Hacienda pretende recuperar casi 1.000 millones de ayudas fiscales a grandes empresas

El pasado 21 de diciembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una sentencia que venía a dar la razón a la Comisión Europea, que considera ilegal el régimen fiscal español de 2002 que concedía beneficios fiscales a las corporaciones españolas por adquirir participaciones en sociedades extranjeras de al menos el 5%.

La norma, creada por el Gobierno de José María Aznar, pretendía incentivar la internacionalización de las empresas al permitir una deducción del fondo de comercio durante 20 años. De estas deducciones del fondo de comercio —la diferencia entre el valor en libros de una empresa y el valor real de mercado— se beneficiaron Telefónica cuando compró O2, el Santander al hacerse con el Abbey británico, Iberdrola cuando adquirió Scottish Power, Ferrovial con BAA... Casi un centenar de empresas españolas, la mayoría del Ibex 35, entre las que también figuran Sacyr o Abertis, y otras como Cintra o Autogrill, aprovecharon estas deducciones para ampliar su negocio en el exterior. Bruselas considera que estas deducciones fueron ayudas de Estado.

Fuentes comunitarias afirman que "después de la sentencia de diciembre de 2016, España ha tomado medidas para la recuperación del Goodwill III [como se conocen las ayudas fiscales que permiten la amortización fiscal del fondo de comercio generado por la adquisición de firmas extranjeras a través de sociedades interpuestas] y está en contacto con la Comisión para la recuperación completa de los otros dos casos sobre el asunto". Otras fuentes del mercado reconocen que ya han recibido algunas notificaciones de la Agencia Tributaria informando del proceso de recuperación de las ayudas.

5.000 millones menos

Pese a que la larga y compleja batalla judicial aún no ha concluido, tras conocer la sentencia de diciembre la Comisión reclamó a España que iniciase el procedimiento para la devolución de estas ayudas. Y el Gobierno responde en el Programa de Estabilidad, remitido hace unas semanas a la Comisión: "España procederá a recobrar las ayudas a través del nuevo procedimiento de recuperación aprobado en la última reforma de la Ley General Tributaria, de 2015". Añade que "ya ha relacionado las entidades que serán objeto de las actuaciones".

Fuentes de Hacienda admiten que están preparados para iniciar la recuperación de las deducciones. Estiman que podrán recobrar algo menos de 1.000 millones, muy por debajo de lo esperado por Bruselas, donde se especulaba con una cifra que rondaba los 8.000 millones.

Hacienda añade que las empresas afectadas deberán reducir sus bases imponibles negativas en unos 5.000 millones y rebajar deducciones por más de 60 millones. El ministerio precisa que la minoración de bases imponibles negativas y de deducciones supondrá un aumento de los ingresos futuros, aunque admite que es muy difícil cuantificarlo.

El Ejecutivo indica en el Plan de Estabilidad que no tiene en cuenta "ningún ingreso por esta actuación" y que esta iniciativa brindará "un margen de maniobra positivo para garantizar el cumplimiento" del déficit. Es decir, que en caso de desviación acelerará este procedimiento. La Agencia Tributaria es la encargada de realizarlo. Y lo hace de oficio mediante una notificación a la empresa que contiene la propuesta de liquidación. La sociedad dispone entonces de 10 días para presentar alegaciones.

Mientras el Gobierno inicia el proceso, arrecian las voces que creen que aún existen dudas jurídicas sobre si estas desgravaciones pueden ser consideradas ayudas de Estado. Un informe de Miguel Muñoz, socio de EY Abogados, explica que "para tener una resolución definitiva sobre la existencia de ayuda de Estado habrá que esperar a que el Tribunal General de la UE [que juzga los asuntos de Competencia] dicte su nueva sentencia, la cual será susceptible de recurso ante el TJUE. De esta forma, es más que probable que la resolución definitiva de este expediente deba esperar aún varios años".

En la misma línea opina Luis Enrique Rodríguez, socio de Deloitte Legal, quien recuerda que el Gobierno está obligado a poner en marcha el proceso de recuperación de ayudas tras la sentencia del TJUE. Con todo, recuerda que el Tribunal General tiene que volver a pronunciarse sobre si ese régimen fiscal es ayuda de Estado. Lluis Basart, de Auren Abogados, duda de que España pueda recuperar todas las ayudas por la complejidad del proceso legal.

Fuentes empresariales también opinan que resultará difícil que Hacienda recupere esas cantidades, sobre todo porque las empresas han registrado numerosas pérdidas en los años de crisis, lo que les ha impedido beneficiarse de buena parte de las ayudas por el fondo de comercio.