Las ayudas a parados sin ingresos enfrentan a Empleo con varias comunidades

Dos sentencias del Tribunal Constitucional declararon ilegal la gestión de sendas ayudas extraordinarias a parados aprobadas en la crisis. Estos dos fallos y la iniciativa legislativa popular de los sindicatos para crear una renta para todos los parados sin ingresos forzaron al Gobierno a mover ficha a la vuelta del verano. Se comprometió a presentar una reordenación de las ayudas antes de que acabaran esos dos programas: Programa de Activación para el Empleo (PAE) y Prepara. En esa reestructuración también estaría incluida la otra ayuda de último recurso para desempleados, la Renta Activa de Inserción (RAI).

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En las últimas semanas Empleo ha presentado a las comunidades y a los agentes sociales las líneas básicas de su propuesta. Este lunes en un encuentro entre directores generales autonómicos y los responsables ministeriales, un encuentro preparatorio de la reunión de este martes, donde ya presentó el texto articulado.

La oferta unifica todas estas ayudas de último recurso en una sola, a la que llama Renta Complementaria de Desempleo (RED). En algunos casos, como el de mayores de 45 años que agotan la prestación, amplía el periodo por el que se pueden cobrar, lo eleva de la variedad actual de situaciones hasta 72 meses o seis años.

Pero la propuesta no ha satisfecho, por ahora, ni a UGT y CC OO ni a todas las comunidades autónomas, concretamente a nueve, en este grupo están las que gobierna el PSOE y, al menos, una más. Creen que la oferta que hace Empleo es más aparente que efectiva. Señalan que en un primer momento puede parece que amplía la cobertura frente al paro, pero cuando se hace un análisis detallado se llega a la conclusión de que no es así. Según sus cálculos, se deduce que en pocos casos mejoraría la protección de los parados.

“Hay colectivos que con las líneas que nos han presentado, aparentemente, se quedan fuera de las ayudas. Y, además, no tenemos el texto legal para confirmar que es así”, apunta una fuente autonómica crítica. Desde otra comunidad son más contundentes: “La propuesta que se ha hecho es muy floja. Deja fuera a muchos colectivos”. Ambas declaraciones se hicieron antes de la reunión preparatoria. En ella, los primeros recibieron por fin un texto articulado que, según una fuente presente, no suponía ningún cambio sobre lo que ya sabían.

Entre los colectivos que perderían con el cambio, apuntan en varias autonomías, estarían algunos de los que perciben la RAI, una ayuda que ahora cobran quienes han cotizado muy poco tiempo o quienes vuelven al mercado laboral. En febrero, la percibían 29.746 beneficiarios y supuso 77 millones, casi el doble de perceptores que los que cobraban el PAE.

Contraoferta autonómica

Ante esta situación, las comunidades descontentas presentaron una contrapropuesta. Como en la oferta del Ministerio, se unifican las tres ayudas de último recurso que existen ahora (RAI, PAE y Prepara), “que se extiende a los menores de 45 años con cargas familiares” y que cobraría, renovándose cada seis meses, mientras se den las circunstancias que dan acceso a la ayuda.

Desde el Ministerio de Empleo, se admite que todavía no hay ningún acuerdo, ni con agentes sociales ni con las comunidades autónomas, aunque rebajan importancia al desencuentro. Además, se advierte que todavía hay tiempo para llegar a un acuerdo. Con este argumento se refieren a que hasta el 30 de abril se prolonga la vigencia del PAE y del Prepara mientras que la renta activa de inserción, el más cuantioso de los programas, no tiene fecha de caducidad.