Castilla y León elevará el informe fantasma sobre los intrusos del carbón

La Junta de Castilla y León tiene previsto reclamar este lunes el informe sobre un fraude de intrusos en las cotizaciones del carbón que realizaron sus funcionarios y que duerme en un cajón desde hace seis años. Según un portavoz, el ejecutivo de autonómico enviará después el documento a quien sus servicios jurídicos determinen que son competentes para estudiar el fraude, previsiblemente la Seguridad Social o el Ministerio de Industria.

La Junta de Castilla y León reaccionó ayer al informe desvelado por EL PAÍS sobre “las anomalías detectadas en la asignación de coeficientes reductores en la contratación laboral en la empresa Alto Bierzo” de marzo de 2009.

El documento afirma que esa empresa, propiedad del presidente de la Cámara de Comercio de León, Manuel Lamelas Viloria, daba de alta a directivos, oficinistas y camioneros como si fueran mineros de interior, lo que les permite prejubilarse mucho antes, incluso con 42 años, y hacerlo con cargo a Industria.

Este portavoz de la Consejería de Economía señaló que el director general de Energía, Ricardo González Mantero, conoció la existencia del informe el viernes, cuando este diario preguntó por él para confirmar su veracidad. El documento, de ocho páginas, fue hallado entonces sin sello de registro de entrada en la delegación territorial de la Junta en León.

Fuentes del Ejecutivo autonómico apuntan al entonces delegado de la Junta en la provincia y ahora diputado nacional y presidente del PP en la provincia, Eduardo Fernández, pero este niega que lo conociera. El director general de Energía ha pedido que el informe se le envíe este lunes y que conste en el registro la fecha actual, porque insiste en que no lo ha conocido hasta ahora.

El informe señala que en el plan de labores, el documento que la empresa entrega a Industria sobre la carga de trabajo, figuran 219 hombres y dos mujeres. Sin embargo, en el documento de seguridad y salud hay 424 trabajadores, 109 más, lo que apunta a que inflaban la plantilla para lograr más prejubilaciones. El informe señalaba que la simulación el aumento de personal de interior de forma ficticia y otras prácticas que describe podían “ser constitutivas de fraude a la Seguridad Social”.

Por eso recomendaba “poner estos hechos en conocimiento del Servicios de Inspección de Trabajo y Seguridad Social y del Ministerio de Industria lo antes posible para que en base a una investigación más completa adopten las medidas que consideren procedentes”.

Los técnicos pedían en 2009 trasladarlo al Gobierno “lo antes posible”

Alto Bierzo SA ha negado las acusaciones y defiende que su personal de oficinas no ha cotizado como personal de interior del pozo. Sí admite que hijos del dueño y directivos con sueldos de hasta 7.200 euros al mes están prejubilados con cargo a Industria y defiende que tenían derecho porque en ocasiones bajaban a la mina.

La Junta resalta que no tiene competencias para analizar las cotizaciones a la Seguridad Social. Sus servicios jurídicos decidirán si el informe debe ser enviado a la Seguridad Social, a la Inspección de Trabajo, ambos dependientes de Empleo, o al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y el Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, del Ministerio de Industria, que es quien finalmente paga. Este organismo tiene presupuestados solo para 2015 un total de 217 millones a prejubilaciones, pero desde hace un mes se niega a dar detalles a este diario de cuánto es la pensión media y cuántos beneficiados hay, entre otros datos.

Industria apunta a Empleo como responsable de llevar el control

Aunque el informe habla solo de Alto Bierzo, en las cuencas mineras hace mucho tiempo que están extendidos los comentarios sobre gente que se prejubila joven sin haber pisado la mina. El presidente de Carbones Arlanza, de la Sociedad Deportiva Ponferradina y directivo de una veintena de empresas, José Fernández Nieto, cotizó como picador entre 2008 y 2009 en la empresa rival Uminsa. También figura como picador en el listado al que ha tenido acceso este diario su hermano mayor, Silvano Fernández Nieto Rey, exactamente en las mismas fechas.

La prejubilación máxima es de 2.500 euros al mes incompatible con otra remuneración, aunque en la práctica apenas se controla si los prejubilados tienen otra ocupación.

El caso del informe fantasma revela los escasos controles. Los actuarios de Minas son los que controlan las condiciones de seguridad y salud en las minas. Pero ellos no tienen acceso a los coeficientes reductores de la edad de jubilación ni a los datos de la Seguridad Social.

La Seguridad Social tampoco paga las prejubilaciones. Lo hace Industria a través del conocido como Instituto del Carbón. Industria resalta en un correo electrónico que este “instruye los correspondientes expedientes administrativos para garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la normativa, de acuerdo con los datos emitidos por la Tesorería de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, dependientes del Ministerio de Empleo”.

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