Bruselas pedirá menos ajuste a Italia y dará más tiempo a Francia en marzo

Una señal política de primera magnitud escondida en un documento técnico y farragoso: Bruselas en estado puro. La Comisión Europea hizo este martes un claro guiño destinado a dar algo más de aire a Francia e Italia, dos de las mayores economías del euro, en graves problemas desde hace tiempo y con amenazantes avances de partidos extremistas. El brazo ejecutivo de la UE lanzó el documento que fija la flexibilidad de las sacrosantas reglas fiscales europeas, para evitar el sinsentido de tener que hacer ajustes draconianos en medio de una crisis oceánica. El informe, que adelantó EL PAÍS, fija negro sobre blanco la posición alemana: hay margen en la normativa actual y se usará “con determinación”, pero siempre “dentro de las reglas existentes”, sin cambiar una sola coma de los tratados. Las fuentes consultadas, sin embargo, ven en el documento dos signos rotundos: Italia debe hacer algo menos de ajuste y podrá beneficiarse del mejor tratamiento fiscal de las inversiones; y Francia tendrá tres años más para cumplir la meta del 3% de déficit siempre que active un plan de reformas antes de marzo.

Eso supone un soplo de aire fresco para la segunda y la tercera economías del euro, metidas en un estancamiento que va para largo, con dificultades fiscales y en medio de un proceso lleno de escollos para aprobar las reformas mil y una veces retrasadas. Pese a las presiones de los países acreedores y al evidente disgusto de algún Estado periférico —como Portugal, que ve en el tratamiento a los grandes la suavidad que no hubo para los pequeños, o España, que lo acepta a regañadientes—, la Comisión dio un puñetazo en la mesa en noviembre y concedió tiempo hasta marzo a Roma y París para que hicieran sus deberes: algo de ajuste fiscal y un plan de reformas creíble. Ahora Bruselas da continuidad a ese enfoque, con el objetivo declarado de lograr una política fiscal neutral —tras un lustro de austeridad— en el conjunto de la eurozona que no ahogue la incipiente y frágil recuperación.

Hollande debe presentar un plan ambicioso de reformas antes de la primavera

Bruselas reclamaba hasta ahora un ajuste anual del 0,5% del PIB a Italia —unos 8.000 millones de euros— para evitar incumplimientos derivados de su abultado endeudamiento. Con las nuevas guías de flexibilidad, el Gobierno de Renzi deberá acometer la mitad de ese esfuerzo en virtud de su peliaguda coyuntura económica, siempre rayando la recesión. Además, Bruselas facilita a Roma la aplicación de la cláusula de inversiones, que no computarán en los objetivos de déficit. Hasta ahora, para no apuntarse déficit con las inversiones, se requería una situación general negativa en la economía de la eurozona y el cumplimiento de la regla de la deuda (que persigue reducir en un periodo de 20 años el endeudamiento público hasta dejarlo en el 60% del PIB). Esas dos exigencias desaparecen ahora en favor de otras condiciones, lo que favorece directamente a Italia si acomete proyectos cofinanciados con la UE.

El caso de Francia es menos claro. Está abocada a incumplir sus compromisos fiscales en 2014 y 2015 y debe aplicar recortes del 0,5% del PIB, que equivalen a más de 10.000 millones. Nada de eso ha cambiado con la flexibilización de las reglas fiscales. Pero las fuentes consultadas aseguran que la fijación de una “cláusula de reformas” —que permite aplicar la flexibilidad si se acometen reformas estructurales— puede beneficiar a París. Francia podría obtener hasta tres años adicionales para dejar el listón del déficit en el 3% del PIB, según fuentes europeas, siempre que presente antes de marzo un plan de reformas “creíble, muy detallado y con fechas límite bien especificadas”. En 2013 ya obtuvo dos años adicionales, que no sirvieron de mucho.

Las autoridades comunitarias no ven urgente alargar el calendario español

Independientemente de ese tiempo extra —que llegará con toda probabilidad, pero cuyos plazos dependen también de la ambición de las reformas—, la duda con Francia es si dar un paso más en el brazo correctivo del pacto (el que se aplica a los países con déficits superiores al 3%). Eso podría llegar a suponer sanciones, siempre que Bruselas considere que París no hace lo suficiente.

A España le afectan muy de refilón las novedades: quizá pueda beneficiarse del mejor tratamiento fiscal de las inversiones en proyectos cofinanciados; poco más. Bruselas considera que el cumplimiento de las metas de déficit entraña riesgos en el caso español, por las rebajas fiscales prometidas por Madrid pero sobre todo porque la Comisión vaticina una salida de la crisis mucho menos optimista que el Gobierno. Aun así, “no hay ninguna urgencia para extender los plazos en el caso de España”, cierran fuentes comunitarias.