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Las agencias de colocación arrancan

Tras cuatro años de espera, estas entidades inician su andadura con un presupuesto de 30 millones, con el que se prevé que inserten en el mercado a menos de 25.000 parados

Algunos jóvenes esperan su turno en los servicios de empleo de la Comunidad Valenciana.
Algunos jóvenes esperan su turno en los servicios de empleo de la Comunidad Valenciana.

¿Se acuerdan de las agencias privadas de colocación? Las entidades aprobadas por el antiguo Gobierno del PSOE en 2010 e impulsadas por la reforma laboral del PP en 2012 vuelven a escena. Creadas entonces con el objetivo de colaborar con los servicios públicos de empleo para insertar a los parados en el mercado de trabajo, no habían empezado a funcionar. A finales de 2010 había 4,6 millones de parados; cifra que en 2012 se colocó en 5,9 millones, según la encuesta de población activa (EPA), que en su último registro del primer trimestre de este año mantiene el desempleo en esos mismos niveles, después de superar los seis millones el pasado ejercicio.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha designado a las 80 agencias privadas de colocación que podrán acceder de ahora en adelante a los convenios (abiertos o por invitación) que pongan en marcha las comunidades autónomas, las competentes en las políticas activas de empleo, o el propio SEPE, para empezar a trabajar en la colocación de desempleados de acuerdo con el convenio marco liderado por Empleo y al que se han adscrito 14 Gobiernos regionales (excepto Cataluña, Andalucía y el País Vasco). Han sido necesarios cuatro años para que la colaboración público-privada se hiciese realidad.

“Estábamos pendientes de que se publicase la anhelada relación de empresas sujetas al acuerdo marco para empezar a colaborar con ellas”, indica Luis García del Valle, director general de Formación y Empleo del Gobierno de La Rioja, que esperará a después del verano para sacar sus primeros contratos.

El Gobierno designa a 80 firmas para colaborar con los servicios de empleo

Otras regiones actuarán más rápido, explica Andreu Cruañas, presidente de Asempleo, la asociación que agrupa a las mayores empresas de trabajo temporal y a 11 de las agencias de colocación elegidas, porque tienen sus convenios más adelantados. Es el caso de Cataluña, Madrid o Castilla y León. Podrían tenerlos en julio. Estas tres regiones, además, sumarán recursos propios a los destinados por el Ministerio de Empleo para que las agencias empiecen a funcionar. Algo que probablemente también ocurrirá en Aragón, Asturias, La Rioja, Cantabria y Baleares. Y que parece que no van a poder llevar a cabo regiones como Andalucía, Valencia, Galicia y Castilla-La Mancha por falta de recursos.

El Departamento de Empleo tiene desde el año pasado habilitado un presupuesto de 200 millones de euros para estas agencias. Se trata de una partida que no se ha utilizado y cuyo horizonte temporal es de cuatro años. Durante el presente se gastarán 30 millones (si por primera vez se cumplen las previsiones de Fátima Báñez respecto a estas entidades) y en los tres siguientes serán cerca de 60 millones de euros anuales los destinados a hacer realidad la colaboración público-privada en la inserción laboral de los desempleados. “Una cifra que sólo representa el 0,73% del presupuesto total dedicado a políticas activas de empleo, lo que refleja el calado de la apuesta del Gobierno por esta colaboración”, advierte el presidente de Asempleo. Aunque Engracia Hidalgo, secretaria de Estado de Empleo, se muestra confiada en su eficacia.

Un cúmulo de despropósitos

El impulso que el PSOE decidió para las agencias de colocación y que el PP abrió a las empresas de trabajo temporal (ETT) llevó a autorizar un total de 1.075 entidades con y sin ánimo de lucro. Demasiadas, según el Ministerio de Empleo, que optó por realizar una criba. Para colaborar con los servicios públicos de empleo se presentaron 200, las que podrían atender las condiciones del acuerdo marco que tardó en conseguirse, lo mismo que el reglamento de actuación de estas entidades. Pero sólo han sido seleccionadas 80, las que esta semana han aparecido en el BOE, una vez resueltas las impugnaciones que presentaron algunas de las firmas descartadas por el SEPE. Y cuatro años después del inicio de la acción.

“Los retrasos sufridos se deben a pura incompetencia de la Administración, a cuyo ritmo extremadamente lento ha añadido una complejidad innecesaria”, sentencia una fuente que pide anonimato. Y que añade que comunidades como Madrid o Valencia están disgustadas porque el acuerdo marco ha retrasado mucho sus actuaciones. Según la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, es un “proyecto al que hemos dedicado muchas, muchas horas. Un trabajo arduo que ha merecido la pena porque hemos ahormado un marco único de actuación para poder casar oferta y demanda de empleo”. Para lo cual Empleo piensa lanzar también en breve un portal único con sus ofertas de trabajo y las de las ETT.

El SEPE se ha reservado cinco millones de euros para actuar por iniciativa propia del montante global de este año, que será repartido entre las comunidades autónomas adheridas al acuerdo marco del Gobierno. Los responsables de las agencias de colocación piensan que probablemente sean los servicios de empleo estatales los que arranquen con los acuerdos para animar a las comunidades autónomas que se muestran más reacias.

“Los primeros resultados tardarán en llegar. No sólo por la tramitación necesaria para sellar los convenios, sino por la evaluación del colectivo sobre el que actuaremos y el diseño y puesta en marcha de los planes personalizados de inserción. Además, hay que contar con que la colocación se conseguirá con un contrato de al menos seis meses”, prevé Lorenzo Rivarés, director general de Flexiplan (Grupo Eulen). Y serán limitados, pese a que algunos crean que el impulso definitivo a las agencias privadas de colocación se ha dado con tintes electoralistas. Los resultados no se verán tan rápido.

Será difícil que más de 25.000 personas se incorporen a los procesos de colocación liderados por estas entidades que tienen un índice de contratación de entre el 14% y el 15%, frente al 2%-4% del SEPE, recuerda Santiago Soler, secretario general de Adecco. Se trata de un cálculo realizado por los especialistas consultados, teniendo en cuenta que las tarifas que fija el acuerdo marco oscilan entre 300 y 3.000 euros por persona. Consideran razonable establecer el precio medio en 1.000 euros por parado, al que hay que sumar el IVA. “Es una acción muy pequeñita, más aún teniendo en cuenta el escenario actual, donde se superan los cinco millones de parados”, señala Francisco Rueda, director de empleo de Élogos, firma de formación autorizada como agencia de colocación.

“Todavía desconocemos los colectivos a los que tenemos que atender, lo que dificulta los cálculos. Lógicamente, no es lo mismo colocar a un parado que lleve más de dos años en desempleo que a un joven universitario. Y nos van a compensar dependiendo del éxito del proceso”, explica Rivarés.

La Rioja tiene claro que va a concentrarse en dos colectivos: los jóvenes menores de 25 años y los mayores de 45, indica García del Villar, que va a invitar a la decena de agencias de colocación presentes en su comunidad a que presenten sus propuestas. El presupuesto que recibe de Empleo este año es de 148.000 euros, que el Gobierno riojano elevará hasta 750.000 euros con la intención de intentar insertar en el mercado laboral a un millar de personas.

Galicia pretende enfocarse en el colectivo de parados de larga duración mayores de 45 años; Cataluña quiere prestar especial atención a las personas de difícil colocación, como las discapacitadas; Castilla y León se centrará en los jóvenes.

Además de los distintos perfiles, hay que tener en cuenta que las empresas especializadas en recolocar tienen un porcentaje de éxito que se acerca al 70% de los parados inscritos en sus programas. Lo que quiere decir que esos 25.000 parados no llegarán a ser 25.000 colocados en un puesto de trabajo.