Bruselas impone a España la primera multa europea por falsear el déficit

Grecia falseó su déficit durante años: mintió una y otra vez para ocultar sus agujeros fiscales. Y algo parecido hizo la Comunidad Valenciana desde 1988, durante los mandatos de Joan Lerma (PSOE), Eduardo Zaplana (PP) y Francisco Camps (PP): la Comisión Europea le sacó ayer los colores a España al imponer la primera multa europea por falsificación de estadísticas. Bruselas considera probado que la intervención general de la Comunidad Valenciana manipuló de manera sistemática los datos de déficit y deuda pública al omitir considerables gastos sanitarios. Por esa "negligencia grave", el brazo ejecutivo de la Unión propondrá al Ecofin —los ministros de Economía de los Veintiocho— que aprueben una multa millonaria, de casi 19 millones de euros.

La Comisión estrena así, con España, una nueva normativa europea aprobada después del escándalo de maquillaje contable en Grecia. Y Madrid se libra de una multa mayor casi de milagro: Bruselas solo sanciona a España por las irregularidades de 2011, a partir del momento en que se activó la legislación. Sin embargo, la Comisión subraya en un duro informe que la Comunidad Valenciana manipuló de forma sistemática sus estadísticas oficiales durante más de 20 años. Envió datos incorrectos al Gobierno central minusvalorando el gasto sanitario para reducir su déficit mediante esa obra de ingeniería contable. Ese lío empezó a descubrirse en 2012, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy revisó al alza varias décimas el déficit por correcciones en las cifras de Comunidad Valenciana y Madrid. Eurostat (la agencia estadística de la Unión) envió misiones para investigar lo sucedido, y la Comisión abrió el año pasado una investigación formal que se cierra ahora con un sonoro revés a España.

Factores atenuantes

Si en Madrid solo se vieron errores puntuales, con Valencia se detectaron “al menos negligencias graves”, según las conclusiones del informe. Bruselas no ve, sin embargo, voluntariedad en esas prácticas, pese a que la comisaria Marianne Thyssen pasó ayer casi de puntillas por ese asunto. El responsable de la intervención general valenciana, Salvador Herrándiz —auditor actualmente del Tribunal de Cuentas de esa comunidad— achacó en su día todos los problemas del agujero (en torno a 1.800 millones de euros) al departamento de Sanidad. La multa podría haber ascendido hasta 2.000 millones de euros, el 0,2% del PIB español. Bruselas la fijó finalmente en 94,65 millones de euros, pero ha tenido en cuenta una serie de factores atenuantes —básicamente, la cooperación de las autoridades españolas y el hecho de que ya en 2012 se puso fin a las malas prácticas— para limitar el importe a los 18,93 millones definitivos.

El Ecofin deberá aprobar la sanción por mayoría cualificada, y a partir de ahí está por ver quién paga. El Ministerio de Economía descarta que sea el Estado quien abone esa cuantía, pero el Ejecutivo de Alberto Fabra (PP), en plena campaña electoral y en medio del escándalo de corrupción protagonizado por el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, se resiste.