Lucha contra el fraude y control del gasto para evitar nuevos recortes en 2017

Los diferentes gobiernos de España han sido tradicionalmente optimistas al presupuestar los ingresos tributarios totales, antes de ceder parte de la recaudación a las comunidades autónomas y entidades locales. Y el Ejecutivo de Mariano Rajoy no ha sido una excepción. Los ingresos tributarios previstos se han desviado en 25.309 millones de euros entre 2012 y 2016. Se ha recaudado un 2,8% menos de lo presupuestado.

En esta ocasión, el presupuesto para 2017 estima que los ingresos tributarios aumentarán extraordinariamente más de lo que aumentaron en 2015 y 2016 juntos, hasta alcanzar los 200.963 millones, superando ligeramente la recaudación tributaria de 2007 por primera vez.

Pero frente a este optimismo, una vez más la Comisión Europea, en una reciente previsión, estima para España un déficit del 3,2% a pesar de elevar el crecimiento económico al 2,8%, y el Banco de España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), expertos y partidos políticos calculan que los ingresos pueden estar sobrevalorados entre 6.000 y 8.000 millones.

Nos preocupa que ese desvío en los ingresos se compense con un recorte de los gastos para cumplir el objetivo de déficit del 3,1% comprometido para este año. Por tanto, el debate de los Presupuestos Generales del Estado para 2017 pivotará en la necesidad de obtener más ingresos y evitar nuevos recortes.

Siendo conscientes de que las reformas tributarias propuestas por los grupos de la oposición no serán aprobadas, los técnicos de Hacienda apelamos al grupo parlamentario Popular y a los que han anunciado su apoyo a los Presupuestos que estén abiertos a mejorar el proyecto con todo o parte de las enmiendas que han presentado los grupos parlamentarios del PSOE, de Unidos Podemos y de Esquerra Republicana para mejorar la lucha contra el fraude y la eficacia y el control del gasto público.

Para mejorar la eficacia y el control del gasto público que evite dispendios, malas prácticas o corrupción, destacan las enmiendas para reforzar el control permanente y la auditoría facultando a los "técnicos" para ejercer el control, elaborar un código ético que exija responsabilidades a quien gestiona el gasto y a quien debe controlarlo, impedir que la naturaleza jurídica de una institución pública disminuya el control, o suprimir la colaboración de empresas privadas para auditar instituciones públicas.

Para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, destacan las enmiendas para dotar de más personal e inversiones a la Agencia Tributaria (AEAT), como la creación del Cuerpo Superior Técnico de Hacienda o el incremento de 5.000 nuevos efectivos de la AEAT en cuatro años, o las enmiendas para evaluar la economía sumergida, mejorar la coordinación entre las administraciones tributarias, conocer las prácticas fiscales agresivas, las actividades en paraísos fiscales y la coordinación internacional para reducir la evasión de las multinacionales, aprobar una Ley anual para corregir prácticas e interpretaciones elusivas, o el control parlamentario de los resultados de la lucha contra el fraude.

En nuestra opinión, la creación del Cuerpo Superior Técnico de Hacienda permitiría reforzar la investigación sobre los fraudes y delitos fiscales cometidos por medianas y grandes empresas y personas con altas fortunas, así como reforzaría el control permanente y la auditoría del gasto público. Actualmente, los técnicos son el principal colectivo de la AEAT, de la Intervención General del Estado y del Ministerio de Hacienda, pero tienen las manos atadas por normas internas que restringen sus funciones en perjuicio del servicio público que deberíamos prestar, como está acreditado con el desplome de las denuncias de delitos contra la Hacienda Pública, el crecimiento de la economía sumergida y la notoria falta de control de bienes y caudales públicos.

José María Mollinedo, secretario general del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha