Hacienda impone límites a Aragón y Extremadura por su alta morosidad

El Ministerio de Hacienda ha remitido sendas cartas a los consejeros de Hacienda de Aragón y Extremadura en las que les comunica la apertura de un procedimiento corrector para reducir los altos índices de morosidad. Este procedimiento recoge rigurosos límites financieros para estos territorios, que deberán pedir permiso a Hacienda si quieren elevar su deuda o elevar su gasto presupuestario. Además, tendrán que presentarle un plan de tesorería detallado al ministerio esta misma semana. Estas comunidades son las únicas que han incumplido sistemáticamente el plazo de pago a proveedores fijado por la ley en 60 días durante, al menos, 10 meses.

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ya había advertido reiteradamente a Extremadura y Aragón por los incumplimientos de la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que establece un plazo máximo de 60 días para pagar las facturas, y de la ley de morosidad de las Administraciones públicas, cuyo límite es aún más restrictivo, 30 días. Hacienda envió, al menos, dos avisos previos —el 5 y el 26 de marzo— en los que instaba a estos dos Gobiernos autónomos, junto a la Comunidad Valenciana, a adoptar “medidas cuantificadas de reducción de gastos e incrementos de ingresos, u otras medidas de gestión de cobros y pagos que permitieran generar la tesorería necesaria para reducir el periodo medio de pago a proveedores” en mayo o junio.

El último dato publicado sobre el periodo medio de pago, correspondiente al mes de junio, deja en evidencia a los Ejecutivos regionales de Extremadura y Aragón. La Junta de Extremadura tarda en pagar sus facturas 90,75 días, y Aragón 69,81 días. La Comunidad Valenciana, que también estaba bajo vigilancia, ha conseguido reducir el plazo de periodo de pago a sus proveedores a 38,01 días, frente a los 63,19 días.

En Extremadura y Aragón se ha producido un cambio de Gobierno tras las elecciones autonómicas celebradas el pasado mayo. El socialista Guillermo Fernández Vara ha recobrado el poder en Extremadura en detrimento del popular José Antonio Monago. En Aragón gobierna actualmente el socialista Javier Lambán tras derrotar en las urnas a la popular Luisa Fernanda Rudi. El relevo de los Ejecutivos se produjo a finales de junio o principios de julio, por lo que la elevada tasa de morosidad es responsabilidad en mayor medida de los Gobiernos anteriores.

En la carta enviada por Hacienda a estas comunidades con fecha de 11 de septiembre se señala que “persistiendo la superación del plazo máximo de pago durante el plazo establecido, con objeto de cumplir con la ley de estabilidad presupuestaria, se aplicarán medidas automáticas de corrección”.

Hacienda impone así duros límites financieros a estos territorios. Por eso, en cumplimiento de la ley de estabilidad, exige que las modificaciones presupuestarias que conlleven un aumento de gasto requerirán un acuerdo de no disponibilidad de igual cuantía. Además, deberá informar a Hacienda de cada cambio en este sentido para que dé su visto bueno. El Estado también tendrá que autorizar todas las operaciones de endeudamiento. Y por último, ambas comunidades autónomas tendrán que elaborar un nuevo plan de tesorería para cumplir con los límites de morosidad. Las comunidades tendrán que remitir el citado plan y un cuestionario actualizado con las medidas adoptadas antes de final de esta misma semana.

Desde la Consejería de Hacienda de la Junta de Extremadura reconocen la situación, heredada del Ejecutivo anterior. Explican que están a la espera de recibir 248 millones de euros del tramo del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para poder destinarlo a pagar las facturas del SES, el servicio extremeño de salud, donde más retraso acumulan. Y así ponerse al día en el pago a proveedores.