Incoherencias fiscales

Somos incoherentes. Queremos pagar poco y, a cambio, disfrutar de una amplia cartera de servicios públicos de calidad y contar con programas de transferencia de rentas generosos. Tributamos poco no tanto porque los tipos impositivos sean más bajos que los del entorno europeo, sino porque existen un mayor fraude y más bonificaciones fiscales de todo tipo; por no hablar de los regímenes especiales favorables para algunos contribuyentes.

En definitiva, el que cumple con sus obligaciones tributarias en régimen general y no tiene derecho a bonificaciones y ventajas fiscales, paga y mucho. Pero como existen tantos coladeros, acabamos recaudando globalmente menos de lo que nos hace falta para sostener un Estado del bienestar a la europea.

Por eso tenemos que tomar decisiones. La primera: escoger entre continuar con la ilusión de que nos sobra recaudación y que podemos seguir aprobando rebajas fiscales por doquier y en todos los niveles de la administración, o asumir que necesitamos una reforma fiscal a fondo, que mejore la eficiencia y equidad del sistema, pero también su capacidad recaudatoria para hacer sostenible el sistema y proporcionar fundamentos sólidos a un irrenunciable proceso de consolidación fiscal que no podemos seguir demorando ad infinitum.

El análisis y las propuestas del grupo de expertos para la reforma fiscal convocados por el gobierno hoy en funciones son un buen punto de partida sobre el que seguir trabajando.

La segunda y vinculada a la anterior, decidir si queremos recortar la cartera de servicios públicos y su calidad o, por el contrario, queremos seguir avanzando en la consolidación de algunos pilares de gasto, como los programas de renta social o la I+D, en los que los déficit actuales son más notables. Porque es verdad que las investigaciones aplicadas muestran que en algunas áreas podemos ser más eficientes en el uso de los recursos públicos. Pero también lo es que hemos recortado mucho y el margen es cada año más reducido.

La última decisión tiene que ver con la calidad del debate público. En concreto, con la cuestión de si seguimos como hasta ahora, con programas electorales inconsistentes y despreocupadamente simpáticos, o los convertimos en documentos susceptibles de (y sujetos a) evaluación experta e independiente de su coherencia económica.

Es verdad que hablar de estas cosas y de esta manera puede aburrir a mucha gente y exigirnos más a todos. Pero los mortales estamos condenados a ocuparnos y preocuparnos de lo prosaico.

Santiago Lago Peñas es director de GEN (Universidade de Vigo)