La batalla entre el Gobierno y Vulcan por los predios de piedra caliza en Quintana Roo entra en un callejón sin salida

El Gobierno busca dar un golpe sobre el tablero y zanjar con un decreto el conflicto que mantiene desde hace años con la minera Vulcan Materials por 2.000 hectáreas en Quintana Roo. Esta semana, Bloomberg ha dado a conocer que el presidente de México, López Obrador, declarará la zona como área natural protegida y así podrá tomar el control de los terrenos en pugna. Desde hace décadas, la minera estadounidense tiene la concesión sobre una extensa cantera de tierras calizas, sin embargo, esta zona está en un impasse desde 2018, año en que la compañía demandó al Estado mexicano por supuestos cambios legislativos que derivaron en pérdidas en su perjuicio, por ello, ahora exigen a México una indemnización de 1.500 millones de dólares.

En un intento por destrabar el litigio internacional, el año pasado el Gobierno federal puso sobre la mesa la compra de los terrenos a la minera en 8.000 millones de pesos. La propuesta el Ejecutivo, no obstante, fue acompañada con la advertencia de que si declinaban la oferta se tomarían otras acciones legales para hacerse de los predios: “Nosotros no vamos a dejar este asunto en suspenso, antes de irnos vamos a tomar una decisión completamente legal”, declaró en ese entonces.

El tiempo de este mandato se acaba y la compañía estadounidense, lejos de aceptar la compraventa de los terrenos, mantiene el arbitraje internación contra la Administración Federal, argumentado que se han violentado sus derechos en el marco del Tratado de Libre Comercio, ahora TMEC. Fuentes allegadas al proceso han confirmado a EL PAÍS que las negociaciones están estacadas debido a que el Gobierno no ha cambiado su postura sobre convertir los yacimientos en área natural protegida ni tampoco han modificado el monto de la oferta de compra, una cifra que no parece adecuada para la contraparte. La minera ha declinado a hacer declaraciones sobre este posible decreto presidencial.

Vulcan mantiene desde los ochenta la concesión de tierras calizas, insumo para la construcción, en una zona selvática del Estado de Quinta Roo. Entremedias, la firma comenzó hace seis años un litigio contra el Estado mexicano por el pago de una supuesta indemnización por más de 1.500 millones de dólares. El Gobierno de López Obrador busca zanjar de una vez por todas esta batalla legal, ya sea mediante la compraventa de los terrenos o mediante el citado decreto presidencial, con el que impediría a la firma la extracción de los minerales. El objetivo de la Administración, si consigue hacerse de los terrenos, es convertirlos en un centro recreativo.

El trasfondo del conflicto es una demanda que Vulcan emitió en contra del Estado mexicano en 2018. Vulcan, a través de su subsidiaria Calica, alega que la Administración anterior clausuró parte de sus operaciones para cumplir con nuevas normas ambientales y esta decisión les generó pérdidas significativas. La minera exige en un panel internacional una indemnización millonaria bajo el amparo del TLCAN, ahora TMEC.

López Obrador ha sido enfático en que no están dispuestos a pagar esta indemnización: “Hay una denuncia internacional, ellos alegan de que la clausura fue ilegal y están pidiendo que se les paguen 1.500 millones de dólares, nosotros estamos planteando que se destruyó el territorio y que vamos a defender el que ya no se pueda seguir utilizando como banco de material esta zona”, ha comentado en el pasado.

La advertencia del Ejecutivo a la minera para aceptar un buen trato ocurre a menos de siete meses de que culmine el presente sexenio y teniendo como telón de fondo la reciente declaración como área natural protegida por parte del Gobierno del predio que aloja un campo de golf, propiedad de empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, en Huatulco (Oaxaca). Y meses atrás, en diciembre pasado, el Gobierno federal tomó el control de una planta de hidrógeno en Hidalgo, propiedad de Air Liquide.

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