Argentina se queda a una semana del impago
El juez estadounidense que lleva el caso de los ‘fondos buitre’ deniega el Gobierno de Fernández la postergación del pago
El Gobierno de Argentina pidió tiempo para pagar a los llamados fondos “holdouts” o “buitre”. Y el juez estadounidense Thomas Griesa, que lleva el caso de los fondos desde hace varios lustros, denegó este martes conceder una moratoria o suspensión de su sentencia. Argentina debería haber pagado el 30 de junio 539 millones de dólares a varios acreedores de los que aceptaron una quita en la deuda que había quedado impagada tras la crisis de 2001. Esos 539 millones fueron enviados por el Gobierno argentino al Bank of New York Mellon (BoNY) el mes pasado. Pero el juez Griesa ordenó que no se hagan efectivos hasta que no se les pague 1.330 millones de dólares más intereses a tres fondos holdouts. Venció el plazo el 30 de junio, pero la ley contempla un periodo de gracia de un mes, hasta el 30 de julio, para pagar los 539 millones y arreglar antes la situación con los “buitres”.
La cuenta atrás empezó a correr, el Gobierno pidió una moratoria a Griesa y Griesa la ha denegado. Desde este miércoles, queda una semana para evitar lo peor. Si no salda su deuda con los buitres tampoco podrá pagar a los otros acreedores a los que sí quiere abonar esos 539 millones. Y si no paga los 539 millones, Argentina podría incurrir en una cesación de pagos de consecuencias traumática para la economía de un país. Y más aún, para un país en recesión y necesitado de inversión extranjera.
El Gobierno argentino lleva una década negándose a pagar a los “buitres”. El juez falló en febrero de 2012 a favor de ellos. Desde entonces, el Gobierno recurrió, sin éxito, a instancias superiores en Estados Unidos para evitar el pago. Y quedó por fin solo ante Griesa y los tres fondos litigantes. El Gobierno de Fernández accedió a negociar con los “buitres”, pero pidió tiempo. Tiempo para pagar antes los 539 millones de dólares que se encuentran en Nueva York. Y tiempo para que no se dispare la cláusula RUFO (Right Upon Future Offers), por la que el 92,4% de los acreedores de la deuda impagada en la crisis de 2001 tendrían derecho a exigir las mismas condiciones de pago que se le otorgue a otros acreedores. Es decir: si ellos -el 92,4%-aceptaron una reducción en sus cobros en torno al 60% y los “buitres” cobran ahora el 100% de sus deudas, ese 92,4% podría reclamar también cobrar el total. La cláusula RUFO expira en diciembre. Y el Gobierno pidió tiempo para evitarla.
Griesa se reunió ayer con los abogados del Gobierno argentino, de los fondos y de los bancos que intervienen en la operación de pago. Apeló a la sensatez, criticó la “retórica incendiaria” del Gobierno argentino, animó a las partes a seguir negociando a través del mediador que él designó, el abogado estadounidense Daniel Pollack y les convocó a otra reunión con Pollack para este miércoles. Finalmente, la reunión fue postergada para el jueves.
El juez conminó al acuerdo con estas palabras que recogió la agencia Reuters: “Desde mi punto de vista, cada problema que ustedes han descrito es susceptible de ser negociado. Si no se resuelve, entonces habrá un impago y eso es lo peor que podría ocurrir. Esa es la peor situación que yo vislumbro. No quiero que ocurra. La gente sufrirá a causa de eso, la gente de carne y hueso. No los buitres, sino la gente real”. Griesa animó a las partes que sigan reuniéndose constantemente hasta alcanzar un acuerdo.
El Gobierno de Fernández ha sostenido en diversas ocasiones que si le pagase los 1.330 millones más intereses que exigen los tres fondos litigantes debería prepararse para pagar hasta 15.000 millones de dólares a otros “buitres” que exigirían el mismo trato. Y después, según Cristina Fernández, podrían sobrevenir reclamos por parte de los acreedores que aceptaron la quita de la deuda, quienes esgrimiendo la cláusula RUFO podrían reclamar cifras superiores a los 100.000 millones de dólares, algo inasumible para un país cuyas reservas de divisas del Banco Central solo llegan en la actualidad a los 29.600 millones de dólares.
Las metáforas que utilizan estos días muchos economistas para describir el panorama tienen mucho que ver con catástrofes evitables: choque de trenes, carrera hacia el precipicio, pulso en el alambre… Durante lo que llevamos consumido del periodo de gracia, tanto el Gobierno como los fondos litigantes han intercambiado descalificaciones y acusaciones en la prensa que no alientan un clima de esperanza. El último de los comunicados lo publicó el fondo el Aurelius Capital Management el mismo martes antes de la audiencia de Griesa. Y decía: “Los simples hechos demuestran que los gobernantes de Argentina no tienen interés en negociar: no lo tienen ahora y no lo tuvieron durante los dos años y medio en los que sí hubo una moratoria. (…) El Gobierno prefiere arriesgar el sustento de los argentinos antes que sentarse y alcanzar un acuerdo”.
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