Bruselas se resigna a que España prorrogue los presupuestos de 2017

De las apreturas en julio a la resignación en septiembre: Bruselas asume ya que España prorrogará sus Presupuestos —sin incluir más recortes— ante las dificultades para formar Gobierno. La Comisión canceló las sanciones hace un mes a cambio de duros ajustes para 2017 bajo la amenaza de multas más duras. El Ejecutivo en funciones se agarró a ese espantajo para tratar de forzar un pacto, pero a la hora de la verdad Europa se resigna a alargar el actual impasse, que no tendrá mayores consecuencias. Los recortes llegarán. Pero no ahora.

La democracia tiene razones que las reglas europeas a menudo no entienden, aunque Bruselas acabe aceptando —a regañadientes— que sus exigencias no siempre pueden cumplirse a rajatabla. España se libró por los pelos hace unas semanas de una multa humillante de hasta 2.000 millones de euros por sus continuos incumplimientos fiscales. Con el visto bueno de Berlín, Bruselas retorció al máximo las reglas para evitar estrenar las sanciones con Madrid y Lisboa, pero a cambio exigió duros recortes para otoño con la amenaza de multas aún más duras y supuestamente automáticas. Ese automatismo se ha esfumado como por arte de magia. El otoño se acerca, y la incapacidad de los partidos políticos españoles para formar Gobierno tiene efectos secundarios inesperados: Bruselas se ve obligada a resignarse a que España no presente unas cuentas públicas austeras en tiempo y forma. Y nadie agita la amenaza de las multas.

El 15 de octubre vence el plazo para que España presente unas cuentas públicas que incluyan “acciones efectivas”, el típico eufemismo bruselense que trata de disfrazar los recortes de toda la vida. “Pero un Gobierno en funciones no puede enviar a Bruselas un Presupuesto igual que el que mandaría un Gobierno normal. Como máximo, enviará unos Presupuestos sin cambios de política [es decir, prorrogará los de 2016]. No es la mejor solución, pero no se detecta ningún tipo de nerviosismo en los socios”, dijo ayer un alto funcionario europeo.

El Gobierno español, a través del ministro Luis de Guindos, ha pactado ese parche con la Comisión y el Ejecutivo alemán. Guindos ha informado al comisario Pierre Moscovici y al ministro Wolfgang Schäuble, los dos grandes muñidores de la cancelación de las sanciones en julio, informan fuentes de La Moncloa. Y el Eurogrupo tomará nota en la reunión informal de mañana en Bratislava, pese a que fuentes europeas admiten que hay “dos opiniones en la sala” acerca de la flexibilidad mostrada con España. El jefe del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, capitanea al ala más dura: cuando Bruselas canceló la multa se declaró “decepcionado”, y lidera a los países “que habrían querido una solución distinta, aunque no está claro cuál”, explicó el citado alto funcionario europeo.

Frente a los halcones del lacónico “las reglas son las reglas”, las instituciones europeas y la mayoría de los países han decidido esta vez hacer un ejercicio de pragmatismo. Europa tiene sobre la mesa problemas más acuciantes que el abultado déficit español: el agujero del Brexit, las crisis de refugiados y de seguridad y, una vez más, los coletazos de esa historia interminable denominada Gran Recesión protagonizan un curso político tan difícil como viene siendo habitual. La narrativa europea se desplaza progresivamente desde Bruselas a las capitales. Las elecciones alemanas, francesas y holandesas marcarán el paso a todas y cada una de las respuestas a esa retahíla de problemas que son como el dinosaurio del cuento de Monterroso: cuando despertó, las crisis todavía estaban ahí.

Los halcones afilan las garras

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ganó la primera batalla contra la ortodoxia que exigía en julio multas a España y Portugal por no combatir suficientemente sus déficits fiscales. En aquel momento, los halcones presentes en el Ejecutivo comunitario —el letón Valdis Dombrovskis y el finlandés Jyrki Katainen, entre otros— accedieron a cancelar la sanción con la advertencia de que no habría más clemencia, y bajo la amenaza de la congelación de fondos estructurales si ambos países no toman medidas efectivas.

En pocos días habrá oportunidad de comprobar hasta dónde llega la paciencia del ala dura de Bruselas. Aunque la idea no es del agrado de Juncker, la Comisión debe proponer en las próximas semanas la congelación de entre 1.100 y 1.300 millones de fondos estructurales asignados a España, que no podrá disfrutar hasta que se considere que ha presentado medidas para reconducir sus desequilibrios. La propuesta se trasladará a la Eurocámara, cuya posición no es vinculante. Ni los socialdemócratas ni los populares europeos son partidarios de hacer sangre: el debate en el Parlamento se centra más en la posibilidad de modificar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, con una regla de gasto más simple y menos sujeta a interpretaciones.