Los mercados abren el grifo a las comunidades

Cinco autonomías y varios Ayuntamientos cancelan créditos del plan de pago a proveedores al lograr mejor financiación

Cristóbal Montor, ministro de Hacienda, rodeado de sus colaboradores en el último CPFF
Cristóbal Montor, ministro de Hacienda, rodeado de sus colaboradores en el último CPFFálvaro garcia

Los mercados financieros han vuelto a abrir las puertas a las comunidades autónomas después del cerrojazo de 2011 cuando la desconfianza por la crisis de la deuda pública dejó sin crédito a numerosas Administraciones Públicas españolas. Las últimas vueltas de tuerca del Banco Central Europeo (BCE) —ha bajado los tipos de interés desde mayo que estaban en el 0,50% al 0,05% de este jueves— para aflojar la presión sobre los mercados está permitiendo a las comunidades financiarse a costes más baratos de lo que venían haciéndolo hasta ahora.

Esta situación ha permitido a varias autonomías —Madrid, Castilla y León, Aragón, Extremadura y La Rioja— y un buen número de Ayuntamientos —Madrid entre ellos— realizar cancelaciones anticipadas del primer plan de pago a proveedores al encontrar mejores condiciones financieras que las que ofrecía este mecanismo de liquidez que el Gobierno puso en marcha en el primer semestre de 2012 para aliviar a las comunidades que no podían pagar las facturas a sus proveedores. Entonces los Ejecutivos regionales pidieron prestado 17.704 millones de euros al Estado para liquidar su deuda comercial pendiente.

Ahora la Comunidad de Madrid ha cancelado los 1.179 millones de euros pendientes de pago al Ministerio de Hacienda correspondientes a la primera fase del plan de proveedores. Castilla y León amortiza 663 millones, la mayor parte de lo que debía por ese programa de liquidez. Aragón cancelará 425 millones; Extremadura, 228 millones y La Rioja, 71 millones. Estas comunidades conseguirán ahorrar unos 345 millones de euros por estas cancelaciones anticipadas.

Fuentes: Ministerio de Hacienda y elaboración propia.
Fuentes: Ministerio de Hacienda y elaboración propia.

Los mercados financieros han soltado las cadenas que atenazaban a las administraciones públicas españolas. El bono español a 10 años, índice de referencia, cotizó ayer al 2%, el mínimo histórico. Esta situación permitió que el Ministerio de Hacienda flexibilizara las condiciones financieras del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), el fondo de rescate estatal para las autonomías en apuros que ha tenido ediciones en 2012, 2013 y 2014.

El último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) —el órgano de interlocución entre Hacienda y las comunidades para asuntos económicos— aprobó rebajar hasta el 1% el tipo de interés de todas las versiones del FLA para el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2014 y el 31 de diciembre de 2015. A partir de esa fecha volverá a negociarse en función de la situación de los mercados. La rebaja de tipos supone un ahorro de 2.047 millones para las comunidades. Pero además, a menos de un año para las elecciones, Hacienda abrió la mano e inyectó más liquidez a las autonomías. Amplió en un año el plazo de carencia para el FLA de 2012 para que las autonomías no empiecen a cancelar el principal hasta 2016, después de las elecciones.

Además, para el FLA de esta edición se amplió un año el plazo de amortización hasta el año 2023. El ahorro esperado en intereses generados por estas medidas ascenderá a 5.570 millones.

Por otra parte, el Tesoro Público prevé reducir el margen máximo de intereses al que las comunidades acogidas al FLA puedan firmar las nuevas operaciones de endeudamiento, según el Principio de Prudencia Financiera —el tope máximo de intereses que el Tesoro establece para que las autonomías no acepten operaciones fuera de mercado—.

El Tesoro lo bajará de 150 puntos básicos a 75 puntos. Este permitirá ahorros adicionales de 17 millones este año y otros 50 en 2015. Sumando todas las medidas las comunidades dispondrán de 5.638,7 millones adicionales entre 2014 y 2015.

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Sobre la firma

J. S. GONZÁLEZ

Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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