Es la hora del rescate social

Casi un tercio de la población española está condenada a vivir en la pobreza o la vulnerabilidad permanente. Joaquín Estefanía explicaba así, el lunes, la cara oscura de la recuperación. Lean “El 30% se ha quedado atrás”, si aún no lo han hecho.

Es un (dramático) diagnóstico de la desigualdad, la pobreza y la exclusión social, lacras que no solo preocupan a los buenistas y a los rojos, debieran inquietar a todos, porque también dañan la eficiencia económica y perjudican a la estabilidad del sistema. A ese retrato le ha seguido una propuesta, quizás la mejor que han producido las burocracias sindicales de CC OO y UGT en años, para sacar de la cuneta de la exclusión a los derrotados por la crisis.

Ambos sindicatos lanzaron el mismo lunes una iniciativa legislativa popular: si logra medio millón de firmas, el Congreso deberá considerarla (art. 87.3 de la Constitución). Pretende amparar a un mínimo de dos millones de personas —el núcleo duro de los desamparados— que han agotado las prestaciones del desempleo, y otras.

El coste de este rescate social (a un mínimo de 426 euros mensuales) es muy notable en términos absolutos (unos 11.000 millones anuales) pero algo más manejable en términos relativos (el 1% del PIB).

Lo interesante de esta propuesta es que se ha diseñado sobre estándares de responsabilidad, individual y colectiva. Es decir, que la nueva “renta mínima” o “prestación de ingresos mínimos” no sería una mera “repartidora” gratuita e incondicional. Los beneficiarios deberían cumplir una serie de condiciones: de residencia (seis meses, mínimo), voluntad de trabajar (estar inscritos en los registros de desempleo), y carencia de recursos de otro tipo.

La idea conecta con la propuesta del PSOE de afrontar “las situaciones de necesidad que se producen una vez se agotan las prestaciones”, yendo hacia una cierta “renta básica” (Conferencia Política, noviembre de 2013); o establecer una “garantía de ingresos, vinculada a la activación para el empleo, que permita garantizar unos mínimos de subsistencia a todos los ciudadanos” (la número 60 de sus “130 Medidas”).

Esas propuestas de “renta mínima” nacen de una misma inquietud social que las fórmulas de “renta básica universal”. Pero difieren en que se concentran en quienes las necesitan, y en que exigen requisitos. Por el contrario, la “renta básica” se otorgaría a todos los ciudadanos sin excepción: de Ana Patricia Botín al último mendigo. Solo que al final, en el IRPF, Ana Patricia se pagaría la suya y las de unos cuantos más, por aumento de la presión fiscal.

La presión fiscal global debería dispararse, en esa hipótesis. El programa inicial de Podemos (que se está revisando) incluye esa fórmula (punto 1,12). Su dirección evalúa el coste entre 145.000 y 257.000 millones (del 15% al 25% del PIB), y para obtenerlos, en el mejor de los casos habría que duplicar la recaudación.

El coste es desmesurado, para las ventajas que suponen al sistema sus teóricos: menor gasto administrativo, protección para absolutamente todos, transparencia (ver el sugerente “Renta básica”, dirigido por Daniel Raventós, Ariel, 2001). Y conlleva otros graves problemas potenciales: erosiona la cultura del esfuerzo, desincentiva la búsqueda de empleo. Pero merece la pena discutir estas cosas. Y mejor, sin gritos.