El ‘pirata’ de la electricidad desvió parte de su millonario botín a Perú y México
El juez Pedraz manda a prisión al empresario Esteban Roig Padrosa como presunto cabecilla del millonario fraude en la comercialización de energía
El titular del Juzgado Central de Instrucción 1, Santiago Pedraz, ha enviado este viernes a prisión sin fianza al empresario barcelonés Esteban Roig Padrosa, detenido el pasado martes en la Operación Ámbar como presunto cabecilla de una trama que defraudó en los últimos cinco años cerca de 100 millones de euros en la comercialización de energía eléctrica. En el auto en el que ordena su encarcelamiento, el magistrado detalle que parte de "los ingentes beneficios" que supuestamente obtuvo con las 13 empresas piratas con las que estafó a Red Eléctrica Española (REE) y a las grandes generadoras de electricidad, además de a la Agencia Tributaria, han sido desviados a "múltiples fondos con vinculaciones en Perú y México".
En su escrito, el juez Pedraz detalla el complejo entramado empresarial creado presuntamente por Roig Padrosa para cometer el millonario fraude y, posteriormente, blanquear buena parte del dinero obtenido. Así, el magistrado señala que las compañías que utilizó para comercializar la energía eléctrica ingresaron en sus cuentas 109,6 millones de euros fruto de la actividad delictiva. De esa cantidad, cerca de 15 millones fueron derivados a la sociedad Fix-Control Rate, con sede en Barcelona, y que se había convertido en "el nexo de unión" entre las diferentes estructuras empresariales de la organización asentadas en la capital catalana y Madrid para consumar la estafa. Desde esta mercantil, gran parte de ese dinero fue remitido con posterioridad a otras 28 compañías de la trama con el objeto de dificultar su seguimiento.
Además, otros 18,4 millones de las comercializadoras acabaron directamente en estas últimas mercantiles, dedicadas a todo tipo de actividades -desde la distribución de frutas al negocio inmobiliario- y creadas expresamente para el lavado de fondos, según recalca el juez Pedraz, que los denomina expresamente como "entramado empresarial blanqueador". El magistrado añade que otros 1,1 millones de euros fueron extraídos en efectivo directamente de las cuentas de las sociedades de venta de electricidad, mientras que sobre otros 71,5 millones los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aún realizan gestiones para "identificar el destino" final, para lo cual analiza la información remitida por las entidades bancarias.
El auto del juez sitúa a Esteban Roig "al frente" de una trama que califica de "organización criminal conformada por personas físicas y jurídicas". El objetivo de esta compleja red no era otro que hacerse con el dinero que pagaban a las empresas instrumentales la amplia cartera de clientes -en su inmensa mayoría Pymes de tamaño grande que consumían grandes cantidades de energía- que habían conseguido ofertando electricidad a "muy bajo precio" a gracias a que no pagaba más que una mínima parte de la energía que comercializaba -a veces solo el 5 %- a los grandes generadores.
Esta parte de la organización estaba asentada en el centro operativo que la red tenía en Madrid, aunque luego desviaba las ganancias a las mercantiles de la estructura societaria que tenía fijada en Barcelona. Para una y otra, utilizaba testaferros, de modo que Roig Padrosa no figurase en ninguna de ellas como titular, aunque el juez considera que hay indicios suficientes para concluir que el empresario ejercía sobre todas ellas un "dominio y directa supervisión". Junto a él, la Guardia Civil ha detenido en los últimos días a 17 personas más, entre ellos los responsables de la gestoría que le auxiliaba presuntamente en la creación de la trama societaria. A todos ellos el juez Pedraz los puso ayer en libertad aunque les mantiene la imputación. A uno, además, le impuso comparecencias quincenales, según confirman fuentes judiciales.
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