Telefónica inyectará 1.243 millones para salvar su filial colombiana ColTel

La operadora y el Gobierno de Colombia acuerdan dos ampliaciones de capital por 1.842 millones para pagar las pensiones y hacer frente al laudo

Sede de Movistar Colombia, en Bogotá.
Sede de Movistar Colombia, en Bogotá.

Telefónica ha decidido enterrar por ahora el hacha de guerra en Colombia en el conflicto que mantiene con la Administración del país a propósito de su filial ColTel. La operadora española ha llegado a un acuerdo con el Gobierno colombiano para inyectar conjuntamente 1.842 millones de euros en ColTel. La operación se realizará mediante dos ampliaciones de capital que servirán para hacer frente, por un lado, a las obligaciones para el pago de pensiones de los antiguos empleados y, en segundo lugar, para abonar el importe del laudo dictado por un tribunal arbitral colombiano.

De esta cantidad, Telefónica tendrá que abonar 1.243 millones de euros, correspondiente a su participación en un 67,5% en ColTel, y los restantes 599 millones serán aportados por el Estado colombiano, que mantiene el 32,5% del capital.

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Dos ampliaciones

La primera de las ampliaciones de capital se realizará por un importe de 1.370 millones de euros (de los que Telefónica aportará unos 925 millones), con el fin de destinarla al pago íntegro y anticipado de las obligaciones con la gestora de fondos de pensiones Parapat, que tramita el pago de las pensiones para los jubilados de la compañía. Los pasivos generados por esas obligaciones, tras la devaluación del peso colombiano, amenazaban con dejar en patrimonio negativo a la operadora.

Tras la ampliación, se extinguirán de forma anticipada esas obligaciones y se producirá el traspaso a Telefónica Colombia de los bienes, derechos y activos de telecomunicaciones asociados al mismo.

Los dos socios han aprobado una segunda ampliación por 472 millones de euros (de los que 318 corresponden a Telefónica) para hacer frente al pago "en tiempo y forma" del laudo dictado por un tribunal arbitral colombiano en concepto de reversión de los activos de su licencia de telefonía móvil obtenida en 1993. El tribunal también condenó a Claro, operador propiedad del mexicano Carlos Slim, a pagar una indemnización de 875 millones de euros por el mismo concepto.

Este laudo irritó tanto a Claro como a Telefónica, que entienden que se trata de una medida arbitraria e injustificada. Por eso, la operadora española aseguró este miércoles, en el hecho relevante remitido a la CNMV, que la ejecución del pago "no implica que la compañía comparta el contenido del laudo arbitral, por lo que reitera su desacuerdo con el mismo, considerándolo no ajustado a derecho, injusto, desproporcionado y arbitrario".

En este sentido, la operadora no renuncia a presentar todos los recursos y acciones legales correspondientes contra dicho laudo ante las distintas instancias nacionales e internacionales, añadió.

Recurso del laudo

Telefónica ya ha recurrido el laudo ante las instancias administrativas y judiciales nacionales, y si no prosperan esos recursos demandará al Estado del país caribeño ante el Ciadi, el organismo del Banco Mundial que se encarga de mediar entre los conflictos entre las empresas y los Estados, tal y como adelantó EL PAÍS.

Pese a la importancia de las dos ampliaciones, la multinacional española ha asegurado que esta operación no tiene "un impacto financiero relevante" en sus cuentas y supondrá "únicamente" un incremento de unos 40 millones de su abultada deuda, que se situó a cierre de junio en casi 48.500 millones de euros.

Con esta operación, según ha destacado la multinacional en un comunicado, "se refuerza la posición financiera de Telefónica Colombia", lo que -unido a las inversiones realizadas en los últimos años- "le permite afrontar una nueva etapa".

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