Banco Popular: la ampliación de capital que no llegó a tiempo por cinco días

El Popular vivió sus últimos días al ritmo de una película de acción. Al comenzar junio, la cotización se desplomaba y los clientes, sobre todo las empresas, sacaban miles de millones del banco. Al mismo tiempo, el BBVA y el Santander, que analizaron la compra, no presentaron ofertas superiores a cero euros. Tampoco Bankia ni Sabadell, aunque se sabía que sus opciones eran escasas.

La única salvación era el plan B, en el que se llevaban meses trabajando: ampliar capital por unos 4.000 millones. Estaba previsto hacer público el diseño de la operación el lunes 12 de junio, según fuentes de la anterior dirección. Pero cinco días antes, el Popular se quedó sin liquidez, quebró y se vendió, en una operación que ha pedido investigar la Fiscalía Anticorrupción. Adiós a 2.000 millones de patrimonio de los accionistas y de parte de los bonistas, con los que se enterró una entidad señera con 90 años de historia. Esa misma noche, el Santander se quedó con el Popular, a cambio de esos 2.000 millones de euros de recursos propios y el pago de 1 euro.

Desde que llegó al banco el nuevo presidente, Emilio Saracho, en 20 de febrero de 2016, no ocultó que tenía una doble estrategia: la venta a un competidor o una ampliación de capital, con derechos de suscripción preferente para los accionistas, encargo que recayó sobre Miguel Escrig, director financiero procedente de Telefónica. Escrig, experto en riesgos, se dedicó a valorar los activos tóxicos para determinar el capital que necesita para ser viable.

Una inyección de casi 5.000 millones

Su conclusión fue que el Popular precisaba casi 5.000 millones, aunque aquellos días de mayo su valor en Bolsa era de unos 2.000 millones. La estructura se inspiró en la ampliación que UniCredit cerró con éxito: se haría una pequeña venta de activos inmobiliarios (para marcar el precio del resto de la cartera, que se enajenaría posteriormente), se comunicarían los acuerdos de venta de las filiales de tarjetas, WeZink, y el Total Bank de Estados Unidos, se pedirían unos 4.000 millones y, con todo esto, el Popular debería volver al nivel de capital de sus competidores, un 11,5% Tier 1.

Escrig logró que Barclays y Deutsche Bank enviaran sendas cartas, alrededor del 5 de junio, en plena crisis (el banco perdió 5.000 millones de pasivo entre el 1 y el 6 de junio), en las que decían: “en la actualidad, contamos con elementos que podrían hacer funcionar una ampliación de capital”, como publicó ABC. Cada uno de ellos expresaba su interés por asegurar el 50% de la ampliación, es decir, 2.000 millones.

Dos bancos de inversión y grandes accionistas apoyaban la operación

Además, Saracho tenía el compromiso del grupo mexicano capitaneado por la familia Del Valle, de poner 1.000 millones en una ampliación de capital, según fuentes cercanas al este grupo. Además, el grupo chileno Luksic, con el 3,45% del capital, también se comprometió verbalmente con Saracho a acudir a una ampliación de capital en proporción al paquete de acciones que representaban. En el consejo, también se contaba con el apoyo de Allianz, la negativa de Crédit Mutuel, y las dudas de la Sindicatura de Accionistas, compuesta por muchas familias.

Los gestores quisieron tener todo atado pero se quedaron sin tiempo

Incluso Pimco, uno de los mayores gestores de activos de inversión del mundo, que ha perdido 450 millones por los bonos que tenía del Popular, también le comunicó su intención de acudir a la ampliación, según fuentes de la anterior dirección.

El reto era conseguir accionistas institucionales de prestigio, gestores de patrimonio como Fidelity Investment, Scottish Widows o Capital Investments, con los que se habló, pero sin cerrar compromisos. La antigua dirección también recuerda que las cartas de Barclays y Deutsche no eran un aseguramiento de la ampliación, aunque sí un compromiso.

Los directivos trabajaron bajo presión por la mala situación del banco, ya que la cuantía de la ampliación era el doble de la capitalización bursátil y porque querían estar seguros de que iba a ser creíble ante el mercado. La ampliación de 2016, de 2.500 millones, resultó un fiasco porque las enormes pérdidas de ese año se comieron el nuevo capital. No querían que se repitiera esa historia, pero se quedaron sin tiempo. La ampliación debía ser aprobada en junta extraordinaria y contar con una auditoría. No dio tiempo.

Los detalles que se van conociendo sobre el final del Popular sorprenden en el mundo financiero. Fuentes del mercado se preguntan si el BCE, que tomó la decisión de liquidar el banco el 6 de junio, conocía estos planes, algo que podía haber cambiado su comportamiento. También apuntan que, aunque la ampliación “estaba llena de escollos”, se podía haber anunciado al mercado, “que se estaba preparando y que contaba con apoyos importantes; quizá eso hubiera frenado el ciclón que barrió al banco”, lamentan.