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El Gobierno mantendrá la nueva retención del impuesto de sociedades hasta 2018

El PP registra la proposición para reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que será tramitado por vía de urgencia

Soraya Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro tras el consejo de ministros.

El Gobierno en funciones ha aprobado este viernes un real decreto que establece que las empresas que facturen más de 10 millones de euros deberán adelantar a la Agencia Tributaria el 23% de su resultado contable a cuenta del impuesto de sociedades en los pagos fraccionados de abril, octubre y diciembre. La norma entrará en vigor de forma inmediata por lo que las empresas tendrán que realizar el primer pago en las próximas semanas. La medida "no tiene plazo de caducidad", por lo que estará en vigor, al menos, hasta el año 2018, que es cuando el déficit público debe colocarse por debajo del 3% según lo acordado con Bruselas, según recoge Europa Press.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha sido el encargado de presenta la medida una vez que ha sido aprobada por el Consejo de Ministros. "El nuevo sistema no tiene plazo de caducidad, sino que proyectará sus consecuencias hasta que España reduzca su déficit público por debajo del 3%, por lo que hay que mirar hacia 2018, subrayó el ministro". La norma también recoge que los bancos tengan una retención superior del 25%.

La medida afectará a unas 9.000 empresas. El Ejecutivo estima que podrá ingresar unos 8.000 millones adicionales a través de este impuesto cuya recaudación se está desplomando este año como consecuencia de la reforma fiscal que rebaja el tipo nominal del tributo hasta el 25% y suavizaba los pagos fraccionados. El Ejecutivo aprueba la norma para tratar de recuperar parte de la recaudación perdida este año que permita cumplir con el objetivo de déficit del 4,6% fijado por Bruselas.

"Con esta medida conseguimos el objetivo de déficit pero incluyendo las ayudas financieras. En realidad se trata de una medida de liquidez", ha explicado el ministro de Hacienda. Y ha precisado: "Entendemos que no vamos a perjudicar sustancialmente a la actividad económica".

La medida, que ya entrará en vigor para los pagos fraccionados que realizan las empresas en octubre y diciembre, se mantendrá por tanto, al menos tres ejercicios presupuestarios (2016, 2017 y 2018) y afectará a las 9.000 empresas que actualmente facturan más de 10 millones de euros.

Montoro ha explicado que se trata de "restablecer" el sistema de tipo mínimo de pagos fraccionados que estuvo en vigor entre 2012 y 2015 y que se suprimió precisamente este año, si bien en aquella ocasión el tipo mínimo se estableció en el 12% y ahora es prácticamente el doble.

De no hacerlo, explicó el ministro, España no podrá cumplir este año el objetivo de déficit del 4,6% comprometido con Bruselas, dado que la economía española "no se puede permitir" una caída de los ingresos.

Déficit de las comunidades

Por otro lado, el Gobierno ha impulsado una reforma de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, tal y como adelantó EL PAÍS, para que se puedan aprobar los nuevos objetivos de déficit aprobados por Bruselas en una situación excepcional como la actual, con un Ejecutivo en funciones y sin capacidad legal de adoptar una medida de este tipo.

La reforma de esta ley permitirá a las comunidades aprobar oficialmente el objetivo de déficit de este año en el 0,3% del PIB; en lugar el 0,7% que estaba vigente hasta la fecha. Además, también permitirá aprobar las metas presupuestaria del próximo año con el nuevo margen aprobado por Bruselas. Aunque el ministro de Hacienda no ha precisado como repartirá ese margen extraordinario, de dos décimas, que la Comisión ha concedido para suavizar la senda de consolidación fiscal.

"El Gobieno no ha fijado aún la distribución del nuevo objetivo de déficit para 2017. Cuando lo hagamos lo someteremos a consideración de las adminitraciones territoriales" en el Consejo de Política Fiscal, ha explicado Montoro.

El ministro ha explicado que con esta salvedad en la Ley su departamento podrá convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se sientan todas las CCAA para debatir y aprobar los objetivos del año que viene.

Artículo 15 de la Ley de Estabilidad

Para acometer esta reforma, el Gobierno plantea modificar el artículo 15 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que fija el protocolo para fijar y aprobar los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto para el conjunto de las administraciones.

Montoro ha explicado que se introducirá una salvedad para cuando se produzcan dos situaciones excepcionales. Por un lado, que la UE apruebe una nueva senda de estabilidad para España y que al mismo tiempo el Gobierno no tenga capacidad para aprobar esa actualización, como ocurre ahora al estar en funciones.

La modificación se hará a través de una disposición adicional a la norma que dice: "Como consecuencia de una decisión de la UE resultara necesario revisar los objetivos ya fijados y el Gobierno se encontrara en funciones, de conformidad con lo previsto, en el artículo 101.2 de la CE, este podrá adoptar el acuerdo al que se refiere el apartado primero del artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad presupuestaria". En este caso, añade, "dicho acuerdo no incluirá el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado al que se refiere el artículo 30 de la Ley orgánica 2/2012".

La reforma será presentada por el Grupo Popular en el Congreso ya que el Gobierno interino no puede aprobar un proyecto de ley. "Lo que garantiza su vigencia será la votación (en el Congreso)", ha explicado el ministro al ser preguntado si tiene garantías del resto de grupo de que le darán su visto bueno para que sea aprobada en Cortes. "Hemos negociado y dialogado con todos los grupos de la cámara. Desde la presidencia y desde el ministerios hemos contactado en perfecta coordinación con todos los grupos. Por eso tenemos la confianza de que va a ser apoyado. Tendremos mayoría más que suficiente. Pero va a ser aprobado. Es necesario y conveniente hacerlo. No es que nos guste. Hemos encotnrado una buena recepción en los grupos mayoritarios de la cámara.

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