Andalucía reduce a 20 días el plazo de pago para servicios esenciales

La Junta de Andalucía ultima un decreto por el que reducirá el periodo medio de pago de los servicios públicos esenciales, de sanidad, educación y prestaciones sociales, que constituyen casi el 80% de sus gastos. La consejería de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, rebajará a 20 días el plazo medio del pago a proveedores, frente a los 30 días que establece la normativa estatal. Andalucía es una de las comunidades autónomas que menos tarda en pagar a sus proveedores. En el último informe sobre la morosidad de las administraciones públicas, difundido el pasado lunes, figura que el Ejecutivo andaluz tarda en pagar sus facturas unos 30,55 días de media.

Con esta medida, la Junta pretende reducir aún más el tiempo en que paga las facturas por servicios de mantenimiento, limpieza, suministros, seguridad y vigilancia en colegios y hospitales. Así como de conciertos sanitarios y educativos y los gastos farmacéuticos, uno de los más gravosos para las arcas regionales.

El ejecutivo andaluz establecerá, además, por ley que pagará las subvenciones en un plazo máximo de 45 días. Para cumplir todos estos compromisos establece un sistema de garantía. Para ello creará una "oficina de atención a las personas acreedoras" para ofrecer información a los proveedores sobre el estado en que se encuentra una factura. Además, ofrece la posibilidad a los proveedores de presentar una declaración que obliga a la Administración regional a responder en un plazo máximo de siete días informando sobre la fecha exacta de pago o en su caso podrá emitir una certificación que se podrá hacer efectiva de forma inmediata en cualquier entidad bancaria colaboradora, sin ningún coste ni descuento.

El decreto, que ha iniciado su tramitación, pretende reducir los plazos de pago de más de un millón de facturas al año, por un importe total de alrededor de 6.150 millones de euros. La consejería de Hacienda estima que en el área sanitaria se tramitarán unas 460.000 facturas anuales por un importe de 3.000 millones de euros; en educación unas 560.000 facturas podrán beneficiarse de este nuevo sistema por una cantidad de 1.630 millones, y en el área de servicios sociales serán unas 140.000 facturas por 1.520 millones, según los cálculos presentados por la Junta.

Más transparencia

La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, también prepara un decreto para mejorar el funcionamiento de la tesorería de la Administración regional. El objetivo consiste en reducir el número de cuentas operativas, desde las más de 700 de que disponía el Gobierno autonómico hace dos años, a 10 cuentas operativas como máximo. De esta forma, espera agilizar los pagos y ordenar las operaciones de tesorería.

El decreto también prevé introducir una mayor transparencia, según explica la Consejería de Hacienda andaluza. Para ello, explican, se publicará trimestralmente la información detallada de todos los cobros y pagos realizados diariamente por la Tesorería General de Andalucía, así como el saldo diario de las cuentas bancarias. Todo ello aparecerá actualizado en el Portal de Transparencia.

"En concreto, se ofrecerá información exhaustiva e individualizada de cada uno de los pagos que realice la Tesorería General, que incluirá la fecha, el motivo o concepto del pago (por ejemplo realización de talleres de empleo, gratuidad de libros de texto), el acreedor, el importe, la Consejería o Agencia que ha gestionado la orden de pago, su clasificación orgánica, económica y funcional para que pueda compararse con el presupuesto aprobado y los datos identificativos del expediente contable y de la orden de pago", señalan desde la consejería de Hacienda.