Los Ayuntamientos vuelven a contratar con fuerza tras haber perdido 100.000 trabajadores

Enfrentados con la crisis económica, los Ayuntamientos pudieron ajustar sus cuentas con más facilidad que otras Administraciones por dos motivos: mientras que la recaudación del resto de figuras tributarias bajaba, la del IBI subía mucho gracias a los incrementos de tipos, la eliminación de bonificaciones, el alza extraordinaria que aplicó el Gobierno y las actualizaciones del catastro. Además, las entidades locales brindaban muchos servicios no esenciales. Y resultaba mucho más sencillo recortar esos mismos servicios e inversiones. Buena parte del empleo vinculado a estas áreas no era personal funcionario y, en consecuencia, fue fácil de recortar. De hecho, con el Plan E de inversiones rápidas movilizado por el Gobierno de Zapatero se incrementó la plantilla de los municipios hasta en 30.000 efectivos. Pero a partir de enero de 2010 los consistorios empezaron a reducir puestos de trabajo. Hasta el punto de que entre enero de 2010 y enero de 2017, el personal contratado descendió en 100.000 trabajadores, desde los 580.000 hasta los 480.000.

Incluso si muchos de ellos lograban reconducir sus cuentas, la Ley de Estabilidad Financiera no les dejaba gastar. En esta se incluye la llamada regla de gasto, que no permite elevar los desembolsos más allá de lo que se prevé que crezca la economía a medio y largo plazo. Al mismo tiempo, las comunidades autónomas pudieron ajustarse a un ritmo algo más lento porque gestionaban servicios esenciales como la educación o la sanidad. El Gobierno de Mariano Rajoy les permitió una senda algo más suave.

Sin embargo, entre enero y junio de 2017 se ha registrado un cambio radical en los Ayuntamientos: estos han pasado de ajustarse a contratar, liderando el escaso repunte del empleo público experimentado en el semestre. En solo seis meses han fichado 22.915 trabajadores más. Se trata de un aumento del 5% que no casa con las cifras de gasto recogidas en contabilidad nacional, también del Ministerio de Hacienda. Ahí se recoge que el desembolso en personal de las entidades locales solo sube un 1,4%. Y un 1% debería corresponderse con el incremento de sueldos aprobado en los Presupuestos. Así que este fuerte repunte de plantilla no parece estar teniendo un reflejo en los costes. De hecho, un informe reciente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal prevé que el superávit de las entidades locales se eleve ligeramente hasta el 0,6% del PIB, esto es, más de 6.000 millones de euros. Aunque los grandes municipios están saltándose la regla de gasto y reduciendo su superávit, el resto está mejorando el cumplimiento.

En cambio, la plantilla de la Administración central sigue descendiendo. Desde julio de 2010 acumula una caída de 82.649 empleados, sobre todo por los decretos de no reposición de plazas de funcionarios que se jubilaban. Dentro de esta, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pierden 9.818 miembros. Las Fuerzas Armadas, 13.675 efectivos. Y Justicia, 1.598. Aunque se han anunciado las mayores convocatorias de plazas públicas conocidas en mucho tiempo, estas tardan en materializarse y el número de funcionarios que se jubila resulta muy elevado, ya que la edad media es bastante alta. De momento, no se aprecia ninguna recuperación del empleo en el Estado central.

En las comunidades autónomas, la plantilla llegó a disminuir hasta en 74.671 personas en julio de 2014. En ese momento se anotó su mínimo con 1,277 millones de trabajadores. Desde entonces, este colectivo ha ido poco a poco repuntando hasta recuperar casi un tercio de lo perdido: 26.429. Y ahora mismo se sitúa en los 1,303 millones. No obstante, en el último semestre, según el boletín, se ha observado una cierta restricción: los empleados de las autonomías bajan en más de 3.000. En parte, esto se puede explicar por las oscilaciones que se dan en la contratación de profesores en cada inicio del curso.

En educación no universitaria y sanidad —dos áreas dependientes de las comunidades— se llegaron a perder unos 60.000 empleos desde los recortes aplicados por el Gobierno en 2012. En educación se ajustó la ratio de alumnos por profesor y se obligó a los docentes a permanecer más horas. En sanidad, simplemente se trasladó a los equipos más carga de trabajo. De este modo, se pudo dejar de renovar interinos y ajustar unas plantillas que habían seguido aumentando durante la crisis gracias a que las autonomías tardaron más en ajustarse porque reciben la liquidación de los recursos tributarios con dos años de retraso: es decir, notaron de verdad la crisis dos años más tarde. Según datos de Hacienda, a fecha de julio de 2017 la educación solo ha recuperado desde julio de 2013 unos 12.000 de los 33.000 puestos desaparecidos, un tercio. Su plantilla asciende a los 529.000 trabajadores. En sanidad, desde enero de 2015 se han recobrado 23.000 de los 29.000 recortados, dos tercios. La sanidad emplea ahora 499.000 personas.

En cuanto a las diputaciones, estas rebajaron su plantilla en unos 24.000 individuos hasta los 59.000 trabajadores. En los últimos dos años han recobrado unos 2.500 empleados.