El Ciadi obliga a Argentina a pagar 112 millones a Aguas de Barcelona

Argentina tendrá que pagar 383,6 millones de dólares (348,7 millones de euros) a las empresas Suez Environment, Aguas de Barcelona (Agbar) y Vivendi por haber rescindido el contrato por el que estas compañías, unidas en Aguas Argentinas, suministraban el servicio de agua y alcantarillado a Buenos Aires. El Centro Internacional de arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial rechazó el viernes el recurso del Gobierno argentino contra el laudo de abril de 2015 que ya daba la razón a las empresas europeas.

En dicha decisión de 2015, el Ciadi confirmaba que el Gobierno de Néstor Kirchner no dio un trato “justo y equitativo” a las empresas concesionarias al rescindir el contrato por el que Aguas Argentinas, participada por Suez, Agbar y Vivendi, gestionaba el agua potable y el alcantarillado de la ciudad de Buenos Aires y otros municipios adyacentes. En 2005, las empresas demandaron un aumento de las tarifas, que fueron congeladas con la devaluación de peso en 2002. El Gobierno argentino, por su parte, a cambio del aumento de tarifas, exigía un compromiso de inversiones en mantenimiento y ampliación de la red y en calidad de servicio. Las negociaciones no llegaron a buen puerto y Aguas Argentinas decidió abandonar la concesión a finales de 2005. Después, las empresas participantes acudieron a la justicia y, posteriormente, al Ciadi.

Este organismo de resolución de diferencias sobre inversiones determinó en abril de 2015 que el Gobierno argentino debía pagar 223 millones de dólares (202,7 millones de euros) a Suez, 123,3 millones de dólares (112,1 millones de euros) a Agbar y 37,3 millones de dólares (33,8 millones de euros) a Vivendi en concepto de “pérdidas sobre deuda garantizada”. Las empresas participantes en Aguas Argentinas (Suez tenía el 40% de la sociedad y Agbar el 25%) reclamaban hasta 1.400 millones de euros. El Gobierno argentino solicitó la anulación del laudo.

El recurso argentino contra el laudo, basado en la composición del comité encargado de elaborarlo y en otros defectos de forma, ha sido desestimado, según comunicó el Ciadi en una decisión con fecha del viernes 5 de mayo, en la que desestima todas las peticiones de la Casa Rosada y establece que la parte demandada (Argentina) tendrá que hacer frente a las costas del procedimiento.