El fallo de la justicia mexicana genera incertidumbre en las empresas extranjeras de telecomunicaciones

La decisión de la justicia mexicana de enmendar una parte de la reforma de las telecomunicaciones del Gobierno de Enrique Peña Nieto (PRI) ha generado una enorme incertidumbre entre los operadores extranjeros. La Suprema Corte dio este miércoles la razón a América Móvil, el buque insignia del imperio de Carlos Slim al tumbar la norma que permitía al resto de operadores conectar sus llamadas a la red móvil del dominador absoluto del mercado –con una cuota superior al 60%– sin tener que pagar por ello. Será el regulador mexicano —el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)—, y no el Congreso, quien determine las tarifas que el magnate cobrará a sus competidores. Los dos principales, la española Telefónica y AT&T, han advertido al IFT de los riesgos que acarrea su decisión.

Tanto los operadores alternativos a Telcel —el brazo de América Móvil para telefonía celular— como los especialistas consultados aseguran que el fallo deja en entredicho la libre concurrencia en el mercado mexicano de telefonía. El cambio en las normas del juego podría derivar en un daño a los intereses de la empresa española como de su par estadounidense. De ahí que, tras conocerse la decisión, hayan instado al regulador a considerar el riesgo para la competencia que supondría la imposición de un coste por la emisión de llamadas a teléfonos Telcel desde otros operadores.

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La decisión de cambiar o no uno de los principios esenciales de la reforma de telecomunicaciones del Gobierno de Peña Nieto está, desde este miércoles, en manos del IFT. El fallo de la Suprema Corte de Justicia retira al poder legislativo el poder de fijar la tarifa de interconexión entre operadores y la transfiere al regulador del sector. Si este organismo optase por fijar tarifas distintas de la vigente –cero pesos por llamada emitida desde otro operador y recibida en un teléfono Telcel, independientemente de su duración–, Telefónica, AT&T y el resto de empresas que operan en el mercado mexicano de telefonía sufrirían un importante revés económico. Antes de la reforma de telecomunicaciones, acometida en 2014, el IFT fijaba una tarifa de interconexión de 0,2045 pesos (un céntimo de euro) por minuto.

No obstante, la sentencia descarta cualquier tipo de pago retroactivo de los operadores: en caso de que el regulador anulase la tarifa cero de interconexión, los competidores de Telcel solo tendrán que pagar los costes derivados de la nueva normativa desde que esta entre en vigor, previsiblemente a principios de 2018.

El fallo, aunque esperado desde el punto de vista técnico, supone un varapalo político para el actual presidente. La reforma de las telecomunicaciones se convirtió en una suerte de termómetro para ver la capacidad de Peña Nieto para enfrentarse a gigantes, como el caso de Slim. Junto a la reforma energética, era la joya de la corona del proyecto que comenzó en 2012 con el apoyo del PAN (derecha) y PRD (centroizquierda), conocido como Pacto por México. El hecho de que el fallo descarte cualquier pago retroactivo amortigua el golpe al Gobierno. Para analistas y fuentes judiciales consultadas supone, a su vez, una victoria nominal de Slim, aunque no tanto material, porque no recibirá compensación. No obstante, América Móvil aplaudió en un comunicado la “importante” decisión de la Suprema Corte. Los inversores llevaban días celebrándolo en Bolsa: desde que se dio a conocer el proyecto de fallo judicial, favorable a los intereses del gigante mexicano de las telecomunicaciones, sus acciones han subido más de un 5%.

El objetivo de la reforma de telecomunicaciones no era solo favorecer la llegada de inversiones extranjeras, sino que estas tuviesen garantías suficientes frente a gigantes como la corporación de Slim. Para ello, limitaba la capacidad del regulador, que ahora recupera por decisión judicial.

"Veo muy poco probable que el regulador fije la tarifa cero", opina Octavio Lecona, socio de la práctica de Telecomunicaciones del despacho de abogados estadounidense Jones Day y letrado asesor de Telefónica. "Lo que espero es que el IFT no dé a América Móvil una bolsa de dinero gratuitamente. Si no hace bien su trabajo, puede poner en riesgo la competencia", añade. En caso de que las tarifas de interconexión no reflejasen la realidad del mercado —la empresa de Carlos Slim mantiene una cuota superior al 65%—, Lecona no descarta que tanto Telefónica como AT&T se replanteen sus inversiones futuras en México. El abogado de Jones Day avisa también del riesgo de que el fallo de la Suprema Corte abra la puerta a un "ataque de América Móvil a otras disposiciones de la reforma de 2014, como la del roaming".

Varios factores pueden amortiguar el varapalo que la decisión judicial para los competidores de Telcel y, en general, para el clima de libre competencia en el mercado mexicano de telefonía. En primer lugar, que el IFT todavía puede decidir mantener en cero la tarifa de interconexión, con lo que, en tal caso, la situación no cambiaría. En segundo lugar, aún suponiendo que el regulador opte por fijar un coste de interconexión superior a cero para el resto de operadores, la propia dinámica del mercado resta trascendencia al fallo: las llamadas han ido perdiendo fuerza en el mix de ingresos de las empresas de telecomunicaciones a favor de los datos móviles, que no se ven afectados por ningún tipo de tarifa. Tercero, que al no ser retroactiva, las operadoras alternativas a la empresa de Slim solo tendrán que abonar los costes de interconexión desde que el IFT fije las nuevas tarifas, presumiblemente a principios del año que viene. De haber sido retroactiva, los costes aproximados para las operadoras, fundamentalmente Telefónica y AT&T habrían ascendido a alrededor de 800 millones de dólares (680 millones de euros).