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COLUMNA

Escarnio y eficacia ante el fraude

Las listas desembocan en populismo si no se dota de más efectivos a la Agencia Tributaria

La lista de morosos fiscales ahora publicada y la próxima lista de condenados por delito fiscal a imprimir en el BOE encierran morbo. Este es parte del escarnio, el escarmiento y la ejemplificación, tácticas útiles contra el fraude si se respetan los parámetros básicos de la protección de datos de aquellos quienes son acreedores a la misma.

Pero en solitario, esos recursos, como la guillotina —de papel o en las redes sociales— de los famosos tropezados, podrían caer en populismo de bolsillo. Deben acompañarse de otras medidas más eficaces y de fondo.

La principal es tomar la lucha contra la evasión y elusión fiscal como prioridad auténtica de Hacienda y en consecuencia dotar a la Agencia Tributaria (AEAT) de la estrategia y los medios necesarios.

Estos —dotación de inspectores y consignación presupuestaria— siguen siendo ridículos. España dedica a la persecución del fraude la mitad que Alemania y un tercio que Francia, en términos de porcentaje de gasto sobre el PIB. El ejercicio 2014 acabó con 25.742 empleados, de los que poco más de 5.000 se dedicaban directamente a la inspección.

Históricamente este país destina la mitad de funcionarios por habitante que la media de la UE a esta tarea, cuando su economía sumergida es muy superior al menos a la de los más avanzados. Y son igual número (en los últimos años, declinante) que en 1992, cuando se creó la AEAT y el tamaño de la economía española representaba solo el 40% del actual.

Por eso no es raro que existan más de 50.000 millones de euros pendientes de cobro, y que la recaudación resultante de la lucha contra el fraude haya oscilado entre 2011 y 2014 entre 10.400 millones y 12.318 millones, en dientes de sierra.

¿Qué podemos esperar en este asunto para los próximos años? A juzgar por lo que prometían por escrito los programas electorales, recetas muy variadas. Famélicas, en el caso del PP: de sus 226 páginas solo le dedicaba cuatro frases, con dos ideas: reducir los plazos "entre la declaración de los hechos imponibles y su comprobación"; y que las empresas introduzcan en sus informes de auditoría "una valoración expresa de los riesgos fiscales".

Los otros tres partidos del cuarteto dominante apostaban más. Ciudadanos prometía equiparar la AEAT "en medios humanos, presupuestarios y materiales" a la media de la OCDE, con el propósito de recaudar 6.000 millones al año más, tras aplicar una veintena de nuevas reglas. Podemos postulaba un "incremento gradual del personal", y sin detallar cambios normativos, estimaba que recaudaría 15.000 millones al año adicionales, doblando largamente lo actual pero sin concretar cómo. Y el PSOE ofrecía aumentar en 5.000 empleados la dotación de la agencia en cuatro años —lo que duplicaría el número de inspectores—, agravar el delito fiscal, evitar vacíos, controlar las sicavs y la tenencia de valores extranjeros, y estandarizar la facturación de las pymes, entre otras medidas.

¡Negocien ahora, también, esas cosas!