Bancos de Argentina avalan al Gobierno de Fernández frente a los ‘fondos buitre’

El capital privado de la banca argentina se interpuso este miércoles entre el Gobierno de Cristina Fernández y los fondos de inversión litigantes para evitar la suspensión de pagos. Las 27 entidades financieras que integran la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (Adeba) ofrecieron a los llamados “fondos buitre” una garantía de, aproximadamente, 250 millones de dólares para que estos acreedores soliciten al juez una prórroga en la sentencia que obliga al Gobierno argentino a pagarles 1.500 millones de dólares (1.121 millones de euros).

La mano tendida de los banqueros argentinos parece muy útil para el juez, para los 'buitres' y para Cristina Fernández

Se da la paradoja de que el padre de la idea, el hombre que se ofreció como salvador de la suspensión de pagos y arrastró a los otros banqueros a contribuir en el fondo de garantía, es el antiguo kirchnerista Jorge Brito, presidente del Banco Macro, a quien el ministro de Economía, Axel Kicillof, acusó hace solo dos meses de querer provocar “una enorme devaluación en el país”. Las mofas en las redes sociales no se hicieron esperar. Hubo quien parodió la canción del Mundial —Brasil, decime qué se siente, tener en casa a tu papá— y cambió la letra por: “Cristi, decime qué se siente... que Brito te salve del default [impago]”.

El ministro de Economía, Axel Kicillof, había viajado el martes de forma sorpresiva a Nueva York, para encabezar la delegación de tres miembros de su equipo que ya se habían reunido por la mañana con Daniel Pollack, el abogado asignado por el juez Thomas Griesa para mediar entre el Gobierno y los fondos buitre. Kicillof debatió por primera vez cara a cara frente a los representantes de los fondos y salió a medianoche, tras una reunión de cuatro horas y media, con las manos vacías. “Seguimos trabajando. Con toda la seriedad que tiene la cuestión. Como ustedes entenderán no puedo dar informaciones”, señaló. Quedaban solo 24 horas para que se cumpliera el periodo de gracia dispuesto por Griesa para alcanzar un acuerdo.

Nadie deseaba la suspensión de pagos. No la quería el juez —que ya advirtió a los abogados del Gobierno argentino que los principales perjudicados serían la gente real y no los buitres—. No le beneficiaba tampoco a los buitres, porque podrían ver cómo se postergaba sine díe su objetivo de cobrar los 1.500 millones de dólares que la Justicia había aprobado. Y no la deseaba tampoco el Gobierno argentino. Porque por más que esta suspensión de pagos no fuese tan traumática como la que sobrevino tras la crisis de 2001, planeaba el dicho de que uno siempre sabe cómo entra en una suspensión, pero nunca cómo se sale. En el mejor de los casos, se agravarían los problemas de una economía que ya se encuentra en recesión y con serias dificultades para conseguir inversión extranjera.

Así que la mano tendida de los banqueros argentinos parecía muy útil para el juez, para los buitres y para Cristina Fernández. El juez se quitaría de encima una presión internacional como pocas veces habrá soportado un magistrado. Los buitres conseguirían de inmediato parte de los 1.500 millones de dólares que reclaman. Y el Gobierno ganaría tiempo para esquivar las cláusulas contraídas con otros acreedores que podrían exigir las mismas condiciones de pago que los “buitres”, es decir, el cobro en su totalidad de la deuda contraída.

¿Qué ganan los bancos con su ayuda?

¿Y qué ganarían los bancos privados? ¿Qué interés tendría Jorge Brito y el resto de banqueros en aportar su capital como garantía? Una razón posible es que salvando al país del impago salvan también sus propios intereses, ya que ellos poseen bonos de la deuda soberana cuyo valor podría desplomarse ante una posible declaración de impago. Para otros analistas la cuestión es mucho más simple… O más compleja: el nombre de Jorge Brito aparece en el sumario de corrupción por el que se encuentra procesado el vicepresidente de Argentina, Amado Boudou. Mediante esta ayuda económica, Brito se garantizaría la colaboración del Gobierno ante posibles investigaciones del juez que investiga a Boudou. O sea, el banquero Brito estaría comprando impunidad. También hay quienes opinan que el Gobierno presionó a los banqueros argentinos.

En cualquier caso, todas esas tesis no eran más que especulaciones alrededor de una negociación que se extendió durante el mes de gracia concedido por el juez hasta bien avanzado el miércoles, último día para evitar la suspensión. En las oficinas de Manhattan del mediador Daniel Pollack todo era sigilo y discreción.

Desde Buenos Aires, Francisco Ribeiro Mendonça, uno de los miembros de la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino, arrojaba algo de luz sobre el posible acuerdo: “Se está trabajando en la línea de aporte de los bancos, para conformar un fondo que de alguna manera ayude a la reinstalación del stay (postergación de la sentencia)”. Ribeiro aclaró que se estaba negociando si la moratoria podría extenderse hasta septiembre o hasta enero. “El Gobierno argentino pretenderá que llegue hasta enero, para despejar los próximos cinco meses; la contraparte querrá que sea hasta septiembre o maximizar las garantías, son detalles en discusión”, señaló el banquero.

Ribeiro Mendonça no escondía su optimismo: “Ninguna conversación se frustra en el último segundo. Estoy seguro que hoy se llega a un entendimiento, porque [de lo contrario] no hay ganadores. Entiendo que las partes están tirando de la cuerda para maximizar sus posiciones".