Argentina solo cuenta con el día de hoy para evitar la suspensión de pagos

Nadie desea la suspensión de pagos. No la quiere el juez -que ya advirtió a los abogados del Gobierno argentino que los principales perjudicados sería la gente real y no los buitres-. No le beneficia tampoco a los “fondos buitre”, porque podrían ver cómo se postergaba sine die su objetivo de cobrar 1.500 millones de dólares en litigio. Y no la quiere el Gobierno argentino. Porque por más que esta suspensión de pagos no fuese tan traumática como la que sobrevino tras la crisis de 2001, siempre sobrevuela la amenaza de que se sabe cómo se entra en una suspensión pero nunca cómo se sale. Y en el mejor de los caso, agravaría los problemas de una economía que ya se encuentra en recesión y con serias dificultades para conseguir inversión extranjera. Nadie la quiere, pero tal vez nadie quiera esforzarse demasiado en evitarla.

Conforme avanzaba la reunión de Kicillof con el mediador, la mayoría de los medios argentinos informaba de que el ministro de Economía viajó a Nueva York con una propuesta bajo el brazo: la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (Adeba) ofrecía a los fondos litigantes 250 millones de dólares en garantía. Así, los “fondos buitre” podrían pedir una moratoria al juez para que postergue su sentencia hasta enero de 2015. Bajo esa tesis, todo el mundo saldría ganando: los fondos buitres ganarían dinero -250 millones de los 1.500 que reclaman- y el Gobierno ganaría tiempo. Tiempo hasta enero de 2015, cuando expira la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers), firmada por los acreedores que aceptaron reducciones en el cobro de sus deudas durante las reestructuraciones de 2005 y 2010. Esta cláusula permitiría a esos inversores exigir las mismas condiciones de cobro que los buitres -es decir, el pago íntegro de las deudas que contrajo el Gobierno con ellos- si el Gobierno les pagase antes de enero de 2015, que es cuando expira esa cláusula. Pero Kicillof no desmintió ni confirmó nada.

El Gobierno ha apurado hasta el límite los 30 días de periodo de gracia para lograr un acuerdo. Los líderes de la oposición no se mostraron especialmente disconformes con la estrategia del Gobierno. Sin embargo, algunos analistas expresaron su asombro ante la naturalidad con la que el país afrontaba una situación tan delicada. Ese fue el caso de Jorge Fontevecchia, el director del bisemanario Perfil, quien en su edición del sábado 26 de julio escribió: “Quizás el jueves 31 todo se arregle y la inflexibilidad de Griesa, el Gobierno y los holdouts “[fondos buitre] o de alguno de ellos, haya sido solo una forma de negociar. En cualquiera de esos casos, quien más tenía para perder es la Argentina, lo que demuestra un carácter nacional temerario del que en alguna medida todos somos parte. No debe ser casual que el país que enfrentó dos hiperinflaciones pueda ser el mismo que corra el riesgo de enfrentar dos defaults [suspensión de pagos]”. Fontevecchia aludió al “alto umbral de tolerancia a la angustia forjado a lo largo de muchas crisis terminales” padecidas por Argentina. “En el fondo es nuestro estado más normal y en el que hemos sobrevivido durante décadas”, señaló.

Cristina Fernández aumentó su imagen positiva en el país a medida que fue tensando la cuerda de sus declaraciones contra "los buitres". La mayor parte del país se puso de su lado. Sin embargo, algunos consultores económicos, como Dante Sica, se mostraron partidarios de cumplir con los compromisos contraídos: “Si aceptaste la regla y el árbitro, ahora tienes que acatar la decisión del juez”, afirmó Sica en varias ocasiones. Y en ese sentido se pronunció también esta semana el director del diario económico El Cronista, Fernando González: “Si la opción es el default (clásico, táctico o como quieran bautizarlo), las consecuencias se irán aún peores porque volverán a ubicar a la Argentina en un club que nos llevó a triplicar los niveles de pobreza: el club de los países que no respetan sus compromisos”.