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Argentina aprueba una ley que refuerza el control del Estado en el mercado

El kirchnerismo considera que la norma combate la concentración económica, pero la oposición advierte de que debilitará la inversión

En medio de la crisis de deuda desatada en julio en Argentina, y ante previsibles tensiones en la tasa de cambio y la inflación, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció entonces tres proyectos de leyes que, según ella, buscan reforzar los derechos del consumidor, uno de los cuales eleva los controles del Estado en los mercados. Esta última es la iniciativa que más resistencia ha despertado entre la fragmentada oposición y los grandes empresarios y consiste en la reforma de la ley de abastecimiento, por la que se amplían las facultades del Ejecutivo para fijar precios en la producción y la comercialización de bienes y para obligar al aprovisionamiento de los mercados. La norma, que la Cámara de Diputados convirtió en ley este jueves por 130 votos a favor, 105 en contra y cinco abstenciones, elimina las penas de prisión contra empresarios, que estaban contempladas hasta ahora, y multiplica por diez las sumas de las multas. Además, excluye a las pymes de estos controles. De ahí las patronales que representan a las pequeñas y medianas empresas la apoyaron.

La oposición y el llamado Grupo de los Seis, que reúne a grandes agricultores, industriales, banqueros, constructores y comerciantes, han advertido que recurrirán ante la justicia la presunta inconstitucionalidad de la nueva ley de abastecimiento. Las patronales agrarias, tanto las que representan a latifundistas como las de medianos agricultores, han advertido de que el Gobierno de la peronista Fernández planea usar la reforma para confiscar la cosecha de soja, principal exportación de Argentina, que, según las autoridades, permanece guardada en silos, sin vender, a la espera de una devaluación del peso o de la recuperación de la cotización de la oleaginosa, que se encuentra en el menor nivel de los últimos cuatro años. La falta de venta de la cosecha reduce las exportaciones del país y, por tanto, el ingreso de divisas, en un tiempo en el que su escasez despierta temores de otra depreciación de la moneda argentina, como la de enero pasado.

Pero el ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, negó este miércoles que la ley persiga una confiscación de la soja o controles de precios. “Es una locura pensar que vamos a regular los precios de los bienes de la economía o que vamos a llevarnos los granos de los silos. Esos son fantasmas”, afirmó Kicillof en Radio del Plata. En la actualidad rigen acuerdos de precios entre el Gobierno y las grandes empresas fabricantes y distribuidoras de diversos bienes de consumo masivo.

Las patronales agrarias temen que el Gobierno confisque la cosecha de soja, pero el ministro de Economía lo niega

El kirchnerismo y sus aliados consiguieron reunir 128 votos, uno menos que el numero necesario para aprobar la norma, y debieron lograr la adhesión de dos diputados opositores, uno sindicalista y otra exintegrante de lo que fue en la crisis de 2001 el movimiento de piqueteros (parados que cortaban carreteras para protestar). El Gobierno de Fernández envió al Congreso un documento en el que defendía la necesidad de mayores controles, según publicó el periódico Página/12.

En ese texto se recuerda que en Argentina hay una sola fabricante de planchas de acero, una de polietileno (la norteamericana Dow Chemical), una de plástico para botellas, una de aluminio, cuatro empresas controlan la producción de cemento (entre ellas, la española Molins, la suiza Holcim y la brasileña Camargo Corrêa), la mexicana Bimbo domina el 80% del mercado de pan de molde, dos compañías tienen el 82% del de leche; dos, el 60% del de galletas (la estadounidense Mondeléz y una sociedad de la que participa la francesa Danone); cuatro, el de azúcar; dos, el de refrescos (las norteamericanas Coca-Cola y Pepsi), cuatro, el 83% de los productos de limpieza (entre ellas, la angloholandesa Unilever y las estadounidenses Procter & Gamble y Johnson & Son) y tres, el de cervezas (la belgabrasileña AB Inbev, la chilena CCU y la británica SABMiller). La revista Crisis titula la portada de su último número “La patria es del otro” y plantea una “radiografía del poder económico durante el kirchnerismo” y advierte de que “halcones, palomas y buitres integran la cúpula empresaria que se reparte el país”.

"Esta ley es irrazonable y contraproducente para el objetivo que persigue el Gobierno, pues ahuyentará la inversión”, opinó el diputado y empresario industrial José Ignacio de Mendiguren, del Frente Renovador, que postula al también legislador peronista opositor Sergio Massa como presidente argentino para las elecciones de 2015. "Esta ley somete a toda la actividad económica a la sanción y apriete arbitrario y discrecional de los funcionarios", opinó el diputado Federico Sturzenegger, del conservador Partido Propuesta Republicana (PRO), candidato a alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri. Sturzenegger fue sobreseído este año en un juicio en el que se investigan presuntos delitos en el llamado megacanje de deuda de 2001, cuando él era secretario de Política Económica y el radical (centrista) Fernando de la Rúa (1999-2001) era presidente de Argentina.

Martín Lousteau, uno de los diputados del Frente Amplio Unen, que postula a candidatos que abarcan desde la centro-izquierda hasta la centro-derecha, opinó que no hacía falta votar la reforma de la ley de abastecimiento porque ya el Ejecutivo contaba con las normas para combatir la concentración económica. En Argentina, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia solo ha aplicado una vez, en 2005, multas elevadas por prácticas oligopólicas, en aquel caso contra las cementeras. Pero la jefa del grupo de diputados kirchneristas, Juliana Di Tullio, atacó a los opositores por ponerse del “lado de los poderosos”. Más consenso logró otro proyecto que crea tribunales específicos para el derecho del consumidor, que contó con 202 votos a favor y 36 en contra.