Anticorrupción pide investigar a Ron y Saracho por la quiebra del Popular

La Fiscalía Anticorrupción se ha dirigido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu instándole a que admita a trámite las querellas presentadas contra los expresidentes del Banco Popular Ángel Ron y Emilio Saracho y sus consejos de administración, por la quiebra de la entidad.Deja , sin embargo, fuera de su petición todo lo que se refiere a una posible responsabilidad penal por parte de los organismos reguladores, es decir, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

El Popular fue intervenido por el FROB, como ejecutor de la Junta Única de Resolución europea, el pasado 7 de junio. Esa misma noche fue liquidado y vendido posteriormente por un euro al Santander. Los clientes no sufrieron consecuencia alguna, pero los 200.000 accionistas perdieron toda su inversión, así como los propietarios de bonos de peor calidad.

Desde entonces, han organizado querellas y el banco tiene abiertos frentes por varias vías: hay demandas contra los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho (este último es quien estaba al frente cuando se produjo la intervención). también contra el FROB y el JUR e incluso contra los reguladores españoles. Las demandas están en la Audiencia Nacional y también, las de algunos grandes fondos internacionales, en el Tribunal Europeo de Justicia.

En total, se han presentado una treintena de querellas por la liquidación del banco. Una de las más potentes es la interpuesta por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), “en defensa de los 300.000 pequeños inversores y accionistas” de la entidad. La organziación aglutina a miles de afectados y ha denunciado tanto a la antigua cúpula como contra las instituciones (FROB). 

El Popular registró unas pérdidas de 12.218 millones de euros en el primer semestre, lo que supone los mayores 'números rojos' de la historia de la entidad. En el momento de la publicación de sus resultados correspondientes al primer semestre, Santander, propietario del banco desde el pasado 7 de junio, ya calculaba un impacto negativo de 12.000 millones de euros en Popular a raíz de su resolución.

Además, la entidad absorbida sufrió una fuga de depósitos entre enero y junio de este año de unos 18.552 millones de euros, de acuerdo con los datos recogidos en los 'Estados financieros' publicados este martes por la Asociación Española de Banca (AEB)