Un tribunal de la UE ve excepciones en las ventas a pérdidas

El Tribunal de Justicia de la UE ha emitido una sentencia en la que señala que la actual directiva 2005/29 CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre prácticas comerciales desleales se opone a la Ley de Comercio Minorista española, por la que se prohíbe la posibilidad de ofertar y realizar ventas de bienes con pérdidas. Pero establece excepciones a dicha prohibición basadas en criterios que no figuran en la norma comunitaria. Esta sentencia se ha producido ante una petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Murcia en el marco del litigio entre el grupo de distribución Europamur Alimentación y la Dirección General de Consumo de esa comunidad, que había impuesto a la empresa una multa de 3.001 euros por ventas a pérdidas.

En la normativa española, la prohibición de la venta a pérdidas se halla en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista de 1996 en su artículo 14, cuyas competencias para perseguir y sancionar estos actos se hallan en manos de las comunidades. Según esa disposición, la Administración regional impuso al grupo de distribución en mayo de 2015 una multa de 3.011 euros por haber vendido con pérdidas determinados productos, entendiendo que la finalidad perseguida era, por un lado, la de crear ofertas como señuelo o gancho que atrajesen a los consumidores y, por otro, intentar disuadir o eliminar competidores.

Organizaciones agrarias y de la industria alimentaria entienden que esta sentencia es una razón más para seguir reclamando la necesidad de que la venta a pérdidas, que tantos problemas crea al conjunto del sector, sea una competencia que pasara de la Ley de Comercio Minorista a la Ley de la Cadena Alimentaria.

En los últimos meses, representantes del sector intentan poner en marcha una iniciativa parlamentaria encaminada a tratar de modificar el actual marco de regulador a la vista de que para las autoridades de Economía y, sobre todo, Competencia, se valora como algo positivo que beneficia a los consumidores. Desde UPA señalan que se trata de un grave problema al que es necesario dar una respuesta.

Ante las escasas actuaciones de oficio por parte de los gobiernos regionales, las organizaciones agrarias remitieron en los últimos años sus denuncias a la Agencia para la Información y el Control de la Cadena Alimentaria de Agricultura, aunque esta no tiene competencias. Así que la Agencia se ciñe a comunicar esas denuncias a las autonomías con escasas respuestas sancionadoras. En las negociaciones de 2013 para aprobar la Ley de la Cadena Alimentaria, los ministerios económicos se negaron a que estas competencias pasaran a Agricultura.