Cemex alcanza un acuerdo provisional con Vulcan para usar sus instalaciones en Playa del Carmen
La cementera mexicana trabaja ya con la minera estadounidense, operadora del puerto marítimo en Punta Venado, en un acuerdo de largo plazo tras meses de conflicto legal
Después de meses de tensiones entre la mexicana Cemex y la productora estadounidense de materiales para la construcción, Vulcan Materials, ambas empresas llegaron a un acuerdo temporal, informó el lunes el vocero de Cemex, Jorge Luis Pérez. “Cemex y Vulcan Materials han alcanzado un acuerdo provisional acerca del uso de las instalaciones portuarias de Vulcan en Punta Venado, Playa del Carmen, México, al tiempo que las dos compañías trabajan para finalizar un acuerdo de largo plazo”, informó Pérez, sin ofrecer mayor detalle.
El acuerdo llega después de que Vulcan alegara que, ya que el Gobierno Federal clausuró sus operaciones en Quintana Roo, el contrato que permitía a Cemex operar en el puerto no era vigente. Vulcan, además de extraer cantera de caliza en el área, tiene una concesión para operar el puerto marítimo por el que Cemex y otras empresas transportan insumos. La cementera mexicana respondió con dos denuncias en contra de Vulcan en Quintana Roo y, el 14 de marzo, entró a las instalaciones con una orden otorgada por un juez como parte de una de las denuncias. Empleados de Cemex fueron resguardados por elementos de la Marina y de la policía.
El evento se convirtió rápidamente en punto de contención entre México y Estados Unidos. Una legisladora estadounidense del Estado de Alabama, en donde se ubica la sede de Vulcan Materials, acusó en redes sociales que el ingreso de Cemex era una expropiación y atacó directamente al Gobierno Federal por un comportamiento “vergonzoso”. Incluso miembros del Congreso preguntaron al secretario de Estado, Anthony Blinken, sobre el vaso de Vulcan en México en una comparecencia.
El trasfondo del conflicto entre ambas empresas es una demanda que Vulcan emitió en contra del Estado mexicano en 2019. Vulcan alega que la Administración anterior, que clausuró parte de sus operaciones para cumplir con nuevas normas ambientales, generó pérdidas a las inversiones hechas en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la empresa de ecocidio y destrucción de zonas arqueológicas.
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