La presión de los barones obliga a Hacienda a convocar el Consejo de Política Fiscal

El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, prevé convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano donde el Estado y las comunidades tratan los asuntos económicos, en las próximas semanas ante la presión de los presidentes autonómicos, que reclaman al ministro las cifras de recaudación de 2017 para poder elaborar sus respectivos presupuestos. Las cuentas regionales comienzan a resentirse del bloqueo político. Los fondos estatales para financiar a las comunidades se están quedando cortos ante la nueva situación.

La presión de las comunidades gobernadas por el PSOE —Andalucía, Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares, Extremadura, Asturias y Castilla La Mancha— ha llevado al ministro de Hacienda a aceptar la convocatoria del Consejo de Política Fiscal. Los consejeros de Finanzas de estos territorios han solicitado formalmente a Montoro que convoque el cónclave para tratar de desbloquear algunas cuestiones que les impiden elaborar los presupuestos de 2017. El artículo 6 del reglamento del CPFF establece que este se convocará cuando lo soliciten al menos una tercera parte de sus miembros. Con la petición de los barones socialistas prácticamente se cumple esa premisa. Algunas comunidades gobernadas por los populares también han pedido, con sordina, aclaraciones al Gobierno en funciones del PP.

Hacienda admite que la reunión se producirá antes de final de mes. Precisa que tendrá carácter informativo porque la situación de interinidad del Gobierno le impide adoptar decisiones presupuestarias como aprobar el techo de gasto, indispensable para elaborar los presupuestos del Estado de 2017. Pero no descartan que pueda ofrecer algún tipo de instrucción o valoración para que las comunidades puedan elaborar los suyos.

En las cartas remitidas a Hacienda, las autonomías reclaman que el próximo Consejo de Política Fiscal (CPFF) tenga principalmente dos asuntos en el orden del día. Por un lado, que se fijen oficialmente los objetivos de déficit y deuda pública para el conjunto de los territorios en el periodo 2016-2019. Y por otro, piden información sobre las entregas a cuenta del sistema de financiación para 2017 así como de la previsión del dinero que las autonomías recibirán por la liquidación definitiva de 2015 —el sistema se cierra con dos años de retraso—.

El problema de las comunidades es que desconocen cuántos ingresos tendrán el próximo año. La mayor parte de sus recursos proceden del reparto del sistema de financiación. Y el Gobierno interino asegura que no puede calcularlos porque no tiene competencia para elaborar el presupuesto de 2017 al estar, precisamente, en funciones.

Algunas como Castilla-La Mancha (PSOE) ha decidido actuar al margen y ha anunciado que aprobará un techo de gasto y que ha realizado su propia estimación de los ingresos que proceden del Estado. Castilla y León (PP) por su parte ha remitido una consulta a Hacienda para ver si puede elaborar los nuevos presupuestos o tendrá que prorrogarlos. Andalucía lo tiene más claro: “Las comunidades autónomas pueden hacer sus presupuestos independientemente de los del Estado”, aseguró hace unos días la consejera de Finanzas andaluza, María Jesús Montero. La mayoría de las autonomías está decidida a aprobar unos presupuestos aunque desconozcan cuánto dinero recibirán el próximo año. Más del 75% de sus recursos proceden del sistema de financiación que reparte el Estado. Madrid (PP), por ejemplo, pretende elaborar unos presupuestos con un fondo de contingencia que le sirva de colchón.

Objetivos de déficit

En cualquier caso, el ministerio tendrá que aclarar cuáles serán los objetivos de déficit y deuda sobre los que las comunidades deben construir las cuentas públicas regionales para 2017. Desde las comunidades socialistas recuerdan que el objetivo oficialmente aprobado para este año es del 0,3% del PIB, una senda que se suavizó en abril al 0,7% pero que aún no está convalidada en el Congreso. Además, el límite actualmente vigente para el próximo es del 0,1% pese a que también se flexibilizó al 0,5%. El diputado socialista Pedro Saura presentó la semana pasada una proposición en el Congreso para instar al Ejecutivo a aprobar el reparto de déficit entre las Administraciones. “Ni el Congreso ni el Senado están en funciones”, remarca Saura.

Bruselas, además, decidió en julio conceder un año extra a España para enjugar el déficit público y suavizó las metas presupuestarias del 3,6% que tenía que cerrar este año al 4,6% del PIB. Por eso las comunidades también se preguntan cómo será el nuevo reparto entre administraciones. Y si obtendrán parte de ese margen extra.