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La economía de Argentina no repunta lo esperado y Mauricio Macri busca soluciones poco ortodoxas. La inflación interanual ronda el 40%, la acumulada desde enero supera el 6% y el dólar está más barato que en diciembre pasado. La combinación de alta inflación, dólar bajo y altas tasas de interés ha derrumbado el consumo local –los argentinos hacen fila en la frontera para ir de compras a Chile o Paraguay- y la industria está en crisis. En febrero cayó 6% con respecto a enero y 3,2% si se toma el primer bimestre. El macrismo ha tomado nota de los reclamos de los industriales y prepara una ley de compre nacional que buscará favorecer a los productores locales que participen en licitaciones públicas.

Las compras del Estado representan en Argentina el 5% del Producto Interior Bruto (PIB) y generan el 2,5% del empleo. Como el sector privado no se ha convertido, como esperaba Macri, en el motor del crecimiento, el gobierno puso todas sus fichas en la obra pública. El plan es invertir 200.000 millones de dólares para los próximos 8 años en infraestructura, energía, agroindustria, servicios y tecnología, según informaron desde el ministerio de Producción. Por el momento, el grueso de la inversión pública fue para obras viales. Marzo marcó un récord histórico en consumo de asfalto para carreteras, con más de 53.000 toneladas. Pero el efecto derrame sobre la industria se demora y, por eso, el Gobierno quiere que los contratistas de los proyectos oficiales sean preferentemente argentinos. El compre nacional o compre argentino será, en este caso, una interpelación al Estado, que se obligará a privilegiar a las empresas locales sobre las extranjeras en la adjudicación de los proyectos de infraestructura.

"El objetivo del compre nacional es contribuir con la creación de empleo en la industria y generar capacidades competitivas en sectores estratégicos que puedan luego salir a vender sus productos y servicios a la región y al mundo", dijeron desde el ministerio de Producción. Los redactores del proyecto se inspiraron en normas similares que ya existen en Israel y Estados Unidos, donde los productores locales tienen prioridad en los contratos estatales. “El proyecto establece que cuando se liciten bienes que no son producidos localmente, se establezca un incentivo para que gane aquel proyecto que prevea una mayor integración de piezas producidas en el país. El objetivo es generar acuerdos de cooperación para promover la transferencia de conocimiento y tecnología y que se radiquen más inversiones de gran magnitud en la Argentina”, explicaron desde Producción.

El proyecto argentino contempla que el 12% de las compras del Estado debe beneficiar a las pymes de capitales nacionales y al 8% de las grandes empresas. Para las obras de gran escala, que pueden no estar al alcance de los productores locales, la compañía extranjera que se haga con el contrato deberá contar con un 20% de integración nacional y permitir la transferencia de tecnología a sus eventuales socios argentinos. Los redactores de la ley ponen como ejemplo que en Brasil, principal socio comercial de Argentina, la preferencia del compre nacional alcanza al 25% de los contratos de obra pública.

La ley ingresará al Congreso la próxima semana y es, en todo caso, un paso a contramano de la política de seducción al capital extranjero que promueve Macri desde que asumió en diciembre de 2015. Pero el presidente se ha visto obligado por las circunstancias de un año electoral, en el que se renovará la mitad del Parlamento, a apuntalar a los sectores más golpeados por la política de ajuste que aplica desde hace 16 meses. Por eso el proyecto tiene el apoyo de la Unión Industrial Argentina (UIA). Y en el Congreso sumará votos de partidos opositores, como el Frente Renovador (RN).

José Ignacio de Mendiguren, uno de los principales referentes de RN, es el presidente de la comisión de Industria de Diputados, un puesto que recuerda que en el pasado fue titular de la UIA. “Este instrumento, como lo hacen todos los países desarrollados, permite tener una demanda estable que ayuda a esos pequeños y medianos empresarios que hay que defender”, dice De Mendiguren. “Es una política que alienta el desarrollo. Eso en el largo plazo, porque en el corto plazo le permite neutralizar muchas de las asimetrías que esas empresas tienen con alguien de afuera por el tipo de cambio, las tasas de interés y la presión tributaria local”. La pelea en el Congreso no será por el sí o el no a la ley, sino por la forma. Es de esperar que el antimacrismo quiera elevar aún más las cuotas preferenciales para las empresas argentinas.