El FMI pide restar poder en las quitas de deuda a los ‘fondos buitre’

Argentina vuelve a ocupar las preocupaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque esta vez es el bloqueo de los fondos buitre al acuerdo de reestructuración de deuda del país lo que ha llevado al país en una situación de impago selectivo y a la institución ubicada en Washington a reclamar dos reformas para quitar poder a los inversores que se oponen a los acuerdos de reestructuración.

Cuando un estado tiene problema para pagar su deuda y sus propios acreedores asumen que la mejor opción para ambas partes es una reestructuración de la deuda —que supone alargar el plazo de pago o renunciar a cobrar una parte, en la mayoría de casos—, existe el riesgo de que un grupo de inversores que rechaza el pacto, exija luego cobrar todo. Este bloqueo puede desanimar a los acreedores pactistas a aceptar la reestructuración, ya que temen quedar en peor situación y acabar cobrando menos que los rebeldes.

La reestructuración de deuda de Argentina se encontró con una situación así y un juez de Nueva York, Thomas Griesa, ha sentenciado que el país no puede pagar a los bonistas del acuerdo mientras no pacte a los que lo rechazan.

Para el FMI, el caso argentino ha mostrado la vulnerabilidad del sistema. Cuando un Estado llega a un acuerdo con sus acreedores sobre la necesidad de reestructurar una deuda, el marco legal puede no resultar lo suficientemente fuerte como para “evitar que los acreedores resistentes socaven el acuerdo”.

En un documento publicado este lunes, el Fondo alerta que la “debilidad” en los contratos de bonos soberanos puede llevar a suspensiones de pagos desordenadas, así que defiende reformas en dos fórmulas que aparecen algunos contrato de bonos de forma opcional y que son relativas a estos procesos, las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC) y las pari passu.

Esta última, cuyo principio es que todos los acreedores tienen derecho a ser tratados por igual, sin preferencias a la hora de cobro, es la que, a la postre, ha provocado el litigio en de Argentina. “En este caso la cláusula fue interpretada por el tribunal de Nueva York como un pago imputable a todos los acreedores”, explica Sean Hagan, del Consejo General del FMI, de modo que tanto Argentina como el Tesoro y otros actores de la cadena de pago de la deuda “estaban prevenidos de no pagar a los bonistas que sí aceptaron la reestructuración de su deuda a menos que hicieran el pago completo a los bonistas resistentes”. Esta decisión del juez puede inspirar las estrategias legales de los inversores antipacto en casos futuros.

Lo que el FMI plantea para evitar bloqueos como este es la introducción de una condición a la regla pari passu para clarificar que esta cláusula no implica el pago evaluable a todos los acreedores, sino que se refiere a una igualdad legal. “En otras palabras, solo prohibiría acciones que supongan una subordinación de legal de algunos acreedores sobre otros”, apunta Hagan. Esta modificación ya se ha introducido, por ejemplo, en los contratos de una emisión de bonos reciente en Kazajstán, por ejemplo, según cita el Fondo.

Al FMI también le preocupan las CAC. Estas se activan cuando una mayoría cualificada de acreedores está de acuerdo en, por ejemplo, aceptar una quita de deuda y entonces le minoría rebelde queda obligada, como ocurrió a finales de 2012 en Grecia, cuando los tenedores de deuda privada aceptaron una quita de la deuda. El sistema, no obstante, es limitado, ya que las votaciones de los acuerdos se hacen por cada tipo de bono, en lugar de por toda la deuda, en global, y eso permite a los que rechazan la reestructuración bloquear todo el acuerdo con la fuerza de una sola emisión. El FMI quiere ahora que los porcentajes de la votación afecten a todas las emisiones en conjunto.

Estos dos grandes cambios pueden ponerse en marcha a partir de ahora, pero toda la deuda vida ya comprada no cuenta con ellos y el problema, por tanto, sigue latente. El Fondo admite que ha sondeado al mercado no ha hallado un gran interés por modificar los contratos ya existentes con estas recomendaciones mediante un canje de bonos, pero, tal y como explica Hagan, esto puede cambiar “si el litigio argentina empieza a tener un impacto mayor”.