Entonces, ¿por qué no hay crédito?

Hace tres semanas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) dictaminó: el 70% de la banca europea está débil para conceder créditos a las empresas y a las familias, lo que dificultará aún más la recuperación económica. Más de 600.000 millones de euros después, inyectados en las entidades financieras de la zona euro para rescatarlas (la UE acaba de incrementar a 1.000 millones de euros sus contribuciones para combatir el Ébola en los países más afectados de África), los bancos de la región son “como un paciente al que el médico le dice que ya no está enfermo, pero que es un atleta y tiene que correr un maratón, y que para eso no está recuperado del todo” (José Viñals, responsable del área financiera del FMI).

Algo parecido, aunque con mayores dosis de optimismo en la comunicación, es lo que ha dicho el Banco Central Europeo (BCE), tras realizar las pruebas de solvencia y de calidad de los activos de las principales entidades de la zona euro. No ha habido apenas sorpresas sobre lo que se esperaba. Sin embargo, por un momento al menos, el balón ha vuelto al área de los bancos después de que no se sabe mediante qué juegos de artificio se pasase de crisis financiera a crisis de la deuda. Estos exámenes han devenido en elemento clave para diseccionar la solvencia de los bancos y la credibilidad del examinador, el BCE, que la semana que viene asumirá sus nuevas funciones como supervisor único de las entidades que tengan más de 30.000 millones de euros en activos o superen el 20% del PIB del país al que pertenecen.

La reputación del BCE en este terreno es un elemento central de la operación, toda vez que de las anteriores pruebas de resistencia bancaria en Europa (el primero que las hizo públicas fue EE UU) se desprendió una enorme desconfianza sobre las mismas y sobre quien las practicaba: en 2010, el Comité Europeo de Supervisores Bancarios examinó a 91 entidades: entre las aprobadas estaban las irlandesas que hubieron de ser rescatadas meses después, así como las españolas —incluida Bankia— que pronto hubieron de transitar por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para sobrevivir. Hubo que repetirlas.

Los bancos españoles han superado con holgura, en general, los exámenes de Draghi, y entran en una nueva fase. El sistema no padeció los productos tóxicos ni las hipotecas subprime que condicionaron al norteamericano, pero sus tripas estaban llenas de ladrillos que fueron sus armas de destrucción masiva. Quebraron diversas entidades de ahorro (Castilla-La Mancha, Cajasur, Catalunya Caixa, Novagalicia, Banco de Valencia, Bankia…), lo que ayudó a destruir esa parte tan consolidada del sistema que eran las cajas y facilitó la oligopolización del sector. Se topó con falta de regulación, errores de supervisión, presiones políticas, mala gestión y —ahora lo sabemos bien— la codicia de quienes antepusieron sus intereses personales a los de las entidades que llevaron a la ruina (véase el libro Anatomía de una crisis, de Aristóbulo de Juan, Francisco Uría e Íñigo de Barrón, editorial Deusto, subtitulado expresivamente “Cómo la mala gestión y la injerencia política cambiaron la vida de todos y provocaron el rescate financiero”).

Hubo de sanearse por valor de casi 250.000 millones de euros desde que comenzó la crisis. Y tuvo que sufrir la intervención de la troika a través de un memorando de condiciones obligatorias de cumplir por todos los ciudadanos, a cambio de una póliza de crédito europea de 100.000 millones para los bancos, de la que se utilizó aproximadamente la mitad.

Despejadas las dudas por parte del BCE, la cuestión es si la política monetaria se trasladará al crédito necesario para que la recuperación supere la anemia en la que está instalada, o la razón estará más bien de parte del FMI.

Según el Banco de España, el saldo crediticio a empresas y familias se ha reducido en alrededor de 500.000 millones de euros desde el año 2008. Sólo cambiando la tendencia se podrá afirmar con rigor que se ha superado la crisis financiera más importante de los últimos tiempos, y los bancos tendrán legitimidad para volver a ejercer la función para la que fueron creados: prestar.