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Montoro: “Mas no tiene derecho a usar un euro público para sus aventuras”

El ministro de Hacienda reclama a la Generalitat a que cumpla las condiciones para que reciban el FLA. Remarca que las exigencias son de transparencia y de cumplir con la legalidad

Jesús Sérvulo González
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.Sergio Barrenechea (EFE)

"No hay que ponerles velas a nadie hay que poner las facturas en el punto general de entrada de facturas electrónicas del Estado. Es muy sencillo. Que bajen los tonos y se dediquen a pagar la factura", ha lanzado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tras preguntarle qué le parecían las palabras del número dos de la Consejería de Economía de Cataluña, Albert Carreras, quien recomendó a los farmacéuticos catalanes que acumulan una deuda de 330 millones de euros "que pongan una vela a su patrona de referencia para ver si pueden cobrar".

El ministro ha tratado de pasar de puntillas sobre el asunto catalán. Pero mientras que el titular de Hacienda desgranaba los detalles de las cuentas públicas el presidente catalán en funciones, Artur Mas, le acusaba de "jugar con fuego" por las condiciones especiales que ha impuesto a Cataluña para poder acceder al tramo extraordinario del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). "Se está castigando y perjudicando a Cataluña por defender unas ideas pacíficas, democráticas y respetuosas con los derechos humanos y eso me parece de una gravedad muy grande y de una falta de calidad democrática alarmante", le ha acusado el presidente catalán. Montoro cuestionado por estas palabras respondió: "Todo son calificativos. Lo que tiene que hacer (Mas)  es ponerse al día y pagar las facturas cuanto antes". Y añadió: "Hay quien le gusta hacer política desde el victimismo y otros lo hacemos pagando las facturas".

El ministro se ha referido a las condiciones especiales que ha establecido para que Cataluña se acoja al tramo extraordinario del FLA. "Las condiciones que se le han puesto son de transparencia". Y le ha recordado al presidente de la Generalitat: "En España es ilegal las aventuras independentistas. El señor Mas no tiene derecho a utilizar ningún euro de dinero público para su proceso independentista", ha remachado el ministro preocupado porque los dirigentes catalanes no destinen el dinero que el Estado les inyecta para pagar actuaciones secesionistas. "Queremos tener la garantía del uso de los recursos económicos de la Generalitat", ha manifestado.

"Deben de dejarse de tantas declaraciones públicas y cumplir las condiciones que no son tan difíciles. Que son básicamente dos: entrar en el sistema de factura electrónica y el informe de la Intervención sobre el uso de los recursos de la Generalitat", ha abundado.

Durante la conferencia de prensa, programada en paralelo a la que mantenía Mas, el ministro ha insistido en que no perjudica a la Generalitat. Sólo le pide que pague los servicios públicos esenciales de todos los catalanes de sanidad, educación y servicios sociales. Y la reclama que no anteponga gastos dirigidos a otros objetivos políticos. "¿Eso es agredir a alguien?", se ha preguntado el ministro.

El ministro ha asegurado que el Ejecutivo "está deseando pagar las facturas. Es lo que llevamos haciendo durante toda la legislatura con Cataluña y el resto de comunidades que tienen dificultades para pagarlas". Y recordó: "El señor Mas no tiene derecho a utilizar ningún euro de dinero público para su proceso independentista".

Montoro ha asegurado que el Gobierno está en su derecho de controlar el destino del dinero y no cree que deba reunirse con la Generalitat para convencerles de que acepten las condiciones, porque no se trata de negociar, sino de cumplir la ley.

A su parecer, es la Generalitat la que está poniendo "trabas" para que se pague, y debe dejarse de tantas declaraciones públicas y limitarse a cumplir las condiciones para que el Gobierno pueda empezar a desembolsar los tramos.

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Sobre la firma

Jesús Sérvulo González
Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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