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Endesa calcula que las empresas son responsables del 80% del fraude eléctrico

La compañía estima que menos del 1% de la defraudación es imputable a familias con bajos recursos

Vista de varios postes eléctricos.
Vista de varios postes eléctricos. EFE

Endesa calcula que el 96% del fraude eléctrico, un delito que en 2015 supuso la pérdida de 150 millones de euros —y que equivale, por ejemplo, al consumo eléctrico anual de una ciudad como Sevilla—, es imputable a empresas y grandes consumidores. “En contra de lo que muchas veces se piensa, menos del 1% del fraude eléctrico cometido en España se debe a enganches ilegales efectuados por familias de bajos ingresos”, ha apuntado la compañía en un comunicado difundido este jueves. 

La compañía liderada por Borja Prado apunta a que el grueso del fraude (el 80%) fue causado por “empresas de diversos sectores industriales y de servicios”, mientras el restante 20% es en su mayoría imputable a grandes consumidores domésticos (con una potencia contratada superior a los 15 kW, cuando la media en los hogares españoles ronda los 4,4 kW). Por ello, y a luz del número de personas acogidas al bono social, Endesa estima que son mínimas las manipulaciones efectuadas por pequeños consumidores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya había dado pistas: el año pasado, cuando propuso modificar la regulación sobre el fraude en el suministro eléctrico, señaló que esta actividad ilícita se está haciendo cada vez más sofisticada e incluso habló de “fraudes organizados” y de aumento del nivel de “profesionalización”.

A septiembre de 2015, la CNMC contabilizaba 2,4 millones de usuarios acogidos al bono social eléctrico, un servicio disponible para los usuarios con tarifa regulada que concede un descuento del 25% sobre el precio final de la factura. Tienen acceso a esta rebaja no solo las familias de bajos recursos (en particular pensionistas, desempleados y familias numerosas), también los hogares con una potencia contratada por debajo de los 3 kW, que en realidad constituyen el grueso de clientes a los que se les factura con esta modalidad (más de 1.800.000). Las eléctricas llevan tiempo proponiendo rediseñar esta ayuda y vincularla exclusivamente a la renta disponible.

El año pasado, Endesa detectó más de 83.522 casos de fraude

Los datos arrojados por Endesa desmontan la idea de que la crisis y la pobreza energética son los responsables de delitos, como engancharse al tenido eléctrico o manipular contadores, que no han parado de crecer desde 2009. “Indica que el fraude es, por encima de todo, un recurso ilegal que utilizan algunas empresas y grandes consumidores domésticos para abaratar su factura eléctrica a costa de todos los demás consumidores”, mantiene Endesa, al traducirse en un aumento de la factura, ya que son los consumidores quienes tienen que asumir, en sus recibos, el sobrecoste de la energía extraviada.

Por ello, la CNMC había sugerido que las pérdidas causadas por la defraudación en el suministro dejaran de ser costeadas solamente por el usuario final. Por otro lado, recomendaba revisar del sistema de incentivos a la reducción del fraude que reciben las empresas: desde hace dos años, las distribuidoras perciben el 20% de los importes declarados e ingresados en concepto de peajes defraudados. En 2015, Endesa detectó más de 83.522 casos de fraude, y prevé que el número de este tipo de incidencias vaya subiendo a lo largo de este año, cuando las grandes eléctricas ingresarán 1,69 millones de euros en concepto de incentivos, según cálculos de la CNMC. 

El fraude también supone un problema en términos de competitividad, ya que las empresas que obtienen energía de manera fraudulenta reducen sus costes de producción, y de seguridad. Endesa señala que los sistemas manipulados suponen un riesgo tanto para los estafadores como para las personas que se hallan en las proximidades de las instalaciones. La empresa recuerda que un empresario fue condenado a dos años y cuatro meses de cárcel, más de tres años de inhabilitación y una multa de 200.000 euros después que uno de sus trabajadores muriera electrocutado mientras intentaba modificar el suministro eléctrico de manera ilegal.