López Obrador declara como área natural protegida los terrenos en pugna con la minera estadounidense Vulcan Materials

A menos de una semana para acabar su gestión, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha zanjado con un decreto la pugna que el Gobierno sostenía desde hace años con la firma estadounidense Vulcan Materials, por el control de 2.000 hectáreas de tierra caliza y del puerto de Punta Venado, en el Estado de Quintana Roo. Este lunes, el Ejecutivo ha publicado la declaratoria de área natural protegida de un polígono de más de 53.000 hectáreas de la península del sureste mexicano, que abarca los terrenos sobre los cuales está la mina de cielo abierto de Vulcan Materials. La empresa extractiva ha contestado horas más tarde que se defenderá legalmente para esquivar la expropiación de Punta Venado y la cantera Sac Tun, cerca de Playa del Carmen.

El documento establece que dentro de las zonas del área de protección de flora y fauna Felipe Carrillo Puerto, queda prohibida la exploración, explotación de minerales, abrir bancos de material, extraer material pétreo o materiales para construcción y construir depósitos o sitios de disposición final de terreros, jales, escorias, graseros de las minas y establecimientos de beneficios de los minerales. El decreto supone un blindaje a las actividades de extracción de tierra caliza que la estadounidense realizaba en la zona hasta hace poco más de un lustro.

La declaratoria refiere que los propietarios, poseedores o titulares de otros derechos sobre tierras y aguas, que se encuentren dentro de la superficie del área de protección de flora y fauna Felipe Carrillo Puerto, están sujetos a las modalidades que se establecen en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Es decir, que están obligados a llevar a cabo sus actividades conforme a los criterios de preservación y conservación de los ecosistemas.

El decreto hace hincapié en la extensa variedad de flora, fauna y vestigios arqueológicos de la zona. El documento enumera las especies endémicas de mamíferos, réptiles y aves que serán beneficiadas con esta protección ambiental. “En el sitio Felipe Carrillo Puerto, habitan 304 especies de aves que representan el 63 % de la riqueza estatal. Además, 52 especies se encuentran en alguna categoría de riesgo, cuatro de ellas en peligro de extinción, como el zopilote rey, el mosquero real, entre otras”, indica. Además, la orden presidencial expone que esta zona también reúne cuevas, cenotes y grutas que forman parte del paisaje y sostienen el acuífero Península de Yucatán, que es la mayor fuente de agua dulce para consumo humano y la biodiversidad.

Vulcan Materials ha criticado el actuar del Gobierno mexicano y ha asegurado que se defenderán mediante todas las vías legales disponibles. “La acción más reciente —declarar formalmente nuestros inmuebles y puerto como Área Natural Protegida (ANP)— es una parte más de una serie de amenazas y acciones de la actual administración contra nuestras operaciones, operaciones que son legales y cuentan con las autorizaciones necesarias en el país. La expropiación de los terrenos y el puerto propiedad de nuestra empresa es otra escalada más y una nueva violación de los compromisos de México en el marco del TMEC y otros tratados de inversión aplicables”, refirió la firma estadounidense, por escrito.

La declaratoria de la zona en pugna era inminente. El presidente había amagado con que, de no llegar a un acuerdo con Vulcan Materials para adquirir los terrenos, se buscarían otras alternativas. “Antes de irme tengo que dejar resuelto eso y lo vamos a resolver legalmente, ya hay una clausura, pero quiero que sea una clausura definitiva porque es mucho el daño que han causado”, declaró el mandatario durante una conferencia de prensa en julio pasado.

En la década de los ochenta, Vulcan Materials obtuvo los permisos para explotar un banco de tierras calizas, insumo para la construcción, en una zona selvática del Estado de Quintana Roo. Sin embargo, en 2018, la firma demandó al Estado mexicano por supuestos cambios legislativos que derivaron en pérdidas en su perjuicio, exigiendo a México una indemnización de 1.500 millones de dólares. Vulcan Materials, a través de su subsidiaria Calica, alegó que la Administración anterior clausuró parte de sus operaciones para cumplir con nuevas normas ambientales y esta decisión les generó pérdidas significativas que contravienen los principios del TLCAN, ahora TMEC. Además de los permisos para extraer tierra caliza, Calica detenta una concesión sobre la terminal marítima de Punta Venado, en Quintana Roo, concesión con una vigencia hasta 2037.

En un intento por destrabar el litigio internacional, el año pasado el Gobierno federal puso sobre la mesa la compra de los terrenos a la firma en 8.000 millones de pesos. La firma declinó el ofrecimiento del Ejecutivo y prefirió seguir la vía del arbitraje internacional, que sigue en curso. La tensión por estos predios llegó a la Casa Blanca. Esta semana, un grupo de congresistas estadounidenses firmaron una carta bipartidista instando a tomar medidas para evitar que México tome el control de Punta Venado. Menos de 72 horas después de esta acción en EE UU, el Gobierno mexicano ha respondido con la publicación del decreto.

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