Los hoteleros pasan a la acción contra las viviendas de Airbnb y Homeaway

Exceltur saca toda su artillería contra las viviendas de uso turístico que se alquilan a través de plataformas como Airbnb o Homeaway. La patronal de empresas turísticas, en la que predominan sobre todo las grandes cadenas hoteleras, ha encargado un informe en el que acusa a los alojamientos turísticos de fraude fiscal, competencia desleal, deterioro de las ciudades, empobrecimiento de la economía y otra serie de males. Exceltur acaba solicitando una regulación mucho más estricta para un sector al que desvinculan de la economía colaborativa.

El informe ha sido elaborado por EY España y ha contado con colaboraciones de la firma de investigación de mercados Nielsen y el despacho legal especializado Tourism & Law.

Exceltur señala que la preocupación se extiende a otros sectores turísticos, no solo el del alojamiento. Uno de los mitos que pretende desterrar es que se trate de economía colaborativa, intercambios de viviendas o algo así. "La oferta de alquiler de esas viviendas vía plataformas entre particulares es mayoritariamente un negocio cada vez menos particular y más profesionalizado y en la actualidad sustancialmente más lucrativo que los arrendamientos tradicionales", sostiene el informe.

Tras analizar más de 300.000 plazas, solo un 7% correspondía a viviendas de intercambio, mientras que el 93% era con contraprestación económica. Además, cerca de la mitad de la oferta pertenece a empresas o propietarios con más de un piso. Y el informe añade que los precios son más altos que en los alquileres residenciales, con lo que tampoco se trata de un negocio asimilable al concepto de compartir gastos.

El informe señala que tres plataformas concentran casi dos tercios de la oferta de servicios de alojamiento turístico en viviendas de alquiler intermediadas por internet: Airbnb (27%), Homeaway (24%) y Niumba (14%). En Barcelona, Málaga, Alicante y San Sebastián es donde más ha calado el modelo y la oferta de este tipo ya supera a la reglada, según el estudio, que señala que el 48% de la oferta de alojamiento turística urbana ya corresponde a viviendas de alquiler comercializadas por plataformas P2P.

EY señala que esa fuerte presencia encarece los precios en los barrios más céntricos o turísticos de las ciudades y expulsa a sus residentes. Asegura que en los distritos turísticos de los 12 mayores destinos urbanos españoles ya hay una vivienda dedicada al alquiler turístico de cada 12 y que eso provoca incomodidades como ruido, suciedad, inseguridad y envejecimiento de los edificios.

El informe pagado por la patronal de las grandes empresas turísticas asegura que esas viviendas turísticas para cortas estancias no atraen nuevos segmentos de turistas, aunque emplea para justificarlo un perfil de edades, estudios y actitudes, más que uno económico. También señala que su contribución en términos de renta y empleo es muy inferior a la de los establecimientos reglados porque "el turista gasta menos en el alojamiento en alquiler y lo que ahorra no lo gasta de más en el destino".

Acusaciones de fraude

EY carga contra las viviendas turísticas por el fraude: "Una parte relevante de esta oferta pertenece a la economía sumergida y tiene tratamientos fiscales no contributivos", dice su informe. Calcula que las rentas pueden ascender a 2.054 millones de euros anuales. E indica que "si ninguno de estos propietarios estuviera declarando los ingresos obtenidos", una premisa sorprendente, con un tipo medio del 21% estaríamos ante un potencial fraude cercano a los 432 millones anuales. Además, critica que el alquiler entre particulares esté exento de IVA, a diferencia de los establecimientos reglados, lo que podría añadir otros 367 millones de recaudación.

Exceltur también critica la falta de seguridad y de garantías de higiene y salud y, en general, la falta de regulación y protección de derechos básicos del consumidor. Esa diferencia de regulaciones y de tributación provoca, según el informe, competencia desleal con los alojamientos reglados como pensiones, hostales, hoteles o apartamentos turísticos reglados, que cuantifica en 17,2 euros de media por plaza. Pero además, según Exceltur, la poca regulación que hay tampoco se cumple.

Por eso, la patronal de grandes empresas turísticas reclama que se tomen medidas más drásticas como ya está ocurriendo en otros países del mundo y cita algunos ejemplos de Nueva York, Miami, París, Roma, San Francisco, Ámsterdam o Chicago.

Un decálogo de propuestas

El informe acaba con la conclusión de que ha faltado "voluntad institucional" para realizar una regulación más estricta y exigir su cumplimiento. Y realiza 10 recomendaciones, que a veces su subdividen en varias, a las diferentes Administraciones.

Entre ellas está imponer un IVA del 10% a esta actividad y vigilar que se declaran los ingresos de alquiler en el impuesto sobre la renta, establecer certificaciones (similares a la ITV de los coches) para las viviendas que se ofrezcan y exigir la identificación de los clientes para notificarla a la policía, igual que se hace en los establecimientos reglados.

También piden que en las viviendas de alquiler de uso turístico se establezcan garantías de seguridad al turista como plan de emergencias, seguro de responsabilidad civil, alumbrado de emergencia, extintores, medidas de desinfección y similares.

Igualmente, Exceltur propone que se garanticen derechos de información al turista, con medidas como publicitar de forma clara el precio y características, facilitar una guía sobre uso de las instalaciones básicas o facilitar hojas de reclamaciones. También propone regular un mínimo de dotaciones de calidad básica de las viviendas.

A las entidades locales, Exceltur les propone exigir una licencia de actividad económica y fijar unas zonas restringidas en que se pueden prestar los servicios de alojamiento turístico.