Personal del HSBC creó empresas para clientes españoles en paraísos fiscales

La Agencia Tributaria española atribuye al HSBC su participación directa en la creación y control de sociedades pantalla en paraísos fiscales “constituidas para ocultar aún más la verdadera identidad del titular de los fondos y evitar así la aplicación de la Directiva Europea del Ahorro de 2005”, que implicaba el pago de impuestos sobre los rendimientos de las cuentas o la identificación del titular.

En un informe redactado a finales de 2011, los inspectores fiscales apuntaron "la posible comisión de delitos de blanqueo de capitales por parte del HSBC, lo que aconseja su análisis e investigación conjunta, pudiendo incluso ser competente para su conocimiento la Audiencia Nacional". La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado sostuvieron que no se podía actuar contra el HSBC por “falta de jurisdicción” ya que los supuestos delitos se cometieron fuera de España.

Esos delitos se llevaron a cabo a través de la sociedad First Corporate Director Inc, que participó como mandataria de empresas domiciliadas en paraísos fiscales cuyos propietarios efectivos eran “grupos familiares españoles no relacionados entre sí”, según la Agencia Tributaria. First Corporate fue la sociedad utilizada por el HSBC a partir de 2005 para la gestión y administración de empresas pantalla domiciliadas en paraísos fiscales con el objetivo de que sus clientes eludieran el pago de impuestos obligado por una Directiva Europea del Ahorro que empezó a aplicar Suiza ese año.

Tras recibir de Francia los documentos que sacó Hervé Falciani de la filial suiza del HSBC en la que trabajaba, la Agencia Tributaria española recabó de algunos de los supuestos evasores fiscales documentación que demostraba “la creación de firmas en las Islas Virgenes Británicas y con domicilios en Zúrich y Ginebra con idéntica dirección que HSBC Trust Services”.

En la primera mitad de 2005, según la investigación de Hacienda, el HSBC empezó a ofrecer a sus clientes “la apertura de un nuevo PIC, persona jurídica o estructura fiduciaria, generalmente constituida en un paraíso fiscal, para transferirle los fondos y evitar así los efectos de la aplicación de la Directiva Europea del Ahorro”. “En los meses anteriores a la entrada en vigor de esa directiva, son frecuentes los casos de personas físicas que figuraban como titulares de las cuentas suizas del HSBC que las han cerrado y traspasado sus saldos a otras cuentas en el mismo banco cuyo titularidad formal corresponde a personas jurídicas radicadas en paraísos fiscales”, señala Hacienda.

Anticorrupción y la Abogacía del Estado sostuvieron que no se podía actuar contra el HSBC

Los inspectores de la Agencia Tributaria descubrieron que First Corporate tenía un elevado número de mandatarios (hasta 55) de los que al menos 13 “figuran como empleados de HSBC, mientras otros 32 son, o fueron apoderados de HSBC Repúblic Trust Services (Suisse) AG o sus sucesivas denominaciones”, según la documentación recabada del registro mercantil suizo.

El informe, incorporado al sumario del caso Gürtel dado que alguno de los evasores fiscales formaban parte de la trama corrupta, señala también que el HSBC pudo utilizar despachos de abogados, “como es el caso de Mossack&Fonseca, para la constitución de sociedades pantalla en paraísos fiscales a favor de sus clientes”.

Uno de los españoles afectados por la investigación de Hacienda declaró que nunca se puso en contacto con ese despacho porque fue directamente el HSBC "quien gestionó todos los trámites".

La inspección abierta por la Agencia Tributaria descubrió como, a raíz de los archivos que Francia facilitó a España con la lista Falciani, el HSCB alertó a sus clientes españoles sobre "la información cuya seguridad había quedado comprometida (patrimonio, visitas a la entidad, llamadas telefónicas…)" y la que se mantenía secreta. La Agencia Tributaria guarda copias de estas comunicaciones del HSBC a sus clientes sobre la fuga de información.

También cuentan los inspectores españoles con documentación oficial del HSBC que incluye las facturas pagadas por los clientes de los servicios que prestaba la filial suiza para constituir y administrar la sociedad pantalla en paraísos fiscales con las que se podía eludir el pago de impuestos.