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El Santander coloca el 78% de los bonos de compensación entre los antiguos accionistas del Popular

La cifra supone emitir 764 millones para aquellos que perdieron todo tras la quiebra y venta del banco

Íñigo de Barrón
Dos sucursales del Banco Santander y del Banco Popular en Madrid
Dos sucursales del Banco Santander y del Banco Popular en Madrid ANDREA COMAS

El Banco Santander ha colocado el 78% del bono que diseñó para fidelizar y compensar a los antiguos accionistas del Popular que acudieron a una ampliación de capital en 2016 y perdieron todo tras la liquidación del banco. El Santander emitirá 764,03 millones distribuidos en 7,64 millones de bonos. La oferta iba dirigida solo a clientes minoristas, ya sean particulares o empresas. Para recuperar todo su dinero, los exaccionistas deben mantener siete años la inversión, traer el dinero si se lo llevaron del Popular y renunciar a pleitear contra el Santander.

Este plan de compensación iba dirigido a 115.000 clientes del Popular que compraron acciones durante la ampliación de capital de mayo de 2016 u obligaciones subordinadas en julio de 2011. Ambos activos pasaron a valer cero euros el 6 de junio cuando quebró el Popular y fue comprado por un euro por el Santander, incorporando 2.000 millones de los recursos propios de la entidad absorbida. El Santander no ha dicho cuántos clientes se han acogido, sino el volumen contratado.

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Según el Santander, el 99% de los afectados adquirieron títulos del Popular por menos de 100.000 euros. En este caso, recibirán el 100% de la inversión. Para el tramo entre 100.000 y 500.000, el 75%; entre 500.000 y un millón, el 50%. A partir del millón, nada.

Para los que superen los 100.000 euros se ha aplicado este sistema: por ejemplo, para un importe de 250.000 euros, se pagará el 100% por los primeros 100.000 y el 75% por los segundos 150.000, con lo que se compensará por 212.500. Y así en el resto de los casos.

Además, se exigía cumplir estrictas condiciones para recibir la compensación. En primer lugar, la inversión debía estar depositada en el Popular España o en el Santander en el momento de la resolución. La oferta excluyó a los inversores institucionales o miembros del consejo de Popular.

Además de renunciar a emprender acciones legales, los que se han acogido a este sistema de compensación han tenido que firmar, y escribir de su puño y letra, que renuncian a cualquier acción contra el Santander y que entienden el riesgo del producto que adquieren. Por último, tendrán que mantener un volumen de negocio “equivalente” al que tenían cuando compraron las acciones o las obligaciones subordinadas.

Con este movimiento, el Santander trata de lograr varios objetivos: retener a los clientes, que traigan el dinero que se pudieron llevar del Popular durante las semanas de pánico y contentar a los empleados que acudieron a la última ampliación de capital y que lo han perdido todo. Mantener la fuerza del negocio comercial del Popular es clave para que el Santander rentabilice esta compra, como ha asegurado públicamente en varias ocasiones Ana Botín, presidenta del Santander.

Obligaciones perpetuas

Al mismo tiempo, el Santander trata de frenar un posible aluvión de reclamaciones judiciales. No obstante, el banco cántabro descarta demandas de los inversores institucionales, que según la doctrina del Tribunal Supremo, son agentes cualificados con otros conocimientos e intereses diferentes de los de los pequeños accionistas, según un argumento utilizado en la crisis de Bankia.

Estos nuevos bonos con los que Santander compensará a estos accionistas serán obligaciones perpetuas (similar a los conocidos como cocos) emitidas por Santander, con 100 euros de valor nominal. El Santander dijo el coste máximo que asumirá en esta operación será de 680 millones. Afirmó también que no tendrán impacto en la cuenta de resultados ni en el capital del grupo, puesto que se provisionó en el momento de la compra de Popular.

Los perjudicados que acepten este sistema de indemnización recibirán unos bonos cotizadas en el mercado de renta fija. Su cotización arrancará con un descuento proporcional al tiempo de amortización prevista, es decir, siete años. Así, los inversores que los vendan antes de este periodo, tendrán un descuento por lo que deberán esperar siete años para tener el 100% del capital.

No obstante, la amortización es voluntad del Santander, algo que ha sido muy criticada por bufetes de abogados.

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Sobre la firma

Íñigo de Barrón
Es corresponsal financiero de EL PAÍS y lleva casi dos décadas cubriendo la evolución del sistema bancario y las crisis que lo han transformado. Es autor de El hundimiento de la banca y en su cuenta de Twitter afirma que "saber de economía hace más fuertes a los ciudadanos". Antes trabajó en Expansión, Actualidad Económica, Europa Press y Deia.

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