El Gobierno espera equilibrar las cuentas públicas en 2018

España tardará en total 11 años en acabar con el déficit que comenzó a generar en 2008. Eso es lo que espera el Gobierno, que prevé lograr el equilibrio presupuestario en 2018, cuando aspira a reducir la brecha entre gastos e ingresos públicos a un mínimo 0,3% del PIB, según los pronósticos del Programa de Estabilidad 2015-2018 aprobado este jueves por el Consejo de Ministros que el Gobierno remitirá a Bruselas.

El camino emprendido por los diferentes Gobiernos para tratar de embridar el déficit —que alcanzó su máximo en 2009 cuando se disparó hasta el 11% del PIB— ha estado salpicado por un reguero de ajustes: recortes drásticos del gasto público y subidas de impuestos. La crisis y las políticas seguidas para combatir sus efectos sobre las cuentas públicas ha transformado el panorama de las administraciones españolas, ha perjudicado al estado de bienestar y ha moldeado una sociedad más desigual.

El Gobierno fía ahora el empujón definitivo a la reducción del déficit público al aumento de los ingresos, azuzados vivamente por el crecimiento económico. Augura un aumento del PIB nominal del 4,6% dentro de tres años, lo que considera que engordará notablemente los ingresos tributarios a pesar de las rebajas de impuestos previstas para el próximo año. Además, dentro de tres años las comunidades autónomas tendrán que acabar con los agujeros en sus cuentas públicas. La Seguridad Social registrará un ligerísimo desfase de una décima y la Administración Central, una desviación presupuestaria de solo dos décimas.

El Plan de Estabilidad, que establece las líneas maestras de la política económica para el próximo trienio, recoge una paulatina reducción del gasto público desde el 43,6% del PIB del año pasado al 38,4% en 2018. El Ejecutivo apenas incluye grandes recortes en el documento, porque espera que el mero crecimiento del PIB reduzca la ratio —si sube el PIB y el gasto se mantiene constante, este pierde peso específico—. De esta forma, aspira que el gasto pese menos proporcionalmente sobre la economía española. La fórmula final será una reducción del gasto público de casi nueve puntos en seis años: desde el 47,3% del PIB registrado en 2012 al 38,4% en 2018.

España se resiste a aumentar el gasto público al nivel de la media de la UE, en el entorno del 48%, según Eurostat. El techo del gasto público de la economía española está condicionado por el nivel de ingresos. El sistema fiscal español está agujereado por el gran número de deducciones y bonificaciones —que tienen cierto tinte político— así como por enorme fraude, reflejo de la pesada economía sumergida que soslaya parte de la sociedad española. El plan remitido a Bruselas deja el nivel de ingresos públicos en el 38,1%, unos siete puntos menos de la media europea (45%). Y deja la lucha contra el fraude como uno de los grandes desafíos de las autoridades españolas.

La reducción del déficit y el vigoroso crecimiento económico esbozado por el Ejecutivo en el Plan de Estabilidad permitiría reducir la deuda. El Gobierno estima que el endeudamiento de las Administraciones Públicas españolas alcanzará este año su cota máxima hasta llegar al 98,9% del PIB. Ese es el pronóstico que realiza el Gobierno en el Plan de Estabilidad 2015-2018, en el que proyecta que el pasivo de las Administraciones —Estado, comunidades autónomas, Ayuntamientos y Seguridad Social— se reduzca paulatinamente hasta el 93,2% dentro de tres años, cuando aún será más del doble que antes de la crisis: el endeudamiento público apenas alcanzaba el 35.5% del PIB en 2007.

La deuda pública constituye uno de los grandes lastres de la economía española. Es el termómetro del que se sirven los mercados para evaluar periódicamente la salud de las cuentas públicas españolas. Por eso, muchos de los esfuerzos de las Administraciones Públicas han consistido en poner coto al aumento rampante de la deuda en los últimos años. El Gobierno confía en que el crecimiento económico le ayude a atajar este coágulo que tapona el sistema financiero.

A partir del próximo año comenzará a disminuir la deuda gracias “al ahorro del sector público y el desapalancamiento del sector privado mantienen la deuda exterior neta en una senda de sostenibilidad”, según explicó ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante la presentación del plan. La reducción de la deuda permitirá también rebajar la factura de los costes financieros. Las administraciones públicas se han visto atrapadas durante la crisis en la trampa de la deuda, porque los esfuerzos que hacían para reducir los gastos corrientes eran laminados por el aumento de los costes financieros.

El Ejecutivo proyecta, en el documento que remitirá a Bruselas, que el gasto de los intereses de la deuda se reduzca desde el 3,3% del PIB en 2014 hasta el 2,5% dentro de tres años. En realidad, la cantidad en euros que las administraciones destinen a pagar la deuda apenas se reducirá pero si lo hará el peso específico sobre el PIB.