindos propuso el de Linde y Cristóbal Montoro lo apoyó. No parece que esta vez vaya a ocurrir algo así. El PSOE sostiene que tendrá que pactarse con criterios técnicos. Y el Ministerio de Economía afirma que propondrá a un candidato sólido y de aceptación general.

El sistema que ideó Ciudadanos para nombrar presidentes de los supervisores con criterios técnicos no estará listo tras estancarse en la tramitación parlamentaria. De modo que Ciudadanos se descolgará del proceso. Así se lo ha comunicado esta misma semana al actual ministro de Economía, Román Escolano. La formación naranja tiene poco que influir, pero permanecerá al acecho y hará sangre si el nombramiento no es el idóneo. Solo queda que Gobierno y PSOE consensúen los nombres siguiendo la tradición de que el Ejecutivo designa al gobernador y el principal partido de la oposición al subgobernador.

Esta regla no escrita se rompió con Fernández Ordóñez. Y tuvo consecuencias nefastas. Al carecer de antenas en el organismo, el PP cometió un pecado tan grande como el del PSOE nombrando a una cúpula politizada. Los populares hicieron política con el banco y lanzaron al ruedo mediático a la asociación de inspectores, agravando el conflicto laboral que ya existía en tiempos de Caruana. Todavía en la oposición, la ahora vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, llegó a anunciar un reglamento para fortalecer la inspección que aparcó tan pronto como alcanzó La Moncloa. Más política sería la puntilla. Una maledicencia corre por los pasillos del caserón sede del antiguo Banco de San Carlos: "El Banco de España puede aguantar sin problemas un mal gobernador, pero ¿cuántos puede aguantar seguidos?".