Canarias y Castilla-La Mancha, las regiones con más ejecuciones hipotecarias

El INE ha publicado este lunes por primera vez su estadística sobre ejecuciones hipotecarias. Según estos nuevos datos, los procesos iniciados sobre vivienda habitual caen un 4,2% en el primer trimestre de 2014 con respecto al mismo periodo de 2013 tras el fuerte repunte observado en los dos últimos años. Junto al balance general, la oficina de estadística también aporta datos por comunidades, detalle que no aparece en los registros del Banco de España, y que revela que Canarias y Castilla-La Mancha son las autonomías con más ejecuciones sobre el total de hipotecas.

Los datos del INE indican que, en el conjunto de España, la banca ha ejecutado el 0,21% de las hipotecas sobre vivienda durante el primer trimestre. Este porcentaje, que utiliza como referencia el número total de créditos para comprar vivienda firmados entre 2003 y 2013 aumenta hasta el 0,35% en el caso de Canarias y al 0,31% para Castilla–La Mancha. A continuación se sitúan Murcia y Baleares, ambos con un porcentaje del 0,27%. Por el contrario, donde menos hipotecas se ejecutan es en País Vasco (0,04%), La Rioja (0,05%) y Asturias (0,09%).

En términos absolutos, las comunidades con mayor número de ejecuciones hipotecarias sobre vivienda son Andalucía (4.373), Cataluña (3.993) y Valencia (2.726).

Hay que recordar que, tal y como indica el INE, "la ejecución hipotecaria es un procedimiento a través del cual se ordena la venta de un bien inmueble, que estaba gravado con una hipoteca, por incumplimiento del deudor de las obligaciones garantizadas con la hipoteca". Por tanto, no tienen porque acabar en desahucio.

A este respecto, la estadística del Banco de España, que en lugar de coger los datos de los registradores como hace el INE recopila los de las propias entidades, sí hacen balance tanto de los desahucios como de los desalojos. Además del INE, que ha puesto en marcha la iniciativa a instancias del Ministerio de Economía, y la institución dirigida por Luis Linde, que ofrece datos más detallados con el número de desahucios, el poder judicial también ofrece su propia estadística sobre ejecuciones. Las bases de los tribunales también muestran un aumento de todos los procesos y coinciden, asimismo, en el retroceso de los alzamientos, que es el término con el que judicialmente se califica a los desahucios.

Así, el INE afirma que el total de ejecuciones en España sobre todo tipo de inmuebles aumenta un 19,5%, hasta los 32.565 procesos. De esta cifra, solo el 58% de las hipotecas (19.971 inmuebles) tenían en garantía una vivienda. A partir de ahí y discriminando por vivienda habitual, una de cada tres ejecuciones afectó a la residencia del hipotecado (9.464 casas), lo que sin embargo supone un descenso del 4,2%. Si se tienen en cuenta también las segundas residencias, la cifra asciende a 12.120. El resto o eran viviendas de personas jurídicas, fincas rústicas o, en su mayor parte con 10.600 ejecuciones, locales como garajes, oficinas, trasteros y similares.

Cambio de la ley

La evolución de los desahucios, que en su mayoría corresponden a créditos firmados en 2007, justo antes del estallido de la burbuja, ha seguido la evolución de la actividad económica. Así, tras tocar máximos en lo peor de la crisis, lo que tuvo lugar entre finales de 2012 y principios de 2013, los embargos han moderado su escalada en los últimos meses. Para tratar de atajar la alarma social provocada por los desahucios —incluidos algunos suicidios—, que han dejado en la calle a familias en muchos casos sin ingresos mientras el Estado ha rescatado a los bancos con decenas de miles de millones, el Gobierno ha aprobado dos iniciativas principales.

En un primer momento puso en marcha el código de buenas prácticas para la banca, medida que tuvo una incidencia limitada, y luego reformó la ley. En este segundo caso, El Ejecutivo actuó condicionado por la iniciativa popular legislativa que llegó al Congreso respaldada por 1,4 millones de firmas. Sus promotores, no obstante, denunciaron que el proyecto legislativo aprobado finalmente tenía poca relación con sus propuestas, que pasaban por facilitar la dación en pago retroactivamente y dar más protección a los desfavorecidos.

Coincidiendo con la tramitación de la nueva ley, la justicia europea dictó una sentencia ejemplar contra la normativa española. Luxemburgo consideró que la norma protegía excesivamente a las entidades y dejaba indefenso al hipotecado, por lo que aumentó los poderes de los jueces en caso de cláusulas abusivas. Precisamente, hace pocos días se conocía la primera sentencia que, con base en la resolución de Luxemburgo, ordenaba al banco devolver la vivienda al desahuciado.