La justicia europea considera ilegales las ayudas fiscales a Navantia en Ferrol
El Tribunal de Luxemburgo considera que la exención del IBI en la localidad gallega podrían ser ayudas públicas ilegales
El Tribunal de Luxemburgo considera ilegales las ayudas públicas a Navantia en Ferrol (La Coruña). La justicia europea ha fallado este jueves que la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que se otorga a la empresa pública en el municipio gallego puede constituir una ayuda de Estado, tal y como señalan los Tratados de la UE. Al tratarse de una consulta prejudicial, la sentencia aclara que corresponde al juzgado de Ferrol que lleva el caso comprobar, con los detalles en la mano, si es o no ayuda de Estado.
El caso se remonta al año 2001, cuando el Estado español puso a disposición del astillero público una parcela situada en la ciudad coruñesa. En el año 2008, Navantia y la administración central solicitaron al ayuntamiento de Ferrol la exención del IBI, que hasta entonces ascendía a poco menos de 600.000 euros. El concello ferrolano se negó y el caso acabó en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que revocó una sentencia anterior del juzgado contencioso-administrativo y declaró válida la exención solicitada. Fue entonces cuando el juzgado de Ferrol pidió al TJUE que se pronunciase.
En la sentencia, el tribunal europeo sostiene que la exención cumple todos los requisitos para ser considerada una ayuda pública ilegal: podría "conferir" una ventaja económica a Navantia sobre la competencia, al aligerar las cargas a las que tiene que hacer frente y podría considerarse una "intervención" del Estado mediante fondos públicos, al ser la administración central quien solicitó, conjuntamente con el astillero, una exención que supondría un revés para el presupuesto del ayuntamiento de Ferrol.
El Tribunal de Luxemburgo remarca que el capital de Navantia es 100% titularidad estatal y que en la parcela cedida por la administración central, la empresa naval "produce bienes y presta servicios que pueden ser objeto de intercambios comerciales en mercados abiertos a la competencia". Sin embargo, la justicia europea deja en manos del juzgado número 1 de Ferrol la última palabra sobre el caso.
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